El 31 de octubre Espacio Público participó en el 149° Período de Sesiones de la comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con intervenciones relevantes durante la audiencia de la Situación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela. Destacó el incremento de la censura en un 87%, las medidas judiciales contra los medios, la impunidad contra violaciones a la libre expresión, la escasez de papel prensa, el acceso restringido a la información pública, y la creación del Centro estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Entre los peticionarios también estuvo el Programa Venezolano de Educación-Acción en derechos Humanos (Provea), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys), representando además al Colegio Nacional de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. En representación del Estado, Luis Brito García realizó las intervenciones en respuesta a los casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública.
Al inicio Gloria Salazar, de Espacio Público, expuso que entre enero y septiembre de 2013 la situación de la libertad de expresión en Venezuela ha empeorado significativamente: los casos de violaciones a este derecho superan en un 56% a los registrados durante el mismo período de 2012. Resaltó el cierre de programas de televisión y radio “cuya característica común era la temática política o de crítica gubernamental”.
En total se registran 71 casos de censura, lo que representa un aumento de 87% en relación al mismo período 2012 y establece que “cada cuatro días hay un caso de censura en Venezuela”. Desde enero a septiembre se han silenciado programas de televisión y radio críticos al gobierno, además del bloqueo de páginas web desde Cantv y la interrupción nacional de acceso Internet del 14 de abril, día electoral. Las violaciones se extienden a caricaturistas, infociudadanos, humoristas artistas venezolanos.
Seguidamente Ligia Bolívar, del CDH-UCAB, presentó la situación del incremento de violaciones a la libertad de expresión registradas durante el período electoral, entre el 14 y el 26 de abril de 2013 “se registraron 46 casos de ataques a la libertad de expresión, negándose información electoral en al menos 32 centros de votación; hubo además cuatro periodistas detenidos, 33 agresiones físicas a reporteros”, además de bloqueos a portales web, casos de censura, robo de equipos reporteriles, “más de 100 agredidos por cuerpos de seguridad y colectivos oficialistas, así como 293 manifestantes detenidos”.
Se expuso la situación de hostigamiento judicial, las ONGs mostraron que el Estado ha aplicado medidas legales para restringir el trabajo de periodistas y medios privados independientes a través de acciones judiciales y órdenes ejecutivas. Resaltaron el caso del diario 2001, investigado por la publicación de información sobre escasez de gasolina en su portada del 10 de octubre, días después de que Maduro solicitara públicamente a la Fiscal General que evaluara medidas especiales para “castigar” a quienes hablaran del tema.
La escasez de papel prensa también fue reseñada durante la audiencia, presentada como una amenaza a la circulación de diarios de todo el país: regionalmente han cerrado al menos tres periódicos, e incluso El Nacional han tenido que eliminar un suplemento para reservar materia prima. Sin embargo, el Minci refleja como uno de sus logros en 2012 la creación de una imprenta para el Sistema Nacional de Medios Públicos, que produce “120 mil ejemplares para el diario Ciudad Caracas, y 51 mil para el Correo del Orinoco”, y la publicación de “7.752.905 ejemplares de libros, folletos y otros materiales informativos de corte “revolucionario”.
El discurso oficialista es replicado en los medios públicos pero los ciudadanos no pueden acceder a la información oficial que, por ley, es pública. Durante septiembre y octubre de 2013 se entregaron 84 peticiones de información pública a instituciones gubernamentales que incluyeron Gobernaciones, Alcaldías, Ministerios, Empresas o Instituciones Públicas y Altos Poderes Públicos. El resultado: en 97% de los casos no se obtuvo la información requerida.
Marino Alvarado, representante de Provea, explicó que a excepción de tres casos, la Memoria y Cuenta de los ministerios no está publicada en la página web de los mismos, siendo de difícil acceso para la población. Enfatizó la importancia de esta información para poder conocer la distribución del presupuesto y realización de actividades, siendo datos claves para combatir la corrupción.
Réplica del Estado
Luis Brito García intervino alegando que en “Venezuela no hay censura”, argumentando que si un Estado restringe la libertad de expresión, no permitiría que hubiese voces disidentes. Agregó que la mayoría de las críticas hechas no son ciertas y están fundamentadas en artículos de prensa de medios venezolanos que según su opinión “ningún peticionario puede alegar como prueba (…) la inmensa mayoría de esas críticas son inventadas, una que ora es fundada”. Como ejemplo, se refirió a las agresiones en la Asamblea Nacional el 30 de abril de 2013: “fue una trifulca inventada”.
Respecto a la creación del Cesppa, afirmó que no sería un mecanismo de censura, pues la información que puedan declarar como reservada tendría que ver únicamente con asuntos de interés del organismo. El decreto de creación establece en su artículo 9 que el presidente del organismo podrá “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada” en el Cesppa.
Argumentó que en el país no se restringe el acceso a la información pública, y que los medios privados fundamentan una “estrategia del terror sobre el desabastecimiento”, refiriéndose a los artículos que reflejan problemas de distribución de alimentos y otros rubros en el país “La prensa está jugando una dialéctica del pánico”, dijo el representante del Estado venezolano.
Para conocer los comentarios de los comisionados y la contrarréplica del director de Espacio Público, Carlos Correa, como representante de las ONGs venezolanas, ingrese al video de la audiencia.Â
Descargue la síntesis de la información reseñada en la audiencia aquí
Fuentes:
Audiencia: Libertad de expresión y acceso a la información en Venezuela, 31 de octubre de 2013, video en http://bit.ly/1cuIpt3
Síntesis de información presentada por los peticionarios ante los comisionados de la CIDH, en web: http://bit.ly/1aObD0X
