La alianza de ONG Monitor Legislativo, rechaza la inminente aprobación en segunda discusión de una Ley Habilitante por parte de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, por la que se otorgarían, sin justificación alguna para ello, al presidente Nicolás Maduro Moros poderes casi ilimitados para dictar normas con rango, fuerza y valor de ley en las más diversas materias sujetas a estricta reserva legal (entre otras, derechos humanos, anti-corrupción y principios del sistema económico constitucional) en claro desconocimiento del carácter representativo del Parlamento y del principio de la Separación de Poderes propio de un Estado de Derecho.
En efecto, como ya Monitor Legislativo lo indicó, esta Ley Habilitante supondría una delegación injustificada de una función propia del Parlamento al Gobierno para, supuestamente, resolver situaciones y problemas del país que más bien solo requieren el compromiso de que los Poderes Públicos, actuando con autonomía e independencia entre sí, cumplan con sus obligaciones según lo que establece la Constitución en cada caso.
Las “razones” que el Presidente de la República ha dado al país para justificar esta solicitud de poderes legislativos ilimitados al Parlamento, así como las que a su vez la mayoría oficialista ha ofrecido para acceder a esa petición (especulación, corrupción, inflación, escases, usura, etc.) no se corresponden a ninguna de las que en una sociedad democrática podrían justificar el otorgamiento de poderes legislativos incluso mucho más modestos a los que han sido solicitados, pues no existe una situación de emergencia financiera, de conmoción social, un conflicto bélico o un desastre natural.
Por eso, desde Monitor Legislativo reiteramos que apelar a la supuesta decisión de luchar contra la corrupción desde el Poder Ejecutivo (lo que implica por demás una usurpación de las funciones del Poder Ciudadano y del Poder Judicial, ya que en esa materia al Poder Ejecutivo no le corresponde sino colaborar y sujetarse al escrutinio de aquéllos) o a combatir una supuesta “guerra económica” (expresión propagandística que es contraria a la presunción de inocencia, al debido proceso y a los derechos económicos de los venezolanos) para justificar una Ley Habilitante no son más que excusas, lugares comunes, que esconden el propósito real de esta habilitación, que suspender la democracia venezolana, al eliminar la función legislativa del Poder Legislativo durante varios meses, e incrementar al mismo tiempo, en forma desproporcionada el ya casi absoluto poder y discrecionalidad del Presidente de la República como máximo órgano del Poder Ejecutivo.
Adicionalmente, en Monitor Legislativo expresamos nuestra inquietud y rechazo al modo en que la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional “logró” el número de votos necesarios para aprobar en primera discusión el proyecto de Ley Habilitante, al ser destituida una diputada electa democráticamente, sin debido proceso y sin respeto a la voluntad popular, por un procedimiento inconstitucional, avalado sin embargo por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, sólo a efectos de sustituir su voto contrario a la aprobación de la Ley Habilitante, por el voto favorable del suplente de dicha diputada, previa utilización de medios coactivos para lograr ese resultado.
Ratificamos las organizaciones firmantes que es la Asamblea Nacional y no el Presidente de la República el órgano que según la Constitución tiene la función de dictar normas con rango, fuerza y valor de ley, pues es aquélla y no el Gobierno la que tiene la representatividad democrática y la que cuenta con el procedimiento legislativo que asegura la participación de los ciudadanos en la formación de la ley.
Los diputados a la Asamblea Nacional, todos sin excepción, son quienes deben proteger esta institución, y como legítimos representantes de sus electores han de ser quienes mediante el debate creen el marco legal necesario para dar respuesta y resolver los problemas del país, y así generar las mejores condiciones para la vida de todos. Y serán los diputados que, en contra de la Constitución, aprueben esta Ley Habilitante, quienes el día de mañana deberán rendir cuentas y asumir ante el país su responsabilidad por las graves consecuencias que pueda tener el otorgamiento de estos poderes anti-democráticos.
Desde las organizaciones que integran Monitor Legislativo, a saber, Transparencia Venezuela, Un Estado de Derecho, Control Ciudadano, Espacio Público, Liderazgo y Visión, Monitoreo Ciudadano y Paz Activa, manifestamos una vez más el grave riesgo que existe de que la Ley Habilitante, de ser finalmente aprobada, sea utilizada por el Presidente de la República como un instrumento para dictar Decretos con fuerza, rango y valor de ley que consoliden mecanismos de persecución política en contra de dirigentes, partidos, organizaciones civiles, empresarios, gremios, sindicatos y, en general, contra de toda forma de protesta o disidencia, y que impongan en Venezuela un modelo económico de planificación central violatorio del sistema de economía social de mercado previsto en la única Constitución vigente, todo ello además sin ser discutido ni sometido a consultas públicas.
Por todas estas razones, apegadas a la Constitución que rige el funcionamiento del Estado en Venezuela, rechazamos en forma categórica la inminente aprobación en segunda discusión de la Ley Habilita nte solicitada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, por no existir razones verdaderas para solicitar dicha habilitación, por ser su contenido y duración radicalmente contrarios a los principios de la Democracia y del Estado de Derecho y por pretenderse lograr su aprobación mediante la violación de los derechos humanos y de la inmunidad parlamentario de diputados opuestos a la aprobación de esa Ley.
