Por la presunta comisión del “delito de difamación agravada continuada” el gobernador oficialista del estado Carabobo, Rafael Lacava, inició un proceso penal contra los activistas de derechos humanos Marino Alvarado, de Provea; y Alfredo Infante, del Centro Gumilla. Esto es una medida contraria al derecho a a libertad de expresión y a estándares internacionales al respecto.
El acto judicial se produjo dos meses después de que el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), y el Centro Gumilla, presentaran el informe conjunto “Lupa por la vida”, en el que se expone que la policía del estado Carabobo “es de las más letales en Venezuela” con 221 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.1
En la presentación del informe el activista Marino Alvarado, coordinador legal de Provea, recomendó investigar a Lacava por presuntas responsabilidades en la cadena de mando de las presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad a su cargo.
De acuerdo con el informe “Lupa por la vida”, las policías estadales fueron las más letales de 2021 al ser presuntamente responsables de 426 ejecuciones extrajudiciales (30 % del total de 1.414 presuntos actos).
El informe resalta que la policía estadal de Carabobo presuntamente participó en al menos 132 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales, que en total hicieron que la entidad fuera la segunda más letal del país, con 221 víctimas. PoliCarabobo, de acuerdo con el informe, fue el cuerpo estadal con más presuntos casos en 2021.2
Estas actuaciones por parte del gobernador de Carabobo constituyen una persecución contra los Defensores de Derechos Humanos. La política de Estado en los últimos años ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores, trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante.
En este contexto, resulta preocupante que no sea efectiva la separación de poderes, necesaria para el Estado de Derecho, ni las garantías constitucionales. Por el contrario, en múltiples ocasiones el sistema de justicia se pone al servicio del Poder Ejecutivo, tal como se ha evidenciado con la detención de los defensores de Azul Positivo y posteriormente de Javier Tarazona.
Marino Alvarado reaccionó a la demanda desde la cuenta de Twitter de la ONG y y reafirmó que en la entidad “hay una grave violación de derechos humanos” y que deben investigarse tanto los autores materiales como las cadenas de mando detrás de las presuntas ejecuciones.3
“Esta es la consecuencia de ser exigentes en materia de derechos humanos. Es el riesgo que corremos defensoras y defensores de DDHH por exigir que se investiguen las cadenas de mando en Venezuela. Pareciera que hay una política de Estado de no investigar a quienes pudieran tener la mayor responsabilidad”, dijo Alvarado.4
En ese sentido, el activista resaltó que ni él ni Infante dijeron que el gobernador es responsable, sino “que debe investigarse su presunta responsabilidad. Ese es el papel del Ministerio Público”. Además, exhortó a la Defensoría del Pueblo a que colabore con la Fiscalía para que se investiguen las presuntas ejecuciones en todo el país. 5
Continua persecución a defensores de derechos humanos
El acto impulsado por Lacava es la continuación de la política oficial de persecución a actores de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos que investigan y denuncian irregularidades en las políticas públicas judiciales y policiales en el país. Además, evidencia el hostigamiento continuo contra personas y organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, acompañan a las víctimas y denuncian las irregularidades.
El uso del sistema judicial para perseguir a defensores de derechos humanos implica una violación del derecho a la libertad de expresión. Adicionalmente, es una práctica contraria a la jurisprudencia internacional, que establece que la vía judicial debe ser la última a utilizar en casos de este tipo.
El empleo de la figura de difamación como un medio para establecer responsabilidades ulteriores por supuestos abusos a la libertad de expresión genera un efecto inhibidor. Esta restringe la libertad de expresión con amenazas de una detención o multas para quienes señalen a un servidor público.
Sobre este particular, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que esas actuaciones suponen un medio para silenciar ideas y opiniones, que disuaden las críticas por el temor a las acciones judiciales, las sanciones penales o monetarias, por lo cual se suprime el debate esencial para el funcionamiento de un sistema democrático, restringiendo innecesariamente la libertad de expresión6.
Referencias
