La pluralidad informativa se refiere a la capacidad efectiva que tenga toda persona de acceder a diferentes fuentes de información con diversos enfoques editoriales, es decir, que exista un abanico de medios que ofrezcan diferentes perspectivas de la realidad como información. Esto también supone que todo ciudadano pueda expresar sus opiniones o ver reflejados sus puntos de vista en los medios, sin ningún tipo de sesgo o discriminación.
Los estándares internacionales de derechos humanos contemplan la obligación positiva de los Estados de promover la diversidad de los medios, como parte vital de la libre expresión que protege los derechos tanto del que se expresa como de quien escucha, es decir, del que emite o de quien recibe la información. En la Declaración Conjunta sobre la Diversidad en la Radiodifusión de 2007 se destacó:
la importancia fundamental de la diversidad en los medios de comunicación para el libre intercambio de información e ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión1.
Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe anual de 2015, recomendó a los Estados:
promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas2.
Los diferentes enfoques sobre una misma realidad son parte fundamental de los insumos para tomar decisiones acertadas e informadas sobre los asuntos de interés social e individual, desde el medio de transporte a elegir para acudir al sitio de trabajo hasta la elección del candidato de nuestra preferencia. Tener varias fuentes de información sobre un mismo hecho, y de diferentes situaciones entre sí, nos permite medir, reflexionar e incluso cuestionar esa misma información recibida, con lo que podemos construir un criterio personal e individual que nos dé un lugar propio en la discusión de los asuntos públicos.
Durante el 2017, para el mes de noviembre, 56 medios fueron cerrados (47 emisoras radiales, 3 televisoras y 6 medios impresos). El Estado fue desdibujado como institución garante de derechos porque la legislación es aplicada a conveniencia, se caracteriza por la ejecución de procesos opacos, discrecionales y arbitrarios y que se traducen en menos espacios.
El sistema de medios públicos se concibió para responder a una línea pro-gubernamental3. Esto contraviene el principio de universalidad inherente al derecho que reiteró la Corte IDH: la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios4.
La violencia institucional, el segundo tipo de violación al derecho a la libre expresión de mayor recurrencia en 15 años de registro, se traduce en el uso de entes gubernamentales en contra de la sostenibilidad y la existencia de los medios de comunicación. Tras presiones para “suavizar” las críticas hasta multas millonarias, demandas judiciales, arbitrariedad o negativa de venta de papel prensa, la compra y venta de medios; se observan cambios significativos en algunas líneas editoriales, abordajes tímidos, inexistentes o poco rigurosos sobre temas sensibles para la opinión pública como escasez de productos básicos o corrupción; lo que implica la reducción de la diversidad de cara a consolidar la prevalencia del discurso oficial5.
Las limitaciones crecientes se leen a la luz de los diversos elementos que comprenden la pluralidad como obligación positiva del Estado, que va más allá del concepto de propiedad de medios. Desde las reglas para el control de las fusiones hasta los requisitos de los contenidos en los sistemas de licencias, el establecimiento de libertades editoriales, la independencia, la relación entre medios de comunicación y actores políticos. El concepto abarca todas las medidas que garantizan el acceso de los ciudadanos a una variedad de fuentes de información y voces que les permiten formar opiniones sin la influencia indebida de un poder dominante6.
Ante una ola de restricciones que ha afectado en particular a los medios impresos en los últimos cuatro años, la intención del presente estudio es identificar los niveles de pluralidad informativa existente en periódicos de circulación nacional. Se consideraron un total de 767 artículos de los 7 impresos circulantes: Correo del Orinoco, Diario 2001, Diario Vea, El Mundo Economía y Negocios, El Nacional, El Universal y Últimas Noticias; dos ejemplares de cada medio para el periodo entre diciembre de 2016 y febrero de 2017. Entre las variables para identificar la pluralidad en la oferta de información se utilizaron la extensión en caracteres por fuente, artículo, postura editorial por artículo y titular de primera página.
Circulan seis privados y uno público
El Correo del Orinoco fundado en 2009, por iniciativa del entonces presidente Chávez, forma parte del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), un conglomerado fundado en el año 2006 que concentra la administración de los servicios públicos de radio, televisión, prensa escrita y multimedios, con una tendencia editorial dominante pro-oficialista. El Diario Vea fundado en 2003 por Guillermo García Ponce, fue vendido en 2014 a la firma Viva Voz C.A, y mantiene una línea editorial pro-gubernamental, característica desde sus inicios.
El diario 2001, fundado en 1973, es propiedad del grupo original, reunido en el Bloque de Armas. En al menos una oportunidad, desde 2013, el diario 2001 ha salido de circulación durante asuetos vacacionales, como mecanismo para ahorrar papel prensa ante la escasez del insumo.
