julio 2013

El 9 de julio de 2013 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó sentencia en la cual declaró “IMPROCEDENTE in limine litis” un recurso de nulidad interpuesto por Marcel Granier, Oswaldo Quintana y RCTV, C.A. contra el artículo 192 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Este artículo es el que faculta al Presidente de la República a ordenar a los operadores que presten servicios de televisión por suscripción, a través del canal de información a sus clientes y a las empresas de radiodifusión sonora y televisión abierta, la transmisión gratuita de mensajes o alocuciones oficiales de la Presidencia o Vicepresidencia de la República o de los Ministros.

El Colegio Nacional de Periodistas Seccional Apure – Amazonas deplora y rechaza de forma categórica la creación de un video por personas inescrupulosas y exhibido en las redes sociales en la que se expone al colega periodista apureño; Eduardo Galindo Peña como miembro de la CIA y al escarnio público de manera vil y destructiva, vinculándolo con acciones  terroristas y desestabilizadoras para perjudicar al gobierno nacional y regional. Además se señala en ese video una campaña que busca sembrar odio contra el comunicador social por sectores supuestamente del oficialismo.

El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo a favor del canal de noticias Globovisión, el cual pidió la revisión de una sentencia de la Sala Político Administrativa que se realizó en el año 2009, la cual obligaba a pagar una multa impuesta por Conatel con base en el valor de la unidad tributaria al momento de la cancelación y no al que tuviera en el tiempo en que fue impuesta la sanción.

El fallo emitido por la Sala Constitucional ordena a la Político Administrativa a que dicte una nueva decisión.  La solicitud de revisión había sido interpuesta hace tres años y ochos meses, pero la decisión fue tomada a menos de dos meses de que Globovisión cambiara de propietarios.

El lunes 08 de julio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) visitaron la emisora 107.7 FM buscando al periodista Leo León. Al no encontrarlo se dirigieron al rectorado de la Universidad de los Andes donde el periodista cubría una pauta de huelga de hambre de los estudiantes. Luego de culminar la transmisión de su programa radial, León se dirigió hasta la sede tribunal, escoltado por varios estudiantes universitarios que decidieron demostrar su apoyo y solidaridad con el profesional de la Comunicación. En el Tribunal se le informó que el procedimiento respondía al cumplimiento del Mandato de Conducción[1] ordenado por el Juez Primero de Juicio. El objeto de la medida era que compareciera personalmente para hacer nombramiento de su defensor de confianza si así lo designara. Hechos que evidencian que el juicio en contra del periodista seguirá en curso.

La orden arbitraria del Centro Nacional Autónomo de Cinematografia (CNAC) de transmitir un “cortometraje documental  con la temática de defensa y apoyo al pueblo palestino”, antes de la película Esclavo de Dios, es ilegal. Un comunicado del equipo de producción indica que la orden del CNAC fue realizada de manera telefónica al distribuidor, dos días antes del estreno en cartelera nacional.

Según el artículo 71 del reglamento de la Ley de la Cinematografía Nacional, “La programación del cortometraje estará asociada a una película escogida, de mutuo acuerdo, entre el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el productor y el exhibidor”. En este caso los realizadores de la película no fueron consultados sobre la escogencia del corto, explican que fue una “orden emitida por el CNAC al distribuidor CINES UNIDOS de manera telefónica,  con carácter obligatorio”.

Periodistas de diferentes medios de comunicación no tuvieron acceso al antejuicio de mérito al diputado de la MUD, Richard Mardo, en el Tribunal Supremo de Justicia, por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.

Los funcionarios de seguridad del TSJ negaron el acceso a los comunicadores y alegaron que por órdenes superiores no podían dejarlos entrar. De igual forma, algunos diputados opositores y dirigentes políticos, que iban a mostrar su apoyo a Mardo, no pudieron ingresar al organismo.