El doblete sísmico del 24 de junio dejó más de 6.500 personas fallecidas y daños en distintas zonas del país, con especial impacto en La Guaira. Tres meses después, persisten interrogantes sobre la atención a los afectados, la reconstrucción y el acceso a información pública oportuna y verificable.
Los terremotos provocaron una emergencia que puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones públicas venezolanas y dejó vacíos de información.
Durante las primeras horas posteriores al doblete sísmico, la ciudadanía venezolana enfrentó dificultades para obtener información sobre las zonas afectadas, el número de víctimas, heridos, desaparecidos y damnificados.
Cuando se cumplió un mes de esta tragedia natural, documentamos fallas en la respuesta institucional, dificultades para conocer con precisión el número de víctimas y desaparecidos y problemas relacionados con la identificación y entrega de cuerpos.
Tres meses después, varias de esas interrogantes se mantienen.
Sin información de desaparecidos
Uno de los aspectos más sensibles de la emergencia es la identificación de las personas fallecidas y desaparecidas. Noventa días después, se desconoce la cantidad de personas que desaparecieron tras los movimientos telúricos.
Familiares denunciaron dificultades para acceder a información y procedimientos científicos destinados a identificar los cuerpos recuperados de los escombros. Uno de estos casos es el de Gabriela Pérez, quien enfrentó procesos burocráticos para poder retirar los cuerpos de sus hijos.
Víctimas esperan respuestas
La emergencia también obligó a trasladar a cientos de familias a campamentos transitorios y a permanecer en carpas. Se desconoce el proceso de censo de todas las personas que quedaron sin vivienda. En redes sociales continúan las denuncias de personas afectadas.
Tres meses después, la reconstrucción constituye uno de los principales desafíos para las comunidades afectadas.
La información pública sobre el avance de las obras, los recursos destinados a la recuperación y los criterios utilizados para determinar las prioridades resulta fundamental para conocer cómo se desarrolla el proceso.
Entre las personas que enfrentaron dificultades estuvieron pacientes con enfermedades crónicas, personas en tratamiento de hemodiálisis, pacientes oncológicos e insulinodependientes que perdieron medicamentos o tuvieron problemas para acceder a sus centros habituales de atención.
En situaciones de emergencia, conocer cuáles hospitales están operativos, dónde pueden recibir atención los pacientes y cómo se garantiza la continuidad de los tratamientos puede marcar una diferencia fundamental.
Por ello, la información sanitaria debe formar parte de la respuesta ante un desastre y mantenerse actualizada mientras dure la emergencia.
Iniciaron las clases con incertidumbre
Por otra parte, el sector educativo también sufrió pérdidas humanas y materiales. La suspensión de clases en las zonas afectadas generó nuevas necesidades de información para estudiantes, docentes y representantes: cuántos planteles resultaron dañados, cuáles podían continuar funcionando y cuáles requerían reparaciones.
No obstante, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció que el nuevo año escolar 2026-2027 comenzaría el lunes 14 de septiembre. Sin embargo, llegó la fecha, pero muchos colegios no estaban listos para recibir a los estudiantes y comenzar las clases, al menos en las regiones donde los terremotos causaron mayores daños.
La reparación de los colegios no significa solamente levantar las estructuras. Implica también ofrecer garantías a estudiantes, docentes, personal obrero y administrativo para que puedan regresar a las instituciones en espacios seguros y con normas claras sobre qué hacer en casos de emergencia.
Informar también es responder
Los desastres naturales requieren respuestas rápidas, pero la atención de la emergencia no termina cuando disminuyen los movimientos sísmicos. Las personas necesitan información sobre los servicios públicos, soluciones habitacionales, apoyo psicológico y asistencia económica.
Tres meses después del doblete sísmico, Venezuela enfrenta el desafío de avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y, al mismo tiempo, garantizar transparencia sobre las decisiones y los recursos destinados a atender una emergencia cuyas consecuencias todavía persisten.
