El silencio continuado de funcionarios estatales sobre el paradero de Carlos Correa se suma a la violación a la garantía constitucional del habeas corpus, que fue denegado según información emitida por el Tribunal segundo de control, por cuestiones de forma que no responden a la lógica: exigen la dirección del cuerpo de seguridad agraviante, aun cuando se desconoce dónde está el defensor de derechos humanos, periodista, y director de esta organización.
El habeas corpus es una garantía de derecho que obliga a que la persona sea llevada a comparecer de forma inmediata y pública ante un Juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la ley y si debe mantenerse o interrumpirse, lo que permite conocer quién efectuó la detención y el lugar de reclusión de la persona. El procedimiento habeas corpus busca proteger al ciudadano ante una detención que se presume fuera de la ley; además evita que prolongue una detención si no hay motivos legales que la justifiquen.
Este mecanismo implica una actuación urgente y rápida pues está en riesgo la vida de una persona. Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad de Provea, además denunció que los tribunales están negando la recepción de los habeas corpus “y los que reciben, como actuó el Tribunal segundo de control, no actúan como les manda la Ley y la Constitución”. Alvarado agregó “La Directora de los tribunales de Caracas (Katherine Haringhton) tiene responsabilidad directa en el caso”.
El Estado es responsable de la salud e integridad de Carlos Correa, que fue detenido de forma arbitraria por funcionarios encapuchados sin identificación y permanece en desaparición forzada después de 7 días (al 14 de enero, 5:00 p. m). El Código Orgánico Procesal Penal establece que las personas detenidas deben ser presentadas en Tribunales dentro de las 48 horas siguientes, además de poder comunicarse con sus familiares y abogados de confianza para su defensa.
Es de conocimiento público que Carlos Correa es un defensor de derechos humanos, periodista, profesor, vecino y colega insigne, inocente de cualquier cargo que se le acuse. Además, las autoridades han sido informadas de su condición de salud, con padecimientos que deben ser tratado de manera continua e inmediata: su salud está en riesgo y el Estado es responsable de resguardar su integridad.
El Estado tiene la obligación de investigar, exigir y dar a conocer el paradero de Carlos Correa y de todas las personas detenidas de manera arbitraria y en desaparición forzada. En días previos y posteriores al 10 de enero, han sido denunciadas decenas de detenciones de este tipo contra personas del mundo político, activistas y defensoras de derechos humanos.
Exigimos al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que actúe como le manda la constitución. Familiares, amigos y colegas de Carlos Correa ha visitado a diario los centros de reclusión en Caracas y en todos ellos las y los funcionarios niegan su paradero y se rehúsan a ofrecer más información. Estas prácticas han sido documentadas por organizaciones nacionales e internacionales en otros casos, son crímenes de lesa humanidad que no prescriben.
