Durante la sesión de presentación del tercer informe sobre Venezuela de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que expuso la complicidad de altos funcionarios en la violación de derechos humanos, CIVICUS y Espacio Público recordaron que a la fecha no existen avances frente a dichos delitos y exhortaron a renovar el mandato de la Misión.
La coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público, Marysabel Rodríguez, reiteró en el diálogo interactivo del Consejo de Derechos Humanos, realizado este 26 de septiembre, que “la obtención de justicia real depende de la vigencia de los mecanismos complementarios” y que el registro que hace la Misión “permite establecer responsabilidades individuales” en la presunta comisión de violaciones y crímenes de lesa humanidad.
“Como señalan los informes de la Misión, la capacidad del sistema de justicia para proteger a las personas y prevenir crímenes de Estado es débil. A la fecha no existen avances sustanciales frente a las graves violaciones y delitos, ni cesaron las prácticas restrictivas que suman víctimas, con especial impacto en sectores vulnerables”, dijo Rodríguez.
Marysabel Rodríguez recordó que el informe que presentó la Misión expone nuevamente la “participación activa de los diferentes eslabones de la cadena de mando en la orden y ejecución de torturas y malos tratos”, con políticos de oposición, periodistas, personas manifestantes y defensoras de derechos humanos como las principales víctimas.
En nombre de CIVICUS y Espacio Público, Rodríguez exhortó al Consejo de DD. HH. de la ONU a renovar el mandato tanto de la Misión de Determinación de Hechos como de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) para “seguir la documentación de la situación en curso y construir caminos de justicia efectiva para las personas y familias vulneradas”.
El informe de la Misión recibió el respaldo de, al menos, 17 delegaciones luego de su presentación ante el Consejo: Unión Europea, Canadá, Liechtenstein, Ecuador, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Uruguay, Nueva Zelanda, Portugal, Suecia y Paraguay.1
Los países también abogaron por la renovación del mandato de la Misión para profundizar y determinar más hallazgos en la política violatoria de DD. HH. que ejecuta el Estado venezolano. La decisión final de la renovación se hará la próxima semana.2
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Referencias
