Libertad de expresión en cuarentena

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Del 16/03/2020 al 16/01/2021

El 13 de marzo de 2020 el gobierno admitió la existencia de los dos primeros casos de la Covid-19 en Venezuela. Ese día, Nicolás Maduro declaró el estado de alarma. Autorizar la vigencia de un estado de excepción es una facultad del Poder Ejecutivo, sin embargo exige dos requisitos constitucionales para gozar de legitimidad: ser aprobado en Consejo de Ministros y ser publicado en Gaceta Oficial; aún así, el documento se hizo público cuatro días después, luego de que las medidas fueron implementadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que toda suspensión, restricción o limitación que se imponga a los derechos humanos para proteger la salud en el marco de la pandemia debe “cumplir con el principio de legalidad, ser necesaria en una sociedad democrática y, por ende, resultar estrictamente proporcional” a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información en función de su rol trascendental durante la pandemia[1].

El 16 de marzo entró en vigencia una medida de cuarentena colectiva en varios estados del país que derivó en la suspensión de actividades laborales y educativas, excepto las de distribución de alimentos, servicios de salud, transporte y seguridad. La figura del estado de alarma se contempla en el primer párrafo del artículo 338 de la Constitución Nacional; podrá decretarse cuando se produzcan catástrofes, calamidades u otros acontecimientos similares que pongan en riesgo la seguridad de la República, tiene un límite constitucional de 30 días, prorrogable hasta por treinta días más. Sin embargo, hasta el 16 de enero de 2021, el decreto se ha prorrogado 10 veces.

Los medios de comunicación no fueron incluidos de forma clara y expresa dentro de los sectores priorizados para mantener funciones y servicios básicos, de acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial[2]. Esto viola tanto la Constitución, como el artículo 7, numeral 14, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, el cual establece que el derecho a la información no es susceptible de suspensión[3]. La omisión de garantías directas generó obstáculos para el libre ejercicio de la labor periodística, tanto durante el desplazamiento a los lugares de trabajo, como al momento de cubrir situaciones vinculadas a la pandemia del coronavirus en Venezuela.

Libertad de expresión en cuarentena

Tras 10 meses de confinamiento (del 16/03/2020 hasta el 16/01/2021), se contabilizaron al menos 321 casos[1] de violaciones a la libertad de expresión, cuya frecuencia disminuyó con el pasar de los meses. En tal sentido, la mayor cantidad de casos se registró durante los primeros tres meses cuarentena: marzo[2] (35), abril (42) y mayo (46). El resto de los meses, el número de casos mantuvo un comportamiento regular de 27 casos mensuales, en promedio.

El 37% de los casos registrados en 2020 atribuibles específicamente al Covid-19[3], se contabilizaron en al menos 105 casos y 250 violaciones. El 41% de las violaciones fueron intimidaciones, el 22% casos de censura, el 12% amenazas, 11% hostigamientos judiciales, un 7% restricciones administrativas, el 4% hostigamientos verbales y un 3% agresiones. De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%.

Impedimentos a la labor periodística

La principal restricción establecida desde el comienzo del confinamiento fueron los obstáculos para el libre desplazamiento, situación que impidió en varias ocasiones el pleno ejercicio de la labor periodística. De igual forma, en centros de salud y en estaciones de servicio del país, la cobertura de medios de comunicación estuvo prohibida, prácticas ejecutadas por los distintos cuerpos de seguridad en los centros asistenciales.

El 16 de marzo, en el primer día de cuarentena colectiva, a la periodista Mariana de Barros[4] le fue impedido el paso a la ciudad de Caracas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes le indicaron que por ser periodista no estaba exceptuada de la medida; hecho recurrente en varios sectores de la ciudad de Caracas, así como en otras zonas del país. Tal fue el caso de la corresponsal de Crónica Uno en el estado Sucre, Mónica Salazar[5], a quien funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES) impidieron ingresar al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, donde la periodista daría cobertura a una rueda de prensa el 23 de marzo.

