Las protestas de la ciudadanía organizada contra las medidas económicas interpuestas por el gobierno del Presidente Lenin Moreno como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, han tenido como respuesta por parte del Estado de Ecuador el uso excesivo de la fuerza contra la población. Esta represión desmedida por parte del Estado ecuatoriano ha generado cientos de personas heridas y detenidas ilegalmente, el uso de bombas lacrimógenas contra centros universitarios donde se encontraban familias, y lo más grave la muerte de varias personas.
Nos preocupa fuertemente que el Presidente Lenin Moreno haya declarado estado de excepción en el país, suspendiendo así los derechos de reunión y asociación; para posteriormente, y de manera conjunta con el traslado de la sede de gobierno de Quito a Guayaquil, haya limitado también el derecho a la libertad de tránsito. Reiteramos que es una obligación de los Estados, reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, permitir el desarrollo de la protesta social así también de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población.
Las organizaciones regionales de defensa y promoción de los derechos humanos demandamos al gobierno ecuatoriano el cese de la violencia, de la represión y de las detenciones ilegales contra las y los manifestantes, sobre todo contra los pueblos indígenas, los sindicatos y toda la ciudadanía organizada que ejerce su legítimo derecho a la protesta. También urgimos a los manifestantes a expresarse de manera pacífica. De igual manera, exigimos el cese de agresiones hacia las personas de prensa que cubren estos hechos y hacemos un llamado para que se inicie un diálogo que tenga como prioridad la protección de los derechos de toda la ciudadanía.
Finalmente, rechazamos el lamentable aprovechamiento que el gobierno ecuatoriano y diversos gobiernos de la región, así como actores políticos, han tomado para descalificar legítimas movilizaciones ciudadanas y criminalizar la protesta. Como organizaciones dedicadas al avance de los derechos humanos en las Américas condenamos el uso político en circunstancias tan graves, sobre todo cuando van en desmedro de los derechos fundamentales y exhortamos al ejercicio del derecho legítimo de protesta pacífica.
Suscriben:
• WOLA – Washington Office on Latin America
• Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú – CNDDHH
• PROVEA de Venezuela
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas
• Acción Solidaria de Venezuela
• Civilis Derechos Humanos de Venezuela
• Movimiento Amplio de Mujeres Línea Fundacional-MAMLF de Perú
• Asociación Servicios Educativos Rurales – SER de Perú
• Unidad de Protección a Defensores y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala
(UDEFEGUA)
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
• Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS de Perú
• Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica de Perú – CAAAP
• Red por los derechos de la infancia en México, REDIM
• Fundación Ecuménica para el desarrollo y la Paz – FEDEPAZ de Perú
• Movimiento Jatarishun – Perú
• Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – Perú EQUIDAD
• APORVIDHA
• Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú
• Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez SJ. De México
• Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
• Fundación para el Debido Proceso – DPLF
• Equipo Peruano de Antropología Forense – EPAF
• Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer
• Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
• Instituto RUNA de Desarrollo y Estudios sobre Género
• Cooperacción
