La Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el 31 de enero la detención de doce periodistas extranjeros y venezolanos por parte de cuerpos de seguridad, así como la práctica de expulsar a corresponsales extranjeros que ingresan al país para dar cobertura de la situación política en Venezuela1.
La Relatoría Especial recordó que la acreditación a periodistas para coberturas regulares sólo son apropiados si son necesarios para darles acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos. Además el proceso debe ser supervisado por órganos independientes “y las decisiones sobre la acreditación deben tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y nos discriminatorios, publicados con anterioridad. La acreditación nunca debe ser objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un periodista”.
“La prensa nacional y extranjera tienen un rol fundamental en cubrir la situación de crisis política y económica que vive Venezuela, frente a la exigencia de la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano debe poner fin a la ruptura del orden institucional”, expresó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión. “Los periodistas y medios internacionales son cruciales para cubrir los acontecimientos de interés y relevancia internacional y mantener informados a los venezolanos en el país y en el exterior, así como a la comunidad internacional. Los periodistas también realizan un registro invalorable de las manifestaciones, protestas y la grave situación humanitaria que vive el país”, agregó.
La RELE también recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el trabajo de los periodistas, de abstenerse de imponer restricciones, y de respetar y garantizar el trabajo de los periodistas, foto-reporteros y camarógrafos de los medios.
A continuación el comunicado completo
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la detención de periodistas por parte de cuerpos de seguridad del Estado de Venezuela y la práctica de expulsar a corresponsales extranjeros que ingresan al país para dar cobertura de la situación política en Venezuela.
Según información de público conocimiento, al menos siete periodistas extranjeros habrían sido detenidos de manera arbitraria en la última semana, de los cuales dos periodistas de nacionalidad chilena habrían sido expulsados del país. De acuerdo con lo informado, todos los periodistas extranjeros habrían sido liberados de forma progresiva y estarían en trámite de salida del país.
Los periodistas franceses Pierre Caillé y Baptiste des Monstiers, conductores del programa “Quotidien”, y su conductor en el país, Rolando Rodríguez, habrían sido detenidos al mediodía del 29 de enero en las proximidades del Palacio de Miraflores. De acuerdo con lo informado, habrían sido detenidos por grabar imágenes en los alrededores del edificio del Palacio de Miraflores mientras cubrían una manifestación.
De igual manera, los periodistas de nacionalidad chilena, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de TVN, fueron detenidos el 29 de enero y expulsados al día siguiente. Igualmente, los periodistas venezolanos Maikel Yriarte y Ana Rodríguez, de nacionalidad venezolana, que acompañaban a estos dos periodistas extranjeros, fueron detenidos y posteriormente liberados. De acuerdo con lo informado, el motivo de la detención habría sido porque se encontraban en una “zona de seguridad” en las proximidades del Palacio de Miraflores, mientras daban cobertura a una manifestación.
De acuerdo con la información disponible, Leonardo Muñoz, Mauren Barriga y Gonzalo Domínguez Loeda, periodistas extranjeros corresponsales de la Agencia EFE, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado de Venezuela en Caracas. Muñoz habría sido detenido mientras se dirigía a cubrir una manifestación social en la mañana del 30 de enero. Según lo informado, de igual manera habría sido arrestado el conductor que lo acompañaba, José Salas, quien sería de nacionalidad venezolana. En relación con los otros periodistas, en la misma fecha habrían sido detenidos por el Sebin en la oficina de la Agencia y llevados a “El Helicoide” para ser sometidos a interrogatorios.
El canciller Jorge Arreaza manifestó en redes sociales que los periodistas “no pueden auto asignarse una acreditación” y que “algunos periodistas extranjeros han ingresado al país de forma irregular sin cumplir con la respectiva solicitud del permiso de trabajo”, además de que “varios han tratado de acceder al Palacio Presidencial sin acreditación”.
La Relatoría Especial recuerda que los esquemas de acreditación a periodistas sólo son apropiados si son necesarios para proveerles de acceso privilegiado a algunos lugares y/o eventos; dichos esquemas deben ser supervisados por órganos independientes y las decisiones sobre la acreditación deben tomarse siguiendo un proceso justo y transparente, basado en criterios claros y nos discriminatorios, publicados con anterioridad. La acreditación nunca debe ser objeto de suspensión solamente con base en el contenido de las informaciones de un periodista.
“La prensa nacional y extranjera tienen un rol fundamental en cubrir la situación de crisis política y económica que vive Venezuela, frente a la exigencia de la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano debe poner fin a la ruptura del orden institucional”, expresó Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión. “Los periodistas y medios internacionales son cruciales para cubrir los acontecimientos de interés y relevancia internacional y mantener informados a los venezolanos en el país y en el exterior, así como a la comunidad internacional. Los periodistas también realizan un registro invalorable de las manifestaciones, protestas y la grave situación humanitaria que vive el país”, agregó.
El Estado tiene la obligación de garantizar el trabajo de los periodistas y abstenerse de imponer restricciones a los periodistas extranjeros que viajan a Venezuela para cubrir la situación en un contexto de falta de censura y presiones a la prensa nacional. Como ha mencionado la Relatoría Especial en distintas oportunidades, el derecho a la libertad de expresión no termina en las fronteras nacionales y los Estados no deben impedir o imponer requisitos desproporcionados a los corresponsales y periodistas que buscan ingresar y permanecer en el país.
La Relatoría Especial recuerda que los agentes del Estado deben respetar y garantizar el trabajo de los periodistas, foto-reporteros y camarógrafos de los medios que cubren protestas, y cualquier agresión, destrucción o secuestros de equipos o materiales y detenciones, constituyen violaciones a la libertad de expresión, además de otros derechos involucrados.
La Relatoría Especial llama al Estado a garantizar que los periodistas y comunicadores puedan desempeñar su labor informativa y no ser detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión; además, sus materiales de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por parte de las autoridades públicas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
- Relatoría Espacial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 31 de enero de 2019. Disponible en https://mailchi.mp/dist/relatora-especial-condena-la-detencin-de-periodistas-en-venezuela-y-llama-al-estado-a-abstenerse-de-expulsar-a-corresponsales-extranjeros?e=8271a8a5d2 [↩]
1 comentario en «Relatoría Especial condena la detención de periodistas en Venezuela y llama al Estado a abstenerse de expulsar a corresponsales extranjeros»
Necesitamos el apoyo posible de TODOS, hemos sido víctima de una combinación fraudulenta destinada a despojarnos del inmueble donde funciona nuestra sede principal y se prestan importantes servicios a enfermos y cuidadores.
En el año 1999 se inauguró nuestro Centro, proyecto producto de un acuerdo de Cooperación Técnica Internacional, donde el gobierno Vasco puso 453.000 USD y la Fundación Alzheimer de Venezuela 221.000 USD aprox. La asociación que representa al gobierno vasco en Venezuela, propietaria del inmueble con la cual firmamos un comodato, que luego de verificar que los fondos otorgados fueron destinados a la ejecución exitosa del proyecto, debía donarnos el inmueble, sin embargo no lo hizo, vendió la casa a un tercero y tuvimos durante largos años un litigio donde defendíamos nuestro derecho que nos otorgó al gobierno vasco sobre el inmueble, pero el juez de la causa sentenció que la venta de la casa era legal, desconociendo totalmente las pruebas ultramarinas enviadas a ese tribunal por el gobierno vasco.