Noviembre: intimidación, hostigamiento y censura

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Al cierre de noviembre registramos 24 casos que dan cuenta de 40 violaciones a la libertad de expresión. En el penúltimo mes del año la intimidación, las amenazas y la censura fueron los tipos de violaciones más frecuentes.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (53%), medios de comunicación (22%) y trabajadores de la salud (8%); mientras que los principales responsables de las vulneraciones al derecho fueron los cuerpos de seguridad,  las instituciones del Estado y funcionarios.

En lo que va de año se acumulan 944 violaciones al derecho, entre las que destacan las detenciones a periodistas y ciudadanos que buscan difundir información sobre la escasez de la gasolina y las dificultades asociadas su abastecimiento.

De enero a noviembre de 2020 hemos documentamos 122 detenciones, las víctimas son en su mayoría periodistas, trabajadores de la prensa y particulares.

El recurso más usado es la intimidación

El 15 de noviembre un funcionario de la GNB y personas con uniformes de milicianos, impidieron que el reportero gráfico del portal Crónica Uno, Gleybert Asencio, tomara fotografías durante el simulacro de votaciones impulsado por el Consejo Nacional Electoral. En primer lugar lo desalojaron del sitio y una vez en la vía pública milicianos le dijeron que no estaba autorizado para hacer fotografías, posteriormente cinco personas identificadas con el gobierno lo escoltaron para que abandonara el sitio.

Foto: referencial

Un funcionario de la Sede Nacional de Medicatura y Ciencia Forense hostigó verbalmente a la periodista de Monitor de Víctimas, Lysaura Fuentes, el 9 de noviembre, cuando intentaba entrevistar al familiar de un fallecido. Fuentes iba a entrevistar a la persona que salieran de las instalaciones de la Morgue para poder conversar tranquilamente, pero un funcionario comenzó  a gritarle que no podía entrevistar a nadie allí. En la Morgue de Bello Monte hay restricciones contra los periodistas desde al menos el año 2016, impedir el trabajo de los trabajadores de los medios en el lugar implica la imposibilidad de mostrar las historias de muertes violentas en el país, producto de la delincuencia o de acciones ilegales de fuerzas del Estado, entre otras causas.

A las afueras del Hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia, en Caracas, funcionarios de la PNB tomaron fotografías y amenazaron al periodista del portal Venezuela Informa Hoy, Rayber Alvarado, mientras cubría una protesta de trabajadores de la salud el 18 de noviembre. El periodista realizaba tomas de apoyo y recogía testimonios de quienes exigían mejoras salariales, cuando los funcionarios le pidieron que dejara de grabar y lo amenazaron con quitarle su teléfono y su cámara.

En el estado Portuguesa, la coordinadora de los milicianos, Marilú Damato, intimidó el 20 de noviembre a los periodistas que cubrían una protesta de médicos y enfermeras a las afueras del Hospital Materno Infantil Dr. José Gregorio Hernández..  La funcionaria le insistió a los periodistas que se retiraran del lugar, un espacio público donde tienen derecho a buscar información, y además grabó con su teléfono celular a: María Gabriela Briceño, del Circuito Regional de Noticias, Mariangel Moro Colmenárez, y a Jesús Fonseca de Venezolanos por la Información.

Durante una protesta indígena, un sujeto identificado como parte de un Colectivo intimidó al periodista Robert Lobo, del portal digital Punto de Corte, pidiéndole que borrara una fotografía y exigiendo que se fuera del lugar. Indígenas Yukpa estaban en Puente Llaguno, en Caracas, la noche del 18 de noviembre, y pretendían llegar a Miraflores con sus exigencias, pero funcionarios impidieron el paso y cuatro personas resultaron heridas.

Esta acción contra trabajadores de los medios pretende intimidarles, evidenciando que están siendo vigilados por el Estado mientras registran hechos críticos al Gobierno. Grabarles o fotografiarles busca que dejen de acudir a estas protestas por miedo a represalias.

La Comisario del Cicpc, Eglys Muro, intimidó, hostigó y amenazó a las trabajadoras de La Prensa de LaraJenifer Orozco, reportera; y a Ángela Peroza, reportera gráfica; mientras cubrían una pauta informativa este martes 24 de noviembre en el Cementerio Municipal de Iribarren, en Barquisimeto, estado Lara.

“Unos vecinos del sector Las Tinajitas nos avisaron que en una casa había tres fallecidos y que ya el Cicpc estaba en el sitio con el levantamiento de las personas. Como estábamos retiradas del sitio y no había gasolina, decidimos ir a donde depositan los cuerpos en descomposición en el cementerio de Barquisimeto; algo que le llaman ´la morguecita´ porque no se pueden trasladar a la morgue de la ciudad por la contaminación que eso produce”, contó la periodista Jenifer Orozco a Espacio Público1.