Las restricciones para surtir gasolina, que fueron recrudecidas debido a la escasez del combustible, derivó en una serie de limitaciones para la cobertura en las adyacencias de las estaciones de servicio. El 2 de junio, en una estación de Barquisimeto, en el estado Lara, funcionarios de la GNB obligaron al ciudadano José Urdaneta a borrar el material que había grabado minutos antes, mientras esperaba información sobre el suministro de gasolina. Posteriormente, el 5 de junio, el equipo periodístico de Venezolanos por la Información (VPITV), fue detenido por funcionarios de la GNB, mientras realizaban entrevistas a usuarios de una estación de servicio, en Caracas. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por los funcionarios, quienes los retuvieron durante varios minutos.

Criminalización de la denuncia

La centralización de la información asociada al virus por parte de las autoridades y entes gubernamentales, generó al menos 90 detenciones arbitrarias[6], gran parte de ellas vinculadas a la difusión de denuncias sobre el sistema de salud o críticas acerca del manejo de la pandemia por parte del gobierno. En 10 meses de cuarentena, fueron detenidos por ese motivo al menos 28 periodistas; 27 particulares, nueve trabajadores públicos; nueve reporteros gráficos; seis trabajadores de la salud; seis conductores; tres camarógrafos y dos miembros de ONG e iglesia.

El periodista Darvinson Rojas, fue detenido el 21 de marzo por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, tras una publicación que realizó en su cuenta de Twitter, donde cuestionaba información sobre el coronavirus difundida por voceros del gobierno. Igualmente, el 26 de abril, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al profesor Fernando Antonio Marcano Ferrer, luego de que éste publicara mensajes en sus redes sociales en los cuales expresaba su descontento con el gobierno por su gestión de la pandemia de la Covid-19.

Las mencionadas acciones ejecutadas por los cuerpos de seguridad, dan cuenta del control que buscó mantener en todo momento el Ejecutivo por monopolizar la información asociada al virus, lo que dificultó no solo la cobertura de la misma sino el acceso por parte de la población.

Internet en cuarentena

Como consecuencia de las restricciones provocadas por la pandemia del coronavirus en Venezuela, el uso del internet y de las telecomunicaciones en general, experimentaron un importante aumento. La alta circulación de contenidos durante los primeros meses de la pandemia respondió a la necesidad de mantenernos comunicados, pero también dio lugar a informaciones falsas y rumores de todo tipo.

Las redes sociales fueron lugar propicio para exponer críticas, opiniones o comentarios sobre las políticas desarrolladas por el gobierno, así como para difundir informaciones relacionadas al Covid-19, de carácter académico o político. Esa situación dio paso a una serie de violaciones al derecho a la libertad de expresión en línea que esbozamos a continuación.

Desde el 16 de marzo en adelante se registraron al menos 114 casos en los que se vio vulnerado o comprometido el derecho. Los meses con mayor cantidad de violaciones fueron abril y mayo, los cuales registraron 21 y 20 violaciones, respectivamente. De un total de 295 violaciones, la mayoría correspondieron a medidas de censura (103); restricciones administrativas (80); hostigamientos verbales (37), intimidaciones (29), amenazas (24), hostigamientos judiciales (21) y agresiones (1).

La censura y las restricciones administrativas fueron implementadas principalmente por la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), mayor prestador de servicio de internet del país, quien en al menos 23 oportunidades bloqueó medios y plataformas digitales con el propósito de limitar o restringir el acceso a la información.

Tal fue el caso de la plataforma lanzada el 18 de marzo, por la Asamblea Nacional (AN), coronavirusvzla.com[7], la cual tenía como propósito brindar información acerca de los síntomas, formas de contagio y tratamiento para el Covid-19, pero que fue bloqueada por la CANTV a menos de 24 horas de su lanzamiento. Igualmente, medios digitales como Efecto Cocuyo, Monitoreamos, Noticiero Digital y Runrunes fueron bloqueados por la empresa estatal.

