Wikipedia es un destino frecuente de búsquedas en internet, la enciclopedia libre se nutre de artículos creados por diferentes personas en todo el globo, con un sistema de edición en el que varias personas aprueban o rechazan contenido. Oscar Costero es uno de los voluntarios del ecosistema Wikimedia1,fue presidente del capítulo de la organización en Venezuela durante 10 años y el Estado venezolano lo tiene bajo investigación porque, junto con Santiago de Viana, son señalados en un artículo web anónimo como “extorsionadores”2, que les acusa, sin pruebas, de editar artículos sobre personalidades y exigir pagos para cambiar el contenido.
A partir de la información publicada en un portal web, el Estado vulnera los derechos de Costero por su relación y trabajo voluntario con la Fundación Wikimedia. En el año 2019 iniciaron los problemas estatales en contra del portal web, que bloqueó de forma ilegal Wikipedia en Venezuela, después de darse una denominada guerra de edición3 en el perfil biográfico de Juan Guaidó, pues los editores no acordaban si era o no Presidente del país.
Wikimedia Venezuela emitió un comunicado exigiendo conocer cuál era la causa del bloqueo, recordando que la Wikipedia sirve para la educación y que esta medida de censura vulneraba este derecho y la libertad de expresión. Una semana después ya se podía acceder a la página desde Venezuela, sin una notificación formal al respecto a pesar de que cualquier bloqueo web, para ser legal, debe darse únicamente después de la sentencia de un juez.
Del Saime al CICPC
El 17 de octubre de 2022 Óscar Costero se dirigió a la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime) en Caracas, pues al intentar ingresar en el portal web de la institución para solicitar la renovación de su pasaporte, el sistema no le permitió acceder y arrojaba el mensaje “Tiene que dirigirse a la oficina central del Saime”. Así empezó una serie de violaciones de derechos.
Costero esperó para ser atendido en la sede principal del Saime, en Caracas, con el mensaje impreso que arrojaba el sitio web. Al llegar su turno, muestra el papel y cuenta: “la chica de la entrada me dice que eso es prohibición de salida del país. Me mandaron a una taquilla donde esperé una hora, y de ahí me suben al piso tres a la Oficina de previsiones de salida”4. La funcionaria que le atendió no quiso identificarse, tardó cerca de dos horas buscando información sobre lo que sucedía, e indicó que debía averiguar si Costero tenía una investigación pendiente.
Después de investigar e imprimir documentos, la funcionaria obligó a Costero a firmar una declaración que decía que harían una averiguación de su nombre, “que había estado en el Saime y que no había presentado ningún maltrato mientras estaba en su sede”. A la voz de “fírmame esto y después te puedes ir”, Costero dejó sus huellas y su rúbrica en el papel5.
Posteriormente la funcionaria habló con su jefe en otra oficina, llamó a un policía que revisó a Costero y media hora después llegó una comisión de tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a las oficinas del Saime, lo detuvieron de manera arbitraria y trasladaron a la sede de Parque Carabobo bajo el pretexto de tomarle una declaración: “yo no podía decir que no”6, afirma el wikipedista. Una vez en el sitio, despojaron a Costero de todas sus pertenencias y lo mantuvieron incomunicado, sin explicar por qué estaba allí, violando el debido proceso.
Durante 45 minutos lo interrogaron sobre su vida personal y finanzas, destacando su profesión, a qué se dedica, el lugar donde trabaja y las funciones que ejerce, su domicilio, ingreso mensual, el monto que manejaba dentro de sus cuentas bancarias, si tenía dinero en cuentas internacionales y su vinculación con Wikimedia. Asimismo, le preguntaron la relación que mantenía con otras empresas que están asociadas a su vínculo familiar y con Santiago De Viana.
A Costero lo relacionan con Santiago De Viana, quien es editor en temas de política y también publicaba artículos sobre corrupción en Wikipedia. Costero explica que “por temas de ingenuidad De Viana tenía un pseudónimo en Wikipedia que era muy fácil de identificar su nombre real. A partir de allí empieza una difamación contra él específicamente”7, que incluía notas de blogs anónimas donde lo señalaban como “extorsionador de Wikipedia, que cobraba para publicar y lo relacionaban con un caso de narcotráfico”8.
