En septiembre, registramos tres casos y cuatro violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Con tres intimidaciones y una amenza, dos vícitmas periodistas o reporteros y un particular, que además fue detenido. Los cuerpos de seguridad fueron responsables de dos de los tres casos y una institución del Estado del tercero. Dos hechos ocurrieron en el Distrito Capital y uno en Lara.
Por segundo mes consecutivo, la cifra iguala el registro más bajo del año: agosto y septiembre suman seis de los 92 casos documentados entre enero y septiembre. El descenso coincide con excarcelaciones y con el levantamiento parcial de bloqueos digitales, pero no con un cambio en las reglas que hicieron posible la persecución: la Ley contra el Odio sigue vigente, su reforma se anunció el 29 de septiembre de 2026, sin que se conozca el texto y buena parte de los portales censurados continúan inaccesibles.
En lo que va de 2026 acumulamos 174 violaciones al derecho a la libertad de expresión, con la intimidación (84 hechos, 48,28 %) y la censura (43, 24,71 %) al frente, seguidas por el hostigamiento judicial (15, 8,62 %). De las 132 víctimas, 70 son periodistas o reporteros (53,03 %) y 19 son particulares (14,39 %).
Internet: desbloqueo parcial que confirma la censura
La noche del 16 de septiembre, el vicecanciller Oliver Blanco difundió un comunicado del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que recomendaba a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, eliminar restricciones contra dominios de medios de comunicación. Al día siguiente, la Conatel anunció el restablecimiento del acceso a diversos portales y notificó a las operadoras. Los datos de Observatorio Abierto de Interferencias en la Red conocido por sus siglas en inglés OONI (Open Observatory of Network Interference) que analizamos en Espacio Público confirman que el desbloqueo es real: volvieron a estar accesibles Crónica Uno, El Carabobeño, El Pitazo, EFE, Efecto Cocuyo, El Estímulo, Caraota Digital, AlbertoNews, 6to Poder, Monitoreamos y el propio sitio de Espacio Público, entre otros.
Pero fue selectivo e incompleto. Siguen bloqueados Tal Cual, IPYS Venezuela, Infobae, Armando.Info y La Patilla; VPItv, Sumarium, NTN24 y Venezuela al Día mantienen tasas altas de anomalía, y la red social X y las VPN continúan restringidas. Que el acceso se haya restablecido con una notificación técnica a las empresas de internet confirma que la imposición de bloqueos se llevó a cabo por la vía administrativa, sin orden judicial, y por esa misma vía pueden levantarse. El 13 de marzo, más de 30 organizaciones habrían entregado esa exigencia en la sede de la Conatel, sin que el ente las recibiera.
El ente regulador también sometió a consulta nuevas normas para la red. El 8 de septiembre consignamos observaciones al proyecto de Providencia Administrativa 117 sobre parámetros de calidad de internet, en las que recordamos que, por su impacto directo en la libertad de expresión y el acceso a la información, la regulación de internet está sujeta a reserva de ley orgánica. Y en una guía sobre los puntos de intercambio de tráfico (IXP) explicamos por qué la propuesta de la Conatel, aunque reconoce la neutralidad de la red, centraliza la infraestructura y concentra facultades en el ente, con riesgos para la autonomía técnica de internet, la privacidad y la libre expresión.
Exigimos la derogación de la Ley contra el odio
El 29 de septiembre llegó a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, solicitada por Delcy Rodríguez, cuyo texto no se ha hecho público. Ese mismo día exigimos transparencia en el proceso legislativo: publicar el proyecto, el cronograma, las comisiones encargadas y los mecanismos de participación, y explicar qué conductas se despenalizarían y cómo se aplicará la ley más favorable para sobreseer las causas abiertas.
Con esta norma documentamos más de 120 casos entre 2017 y 2024, y al menos 33 detenciones en el ciclo poselectoral de 2024. Al día siguiente, desde Washington, organizaciones de la sociedad civil reiteramos que la única salida es derogarla: la ley no fue dictada por la Asamblea Nacional y sus problemas van más allá de lo penal, porque también prohíbe a los medios difundir mensajes calificados como “odio”, sin definiciones claras, lo que facilita la aplicación discrecional.
El caso de Yorman Acevedo muestra el costo de esa vaguedad. El 26 de septiembre lo excarcelaron tras ocho meses y 13 días de detención arbitraria. Funcionarios del Sebin lo detuvieron el 13 de enero en Maracay por comentar en TikTok un video sobre la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores; pasó 19 días en desaparición forzada y lo acusaron de “instigación al odio”, aunque su boleta de excarcelación menciona otro delito. La CIDH le había otorgado medidas cautelares en abril. Salió con régimen de presentación cada 15 días y prohibición de salida del país.
