Tres funcionarios de la Policía del estado Barinas (PoliBarinas) irrumpieron el 18 de mayo en la Casa Cultural del municipio Obispos de esa entidad y hostigaron a una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) que realizaba un conversatorio de DDHH y una jornada médica con la comunidad.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 a. m., según detalló Fundehullan en un comunicado difundido por redes sociales, en el que además la organización detalló que estaba autorizada por las autoridades competentes para realizar tanto la actividad médico asistencial como el conversatorio.1
La ONG además explicó por redes de mensajería instantánea que la comisión de la policía estadal estaba grabando, interrogando y exigiendo a su delegación en la Casa Cultural que detuvieran la actividad formativa de DDHH y les dieran a los funcionarios parte de los medicamentos de la jornada, que habían sido donados por la ONG Acción Solidaria. 2
Roland García, presidente de Fundehullan, señaló que el argumento de la policía era que las actividades de entrega de medicamentos están prohibidas.3 La ONG destacó que su actividad fue pública, pacífica y consagrada en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos4.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y todo individuo tiene derecho a la vida, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, argumentó Fundahullan en el comunicado.5
La organización exigió respeto a la labor que realiza “de manera transparente, pública y notoria, sin pretensiones ni intenciones ocultas”. Posterior a la denuncia pública hecha por Fundehullan, la Policía del estado Barinas negó en su cuenta de Twitter la versión que publicó la ONG.6.
“Lo que evidencia que dicha organización se da la tarea (sic) de mal poner (sic) la credibilidad y seriedad de nuestras instituciones al servicio del pueblo”, decía uno de los tuits, que luego borró, junto con un video del comandante de PoliBarinas, Cristhiam Morales, desmintiendo lo dicho por Roland García.
Al respecto, Fundehullez aclaró que “es una organización destinada, desde su legítimo nacimiento, a la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en Venezuela” y criticó que se pretenda mostrarla como promotora de actos violentos o violentos contra el Estado.
“Dentro de los espacios de nuestra organización no existe parcialidad partidista, nuestra finalidad siempre ha sido y será el respeto y la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos como fines de justicia”, explicó la ONG.
La asistencia y ayuda humanitaria están protegidas por la legislación internacional y por la Constitución de Venezuela; el derecho a la asociación garantiza la posibilidad de que personas se junten para perseguir un fin común, como es el caso de la atención a personas con necesidades básicas relacionadas con sus derechos fundamentales.
Esta es la segunda ocasión en que funcionarios y/o cuerpos policiales del Estado actúan en contra de la labor humanitaria que realiza Fundehullan, pues el 11 de junio de 2020 su director Roland García denunció que dos sujetos motorizados (uno de ellos con el uniforme de la policía municipal de Barinas) llegaron a su sede y le robaron equipos tecnológicos.7
Entonces, García fue abordado por las dos personas al salir de la sede de la ONG y le fueron arrebatados una laptop y un teléfono celular. El defensor de derechos humanos, a su vez, no descartó que la agresión haya respondido a motivaciones políticas por las labores humanitarias que realizan en el -hasta 2021- estado gobernado por el partido de gobierno.
Referencias
