Con 708 casos, el 2017 se convirtió en el periodo con mayor cantidad de arremetidas al derecho a la libertad de expresión e información registradas en los últimos 16 años. La mayoría corresponden al uso de la violencia física, la intimidación y ataques no solo hacia trabajadores de la prensa, sino también contra ciudadanos que buscaban registrar los hechos.
El recrudecimiento de la crisis política marcó un año de intensas jornadas de movilización cívica que exigieron el restablecimiento del hilo constitucional. El Gobierno utilizó la represión como respuesta, acumulando la mayor parte de las 1002 violaciones al derecho a la libre expresión, lo que en promedio se traduce en tres vulneraciones diarias en 2017. Esto representa un 173% más respecto al año anterior.
El 69% del total de las situaciones registradas en 2017 ocurrieron durante las protestas entre abril y julio, periodo durante el cual la ciudadanía también denunció el empeoramiento progresivo de las condiciones de vida a causa de los altos niveles de inflación, la escasez de alimentos y medicinas.
Se registraron 490 casos entre detenciones, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación.
54 emisoras fueron cerradas y 17 medios impresos dejaron de circular por falta de papel prensa, seis de ellos indefinidamente. Asimismo, 13 sitios web informativos fueron bloqueados, lo que impidió durante varias horas el acceso a plataformas de noticias en Internet, destacan los casos de Venezolanos por la Información (VPI) y Vivo Play, que sufrieron ataques durante la cobertura en vivo de manifestaciones opositoras.
En 2017 también se promovió la “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica” sancionada por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. El instrumento contempla hasta 20 años de prisión y cierre de medios. La vaguedad de la pretendida legislación facilita su aplicación arbitraria. En 2018 empezó a utilizarse contra manifestantes, trabajadores públicos y miembros de la Iglesia Católica.
Entre enero y abril de 2018 se registraron 86 casos que se traducen en 126 violaciones del derecho a la libertad de expresión. Al menos en ocho ocasiones se usó la “ley contra el odio” para criminalizar la denuncia de situaciones críticas. La escasez de papel prensa persiste, así como el impedimento de cobertura y las detenciones asociadas para obstaculizar la libre circulación de información.