Libertad, reparación y no repetición
El 22 de septiembre, Renny González salió de Yare II con libertad plena, tras dos años, un mes y seis días detenido. El Sebin se lo llevó de su casa en Maracaibo el 16 de agosto de 2024 por pertenecer a un grupo de WhatsApp, y terminó acusado de financiamiento al terrorismo y venta de armas. Pasó por el Sebin de Maracaibo, Tocorón y Yare II sin que le permitieran una defensa privada. Nunca debió estar preso.
El 17 de septiembre, un tribunal con competencia en terrorismo decretó, a solicitud del propio Ministerio Público, el sobreseimiento de la causa contra nuestro director ejecutivo, Carlos Correa, acusado de financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y traición a la patria, entre otros delitos. La decisión confirma que esas imputaciones carecían de fundamento. Agradecemos el acompañamiento nacional e internacional y pedimos sostenerlo: exigimos la libertad plena de todos los casos de perosnas detenidas o procesadas por informar, opinar o defender derechos.
La memoria de esa persecución también tiene rostros más antiguos. Dan Zambrano pasó 51 días detenido en 2017 por la Dgcim, con torturas, por un tuit dirigido al hijo de Nicolás Maduro. Hoy, desde el exilio, reclama justicia sin violencia y reparación: “la primera reparación tiene que ser a la nación”.
La libertad no es suficiente para resarcir los daños, el Estado venezolano es también responsable de reparar cada caso de forma particular y completa, además de establecer garantías que eviten la repetición de estos hechos.
La prensa en la calle, bajo vigilancia
El 2 de septiembre, personal de seguridad del Palacio de Justicia, en Caracas, intimidó al equipo de un medio digital que acudió a una rueda de prensa: les exigieron las credenciales, las fotografiaron y finalmente les indicaron que las declaraciones se darían fuera del edificio. En la cobertura también estaban Canal i, Globovisión y Televen.
El 9 de septiembre, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana hostigaron al reportero de NTN24 Oliver Fernández mientras cubría La Ruta de las Respuestas Pendientes, una caminata de familiares de presos políticos hacia la sede del Ministerio Público. Se atravesaron frente a la moto, lo empujaron con los dedos en el hombro y le gritaron, hasta que los propios familiares salieron en su respaldo.
El 17 de septiembre, el Sebin detuvo durante seis horas a Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en Carora, estado Lara, cuando salía de la sede del diario El Informador tras ofrecer una entrevista. Oropeza regresó al país después de dos años de exilio forzado. Vecinos de Carora protestaron en la Autopista Centroccidental para exigir su liberación, y dos funcionarios le arrebataron el teléfono a su hermana mientras declaraba a la prensa.
Opacidad: los sismos y los fondos soberanos
A tres meses del doblete sísmico, persiste la opacidad. Los terremotos dejaron más de 6.500 personas fallecidas, pero noventa días después se desconoce cuántas siguen desaparecidas, no hay un censo público de quienes perdieron su vivienda y familiares como Gabriela Pérez enfrentaron trabas burocráticas para retirar los cuerpos de sus seres queridos. El año escolar arrancó el 14 de septiembre sin información sobre cuántos planteles resultaron dañados, y en las zonas más afectadas muchos no estaban listos para recibir estudiantes.
El 28 de septiembre, Día Internacional del Acceso Universal a la Información, presentamos el informe Ni transparentes, ni soberanos, sobre el portal oficial de rendición de cuentas de los Fondos de Protección Social y de Infraestructura Nacional. Transparencia Soberana obtuvo 2 puntos sobre 10 en la escala Linaburg-Maduell, con alta opacidad y presentación deficiente: carece de desglose de contabilidad pública, clasificación presupuestaria e indicadores de impacto, y no informa montos, plazos ni quién audita los fondos. Ese mismo día pusimos en línea un kit para exigir acceso a la información pública, con rutas para la ciudadanía y para periodistas.
Una democracia que se pueda comprobar
El mes abrió con el Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión, respaldado por más de 40 medios, más de 60 organizaciones y más de 160 adhesiones personales, que exige la libertad plena de las personas detenidas por razones de opinión, la revisión de las licencias revocadas y la devolución de los bienes confiscados a los medios.
El 15 de septiembre, cuando la mesa de negociación abrió su segundo ciclo en coincidencia con el Día Internacional de la Democracia, publicamos Democracia: más que un nombre usado como comodín, que explica por qué la separación de poderes, las elecciones libres y el derecho a saber son condiciones verificables y no palabras de un comunicado. Y el 21 de septiembre, junto a unas 21 organizaciones, pedimos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovar la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos al menos hasta 2028.
Los desbloqueos y las excarcelaciones de septiembre muestran que el Estado puede restituir derechos sin negociación ni reforma legal, falta que lo haga de forma completa y verificable. Puedes sumarte al Decálogo de acción inmediata para restituir la libre expresión y compartirlo.