Últimas Noticias (ÚN) y El Mundo, Economía y Negocios, pertenecieron a la cadena Capriles hasta su venta y transformación en el Grupo Últimas Noticias, en el año 2013. El Mundo se especializó en la fuente económica en febrero de 2009, mientras que ÚN varió notoriamente su línea editorial hacia una postura pro-gubernamental, tras su venta.
El Universal fue vendido en el año 2014 y registró una variación en su línea editorial, históricamente crítica al gobierno nacional, paralelo a la restructuración de su personal, denuncias de presiones internas y el despido masivo, sin notificación previa, de columnistas de tendencia opositora. Meses antes de su venta, se registró la reducción del rotativo a dos cuerpos por escasez del papel prensa.
El Nacional ha presentado escasez aguda de materia prima desde el año 2013, lo que ha llevado a reducir su presentación a dos cuerpos en 2014, y a salir de circulación durante temporadas vacacionales para ahorrar papel. Fundado en 1943, se ha caracterizado por su línea crítica al gobierno nacional.
Mucha política, poca comunidad
Las fuentes más abarcadas que acumulan el 56% de los artículos trabajados son política y economía (sin contar El Mundo, especializado en la fuente económica), deportes, internacionales, arte y entretenimiento, sucesos y comunidad. Si bien temas de política y economía son relevantes para el debate, en particular en un contexto de crisis estructural que atraviesa el país, el impacto social de esta situación no es prioridad en los medios impresos nacionales. La fuente de comunidad es una de las menos visibles según lo registrado en la muestra: 18 artículos de los diarios 2001 y Últimas Noticias.
La evaluación de los medios por línea editorial arrojó que los artículos neutrales dominan el universo de estudio con un 77,94%, es decir, aquellos que no asumen una postura política, se limitan a describir el hecho sin inclinarse por alguna postura partidista o trabajan temáticas que no se relacionan a temas sensibles políticamente o que involucren al sector público.
Entre las posturas partidistas que dominan el espectro de opinión pública: oficialista y opositora, en el 14,88% (114 artículos analizados) se identificó una postura pro-oficialista, mientras 55 artículos (7,18%) adoptaron una línea pro-opositora.
A nivel de postura editorial por titular de primera página, de las 14 portadas, 5 fueron neutrales, 6 con postura pro-gobierno y 3 identificadas con una línea opositora. Seis de los siete medios evaluados son de financiamiento privado.
Esto implica que no existe una relación directa entre la propiedad del medio y la postura editorial. El financiamiento privado o público de un medio de comunicación no define unilateralmente la línea editorial. De los 114 artículos con postura pro-gubernamental, el 58% fueron publicados en medios privados. Entre los medios de reciente venta, es mayor la cantidad de artículos publicados con tendencia pro-oficialista en relación a los de línea crítica al gobierno. En El Universal, la diferencia es de 8 respecto a 5, mientras que en Últimas Noticias es de 21 en relación a 4.
El 56% de los artículos que tratan las fuentes política y economía se ubican en una de las dos tendencias partidistas, lo que revela una parcialización importante en el abordaje de temas que definen el debate sobre los asuntos medulares de la vida pública nacional.
En cuanto a los espacios de opinión, 43 en total, 17 se inclinan por una postura neutral, dominado por El Universal, El Nacional y El Mundo Economía y Negocios; 16 por una línea pro-opositora, en su mayoría reflejados en El Nacional; y 10 con tendencia oficialista ubicados en el Correo del Orinoco, Últimas Noticias y Diario Vea. El único medio en el que se identificaron las tres categorías fue Últimas Noticias.
Menos papel, mayor costo
En 2012 el gobierno eliminó el papel prensa como bien de exportación prioritaria. El Complejo Editorial Alfredo Maneiro fue creado en 2013 para monopolizar la venta de papel periódico. Desde ese momento se registraron dificultades para la adquisición del insumo que devino en una escasez prolongada que se mantiene en 2017. Esto obligó a los medios a migrar a un mercado negro7 con costos mucho más elevados, lo que vulneró la sostenibilidad de los medios de comunicación. Al menos 13 periódicos han salido de circulación indefinidamente por falta de insumos. En cuatro años, 33 medios han salido parcialmente o redujeron su formato.
Los medios impresos de circulación nacional han registrado entre 2012 y 2016 una reducción promedio en paginación de 49%. Los medios privados, que en su mayoría han denunciado públicamente las limitaciones económicas y los criterios arbitrarios del Complejo Editorial Alfredo Maneiro en la venta del papel, disminuyeron en promedio un 51,83%, mientras que el medio público Correo del Orinoco registró una baja del 33%. El Diario Vea presentó una reducción del 50% en su paginación en cinco años.
