Una funcionaria de la Milicia Bolivariana trató de impedir que el ciudadano Ronaykel Aristeguieta grabara una irregularidad que ocurrió en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas, donde no lo dejaron recargar su tarjeta ni ingresar a los andenes.
El hecho ocurrió luego de que Aristeguieta hiciera un reclamo en la entrada de los torniquetes, donde estaba la miliciana, porque en la taquilla no lo dejaron recargar con su tarjeta de débito ni con dinero en efectivo. Al ciudadano lo mandaron a hacer una fila de personas que debían esperar a que otros ciudadanos les hicieran el favor de pasarlos.1
Aristeguieta comenzó su reclamo luego de observar que una ciudadana intentó comprar una tarjeta del Metro y no lo logró porque no había, por lo que también la mandaron a hacer la fila de espera.1
“Yo le digo a la miliciana que eso estaba muy mal hecho, porque aquellas personas que están pagando el sistema o, en mi caso, que lo quiero pagar estamos contribuyendo al bienestar del sistema; mientras que todos aquellos que están haciendo esa cola y no están pagando nada lo que hacen es perjudicar el sistema”, dijo Aristeguieta a Espacio Público.1
El ciudadano agrega que, ante el reclamo, la miliciana se molestó, le respondió de mala manera y le dijo que ahora no iba a pasar el torniquete. En ese momento, Aristeguieta comenzó a grabar y seguía reclamando cuando otra miliciana le dijo que no podía hacer videos del suceso.1
La miliciana le indicó que no la grabara y se le fue encima al ciudadano. “Comienza a manotearme el teléfono, le digo que la voy a denunciar y se vino hacia delante. Yo la estaba grabando y la señora hacía como si nada; de hecho, en la grabación se escuchan hasta groserías”, dijo.1
El Metro de Caracas es una empresa pública que presta servicio público, por lo que todas las y los ciudadanos tienen el legítimo derecho a exigir mejores condiciones y a denunciar las irregularidades que ocurran, especialmente cuando los responsables son funcionarios del Estado.
La acción en contra de Ronaikel Aristeguieta representa una violación de su derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la protesta y a la libre circulación, y es consecuencia de años de censura y hostigamiento hacia la libre expresión como política de Estado. Ninguna norma o reglamento puede impedir que la ciudadanía documente y reporte hechos que ocurren en espacios públicos y afectan a la colectividad.