En esas notas anónimas, también mencionan a Oscar Costero, quien explicó a Espacio Público que la persecución a través de artículos publicados en Internet inició meses después del apagón de 2019, con más intensidad a final del año en contra de Costero, De Viana y el capítulo Wikimedia Venezuela.
Los funcionarios no se identificaron durante la entrevista, no permitieron acceder al expediente del caso, no dejaron que Costero se comunicara con sus familiares ni abogados de confianza. Le dijeron que habían recibido información sobre la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales e instigación al odio, y solicitaron todas las direcciones donde podrían localizarlo y datos de contacto.
Silencio estatal, cronología de una defensa a ciegas
El 11 de noviembre de 2022 los abogados de Costero, de Espacio Público, conocieron que el caso está asignado a la fiscalía 94 nacional de derechos fundamentales. Una vez en esa fiscalía, informaron que estaban allí para acceder al expediente y presentarse como los abogados defensores de Oscar Costero, pero no les permitieron acceder a la información del caso con el pretexto de requerir la juramentación, que resulta imposible porque aún no hay un tribunal asignado a la causa.
El fiscal auxiliar Amundarian Durán Renny, indicó que la investigación fue remitida por la Fiscalía superior, inició el 05 de septiembre de 2022 y la última actuación corresponde al CICPC, con fecha del siete de octubre de 2022. A pesar de no darles acceso al expediente, comentó que si querían tener más información buscaran una noticia titulada: “Oscar Costero y Santiago de Viana extorsionadores de wikipedia”.
El fiscal afirmó que no sabían cuáles eran los presuntos delitos por los cuales investigan a Costero, y aclaró que hay una investigación abierta y que debían determinar si hay elementos para una acusación. Al respecto, señaló que el siguiente paso sería un allanamiento, antes del cual se comunicarían con la defensa de Costero para que estuviera presente. Por otra parte, comentó que no hay una medida sustitutiva de libertad de prohibición de salida del país, sino una alerta migratoria, la cual no supone una medida cautelar, sino un aviso ante una posible salida del país.
Después de dos visitas, el nueve de diciembre los abogados de Costero confirmaron que aún no había ninguna causa contra Costero en algún tribunal penal. En enero de 2023, en la fiscalía 94 no permitieron que los abogados de Espacio Público entregaran una diligencia que narraba la imposibilidad de acceder al expediente y de garantizar el derecho a la defensa del Wikipedista, desconociendo el poder que otorgó Costero. En esa ocasión, la fiscalía comentó que Oscar Costero y Santiago De Viana no están imputados.
Uno de los abogados de Espacio Público entregó el 19 de enero de 2023, un amparo por las irregularidades del caso en el ejercicio al derecho a la defensa de Oscar Costero y al debido proceso. El tres de febrero se dio la sentencia, que inadmitió el recurso, afirmando que lo sucedido contra Costero no constituye “un acto lesivo” para Costero, así mismo señalaron que el caso está en fase de investigación y que todavía no se ha producido alguna acusación.
Según la ley, el tribunal en funciones de juicio competente para conocer de este amparo, en esta primera fase solo puede inadmitir la presente acción cuando ocurra alguna de las causales dispuestas en el artículo de la Ley Orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, el juez fundamentó su decisión alegando que no se podría restituir la situación jurídica infringida; es decir, que no había ningún acto lesivo contra Óscar Costero.
Además de violar el derecho al debido proceso, el Estado niega que la detención arbitraria, incomunicación, negativa de otorgar un pasaporte, interrogatorio, imposibilidad de tener una defensa de su confianza, entre otros derechos vulnerados, sean violaciones a los derechos humanos de Oscar Costero.
Las restricciones al libre tránsito afectan los derechos de Costero, fruto de una investigación que constituye una persecución judicial contra Oscar Costero y Santiago De Viana. Exigimos que este hostigamiento judicial cese de inmediato, y se respete el derecho a la asociación y a la libertad de expresión de ambos ciudadanos, según lo consagrado en los artículos 67 y 57 de la Constitución y protegido por convenios internacionales que el Estado venezolano tiene la obligación de cumplir.
Además, exigimos que la defensa de Oscar Costero tenga acceso al expediente del caso, para garantizar así el derecho a la defensa y el respeto del derecho al debido proceso que ya ha sido vulnerado en este caso.
La libertad de asociación y de expresión son derechos humanos necesarios para la existencia de una sociedad democrática y para que sea posible un debate público plural y diverso, que permita el progreso personal y colectivo.
Referencias