Las limitaciones en medios tradicionales permitieron, en respuesta, el desarrollo de medios digitales8, el uso de masivo de Internet y sus redes en general como forma de burlar la escasez y procurar la inmediatez de la información9. Sin embargo, Venezuela cuenta con uno de los servicios de Internet más lentos de la región, con una velocidad que no supera los 2 Mbps10. Los costos de los servicios van en aumento11, lo que precariza las posibilidades de conexión. De allí que los medios tradicionales mantengan un espacio importante para aquellos que no tienen acceso regular a la web, sea por los costos o por no contar con alfabetización digital. El precio al público de los periódicos también refleja la situación económica y condiciona su adquisición.
Los criterios arbitrarios de la distribución de papel y el acceso a divisas preferenciales, se expresa en las amplias diferencias de costos de los periódicos de circulación nacional. Los precios de los medios privados superan en 1000% en promedio a los de medios públicos. Mientras el Correo del Orinoco tiene un costo de 200 BsF, los diarios 2001, El Nacional y El Universal valen entre 1500 y 3000 BsF. Últimas Noticias se ubica en 400, mientras que el Diario Vea se obtiene por 250 BsF12.
Consideraciones finales
Existe un esfuerzo por mantener los contenidos en un ámbito neutral. Esto no implica directamente una postura equilibrada en el tratamiento de temas sensibles para la opinión pública o para el gobierno nacional, ya que incluye también la omisión o el reemplazo por otras temáticas menos “riesgosas” para evitar represalia por la difusión de contenidos críticos.
Se reitera que el tipo de financiamiento de un medio no define unilateralmente línea editorial. Esta premisa promovida por el gobierno nacional responde a un prejuicio anterior, a saber: que lo público, por ser tal, debe alinearse y responder a la matriz ideológico-partidista de la administración de turno13. Bajo esta premisa se rige el sistema de medios públicos (Sibci), y se desprende una lectura polarizada que asume en contraposición: lo privado, como enemigo político14.
La existencia de medios privados con filiación abiertamente pro-gobierno, como el Diario Vea, más recientemente Últimas Noticias dan cuenta una dinámica mediática más compleja, propia de toda realidad en especial en el contexto social, político y económico nacional.
Pocos espacios para la cobertura de temas comunitarios implica la invisibilización de preocupaciones o iniciativas cotidianas relevantes para la ciudadanía en sus espacios de convivencia. Sea por motivos de espacio, exclusión por priorizar contenidos, o por no ser parte de la línea editorial, esta reducción y omisión de lo micro-social evidencia la sobredimensión de lo político, de los “grandes” temas, y también el temor a represalias por exponer denuncias contra instancias públicas, bajo dinámicas de censura y autocensura.
Se observó inclinación de medios privados a incorporar líneas oficialistas u opositoras, aunque sea en baja proporción, en relación a medios públicos que solo trabajan desde un enfoque pro-gobierno, a pesar de estar obligados legalmente por su condición a incluir a todos los sectores. El carácter social de la comunicación como servicio público también exige a los medios privados espacios inclusivos, más allá de la polarización, aunque no exista una obligación jurídica, cuya demanda queda de parte de la sociedad civil.
Los medios que han experimentado mayor reducción y limitaciones para la obtención de papel prensa, y que más han incrementado los costos son periódicos privados, de línea crítica al gobierno. Los medios privados de reciente venta también han experimentado limitaciones, aunque lo denuncien menos, mientras que los periódicos del sistema público no han registrado mayores inconvenientes con el papel.
Aspectos metodológicos
Para el presente estudio se trabajaron los medios impresos de circulación nacional. Se escogieron dos ejemplares de cada uno entre los meses de diciembre 2016 y febrero de 2017. La intención inicial limitaba la elección a dos ejemplares, de fecha aleatoria correspondiente al mes de enero de 2017, sin embargo por ausencia de ejemplares se amplió la búsqueda a finales de 2016.
Se analizaron los contenidos/notas según fuentes, extensión, postura editorial, incluyendo primera página de medios impresos de alcance nacional y circulación diaria.
Las variables para identificar postura editorial fueron las siguientes: Neutral – Trata temas que cuestionan tanto la gestión pública como privada, o ninguno de los dos (cualquier otra temática que no refiera a temas políticos) y lo muestra desde diversas perspectivas, gobierno, oposición, y otros varios. Pro-oposición – Abiertamente opositora, cuestiona expresamente la gestión gubernamental, sin criticar otros factores políticos. Pro-gobierno – Abiertamente pro-gobierno, muestra solo desde la perspectiva que beneficia al oficialismo en cualquier instancia o nivel.
Para medir la reducción de formato se tomaron ejemplares de los medios de un mismo día del mes de agosto en cinco años consecutivos, desde 2012 hasta 2016, se contabilizó el total de paginación y se comparó. También fue necesaria la extensión del periodo de registro a los meses de julio y septiembre por ausencia de ejemplares almacenados.
Referencias