Las violaciones en contra de los periodistas fueron propiciadas principalmente por funcionarios del Estado, mediante hostigamientos verbales y amenazas como forma de represalia, luego de que estos divulgaran información a través de internet. Un ejemplo de ello lo encontramos el 21 de abril, cuando Nicolás Maduro tildó como “mercenario de la comunicación” al periodista Sergio Novelli[8], luego de que éste publicara una entrevista que le realizó a 13 venezolanos que retornaban a Venezuela desde Perú, como consecuencia de la pandemia.

Se registraron al menos 29 detenciones por la difusión de información o denuncias a través de internet durante la pandemia. Principalmente se trató en su mayoría de particulares[9], seguidos por periodistas, trabajadores públicos y de la salud. Durante los primeros meses de la cuarentena se registró una nueva modalidad en los patrones de restricción: la persecución por contenidos difundidos a través de WhatsApp. La publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, presunta corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, fueron motivos de detención e inicio de procesos penales en al menos 11 casos.

Uno de ellos fue el de Tania Rodriguez, extrabajadora de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) detenida por reenviar un mensaje a un grupo de Whatsapp sobre Cilia Flores y consultar sobre la veracidad de la información. Tras su presentación en tribunales fue imputada por instigación al odio[10] y recibió medida privativa de libertad bajo arresto domiciliario.

Metodología

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

[1] Se entiende por caso la situación o circunstancia en la que se ve vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pudiendo registrarse una o varias violaciones por caso.

[2] Registro desde el 16/03/2020 en adelante.

[3] Se refiere a los casos cuya motivación se relaciona expresamente con la búsqueda, recepción y difusión de información, opiniones e ideas sobre la Covid-19 y la pandemia en el país.

[4] Espacio Público, 16 de marzo de 2020. Intimidan a trabajadores de la prensa durante el primer día de cuarentena en Venezuela Recuperado en http://espaciopublico.ong/intimidan-a-trabajadores-de-la-prensa-durante-el-primer-dia-de-cuarentena-en-venezuela/

[5] Espacio Público, 24 de marzo de 2020. Policías del estado Sucre impidieron el paso a periodista de Crónica Uno Recuperado en http://espaciopublico.ong/policias-del-estado-sucre-impidieron-el-paso-a-periodista-de-cronica-uno/

[6] Las detenciones pueden ser de corta y larga duración; entre las de corta duración se ubican las retenciones, es decir, cuando la libertad física es restringida durante minutos u horas, pero no se registra traslado a centro de reclusión o procesamiento judicial de la víctima.

[7] Espacio Público, 18 de marzo de 2020. CANTV bloquea página de la AN sobre el COVID-19.
Reuperado en http://espaciopublico.ong/cantv-bloquea-pagina-de-la-an-sobre-el-covid-19/

[8] Espacio Público, 22 de abril de 2020. Nicolás Maduro hostiga al periodista Sergio Novelli.
Recuperado en http://espaciopublico.ong/nicolas-maduro-hostiga-al-periodista-sergio-novelli /

[9] Se entiende por particulares a todos aquellos ciudadanos que no se dedican profesionalmente a la comunicación y que usan las redes sociales para opinar o difundir informaciones. Integran esta categoría infociudadanos, líderes sindicales, líderes comunitarios, entre otros.

[10] Correo del Caroní, 30 de abril de 2020. El “delito” de Tania Rodríguez: reenviar un mensaje y preguntar si era cierto. Recuperado en http://www.correodelcaroni.com/laboral/5154-el-delito-de-tania-rodriguez-reenviar-un-mensaje-y-preguntar-si-era-cierto

[1] Organización de Estados Americanos (OEA). Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 18 de abril de 2020. CIDH y su RELE expresan preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia del COVID-19. Recuperado en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1173&lID=2

[2] Pandectas Digital. Decreto N° 4.160, mediante el cual se decreta el Estado de Alarma en todo el Territorio Nacional. Recuperado en: https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/03/decreto-n-4160-mediante-el-cual-se_17.html

[3] Acceso a la Justicia, 20 de marzo de 2020. Publicado el decreto que declara el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus (COVID-19). Recuperado en https://accesoalajusticia.org/publicado-decreto-declara-estado-alarma-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19/

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