Restricciones indirectas

En El Tigre, al sur del estado Anzoátegui, los trabajadores de los medios no pueden surtir de combustible sus vehículos, por lo que la cobertura de noticias está comprometida. El 5 de noviembre emitieron un comunicado exponiendo que no son cosiderados un sector prioritario, por lo que el acceso a combustible es limitado, atentando contra el derecho ciudadano a estar informados en la región. Representantes de Radio Fe y Alegría, Primicias Uno, Antorcha TV, Diario El Tigrense, El Pitazo, Metrópolis 83.3 FM, Radio Nacional de Venezuela y Circuito Éxitos, firmaron el comunicado, exigiendo les faciliten que los vehículos de prensa tengan gasolina para poder seguir informando.

Foto: Cortesía

El seis de noviembre delincuentes entraron a la fuerza y robaron nuevamente la sede del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Miranda. Es la segunda vez que esto sucede en un año, a pesar de que las instalaciones están cerca de la Policía Municipal, en Los Teques. Los delincuentes rompieron paredes y se llevaron algunas herramientas que estaban en el lugar. Miriam Pacheco, secretaria general del CNP Miranda, comentó que en esta ocasión hubo más vandalismo pues ya no había mucho que robar. La ocasión pasada se llevaron material de oficina y una cocina eléctrica.

La estación radial Ritmo Stereo 93.5 FM,  en Mérida, quedó temporalmente fuera del aire luego de que las fallas eléctricas dañaran sus equipos transmisores, el 25 de noviembre.

“La reparación de los equipos significa una cuantiosa suma de dinero, por lo que espera contar con la comprensión y apoyo de los anunciantes, personal y oyentes, asegurando que pronto se regresará al aire”1, señalaron los directivos de la estación.

“La Gerencia General y Dirección de Producciones Ritmo Stereo 93.5 FM, participa a sus consecuentes oyentes; productores nacionales independientes y a nuestros selectos patrocinantes que temporalmente estaremos fuera del aire por la pérdida de varios equipos producto de la inestabilidad del fluido eléctrico. Por tanto al manifestar que nuestras pérdidas son cuantiosas, agradecemos la solidaridad y comprensión mientras recuperamos nuestra señal”, señalaron Jhonny Molina, gerente general; y Hazael Molina, director.

Contra los medios de comunicación

El 7 de noviembre, funcionarios del Sebin allanaron nuevamente la sede de Venepress y cargaron con los equipos de la redacción, en un operativo que duró ocho horas. El Director de Venepress, Israel Barbuzano, explicó que los funcionarios se llevaron 15 computadores Mac de la oficina, que permanecía clausurada por el Sebin desde el 18 de diciembre del año pasado. En redes sociales el portal aseguró que sus abogados afirman que no hay ninguna orden en Tribunales para esta acción, por lo que el hecho se podría considerar como un robo.

El 13 de noviembre una comisión de Conatel cerró la emisora Rumbera Network 94.7 FM, en San Carlos, estado Cojedes. Los funcionarios alegaron que la emisora tiene problemas con la concesión, incautaron computadoras, micrófonos y la cónsola de trasmisión. Este año el alcalde de Tinaco, José Rivas, amenazó a la emisora: en febrero grabó un video frente a las oficinas  instando a los directivos a revisar la programación.

El lunes dos, Conatel cerró la emisora Oestereo 99.7 FM, ubicada en Punta de Mata en el municipio Zamora del estado Monagas. Los funcionarios se presentaron junto con un pelotón de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) confiscaron los equipos, cerraron la sede, y entregaron un acta donde solicitaban una lista de requisitos que la emisora debe presentar en Caracas.

El pasado 27 de noviembre, la directiva de la red de periodismo ciudadano Reporte YA denunció que su cuenta en la red social Instagram, fue víctima de hackeo.

En entrevista telefónica Patricia Rodríguez, representante de la organización detalló  que los intentos para ingresar a la cuenta en Instagram fueron infructuosos y les fue imposible vincular nuevamente las cuentas al correo electrónico. Inicialmente el perfil desapareció y reapareció con la misma foto de perfil, igual cantidad de seguidores, pero el usuario cambiado y sin publicaciones.

Contra los ciudadanos que denuncian

El sindicalista Eudis Girot fue detenido por Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el 18 de noviembre en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Girot es el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela y advirtió desde su cuenta en Twitter que varios funcionarios de la Dgcim estaban fuera de su casa con una orden de detención. El sindicalista emite una actualización semanal sobre el estado de las refinerías, denuncia sobre la crisis en PDVSA e informa sobre las exigencias por mejores salarios.

 

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