Cuatro relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) le enviaron al Estado venezolano una comunicación en donde exponen sus consideraciones sobre diversas normas vigentes o en aprobación que son contrarias a los estándares internacionales y le exigen al gobierno central que realice una revisión a estas leyes. En la carta publicada el 19 de noviembre hacen un análisis sobre las obligaciones que tienen los gobiernos de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Entre las leyes y decretos mencionados está la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional, en donde prohíben aportaciones económicas extranjeras a organizaciones políticas. También mencionan el decreto número 2323 del estado de excepción y de emergencia económica, y el decreto 4135, sobre la creación del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo. Ambos buscan vigilar el financiamiento extranjero a organizaciones dentro del país, explicaron en la carta.
En este sentido, las relatorías explicaron que “el derecho de las organizaciones de acceder a financiamiento constituye una parte integral de la libertad de asociación. Así lo afirma la Declaración de los Derechos Humanos cuando consagra, en su artículo 13, el derecho de toda persona, individual y colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto de promover y proteger los derechos humanos”.
También la Ley de Cooperación Internacional, de ser aprobada, afectaría gravemente el libre y pleno ejercicio del derecho de libertad de asociación, dificultando la labor de defensa de los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil: «Este proyecto difícilmente pueda reportar beneficios significativos en materia de transparencia y seguridad, y probablemente conduzca al desfinanciamiento de estas entidades».
Si bien las y los relatores reconocen la necesidad de prevenir y disuadir el financiamiento al terrorismo, recuerdan a las autoridades que a menudo se utilizan indebidamente sanciones legales como una herramienta para silenciar a los actores de la sociedad civil y a las personas defensoras de derechos humanos, y pueden afectar de manera desproporcionada los derechos de libertad de opinión y de expresión.
«Varios mandatos temáticos de los Procedimientos Especiales han observado con creciente preocupación la persistencia del clima hostil en el que las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos desarrollan sus actividades en Venezuela» explicaron en la carta.
En el documento solicitan al gobierno venezolano que revise el marco regulatorio aplicado a la sociedad civil y que se abstengan de generar medidas que obstruyan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales.
Por los motivos expresados en la carta y por las alegaciones de las relatorías, exigen colaboración sobre las preocupaciones que mencionan en la comunicación: “reexaminar la regulación relativa al registro, control y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales en el marco de una discusión pública, plural y multisectorial que incorpore a los actores de la sociedad civil directamente afectados a fin de aportar una legislación que facilite el desarrollo de sus actividades”.
Durante el mes de octubre el Centro para los Defensores y la Justicia registró 73 ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones que defienden los derechos humanos. La estigmatización por parte de los voceros del Estado fue la principal forma de atacar a los defensores. Estos discursos alientan la violencia y las agresiones a quienes promueven los derechos humanos.
“Una sociedad civil y empoderada tiene un impacto positivo en todos los niveles, en especial el comunitario, y es fundamental para dar una respuesta efectiva a los múltiples retos que enfrenta Venezuela”, destacaron las y los relatores de la ONU en sus conclusiones.
Las relatorías que firman esta comunicación son la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Si quieres leer la comunicación completa puedes descargarla aquí
