Periodistas del diario La Verdad de Vargas fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cercano a Caracas, por hacer cobertura de las quejas de 154 pasajeros de Aeropostal a quienes les cancelaron el vuelo a Maracaibo, el 23 de agosto. Luisana Herice, periodista, y el camarógrafo Alexis Chique permanecieron más de una hora retenidos y fueron amenazados con prisión por efectivos de seguridad pública si no borraban el material que habían grabado.
Desde tempranas horas de la mañana 154 pasajeros se quejaban y protestaban en Maiquetía porque no pudieron abordar su vuelo hacia Maracaibo, estado Zulia, ya que la Aerolínea no contaba con los permisos de vuelo1.
#Ahora | Pasajeros exigen a la aerolínea Aeropostal, cumplir itenerario de vuelo con destino a Maracaibo pic.twitter.com/Y9vqb7TDwc
— La Verdad de Vargas (@LaVerdadVargas) 23 de agosto de 2017
Mientras hacían fotos y entrevistas, los periodistas fueron abordados por el Jefe de operaciones del Aeropuerto, Jafeth Valencia: “nos dijo que no podíamos estar allí, no podíamos hacer entrevistas y mucho menos tomar fotos” aseguró Herice2; al preguntar las razones por las cuales no podían realizar su trabajo, el funcionario respondió “bastante alterado” que no estaban autorizados y debían retirarse.
Minutos después, los pasajeros empezaron a cuestionar las órdenes exigiendo razones por las cuales los periodistas no podían estar allí; ante la insistencia de los funcionarios del aeropuerto, el equipo de La Verdad de Vargas decidió retirarse del lugar. Al salir, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y el Jefe de Operaciones, los abordaron exigiendo que entregasen el celular y la cámara “porque nos iba a borrar el material que teníamos. Nos negamos y pedimos que nos dijera qué parte de la Constitución decía que nosotros no podíamos hacer trabajo periodístico allí”.
Herice contó que Valencia los amenazó con detenerlos por “delitos informáticos”; aún así se negaron a entregar los dispositivos, por lo que fueron obligados a ir al departamento de prensa del Aeropuerto para corroborar que tenían permiso de trabajar en el sitio, bajo amenaza de borrar el material en caso de que no tuvieran autorización.
En el Departamento de prensa, los funcionarios les indicaron que no estaban autorizados porque debían “haber enviado un correo donde explicáramos los motivos por los cuales íbamos a estar en el Aeropuerto, donde se dijera qué periodista y qué camarógrafo iba a ir, la hora en que íbamos a llegar y la hora en que nos íbamos a ir”. Además, debían esperar la aprobación a través de una respuesta al correo electrónico porque “el ministerio de transporte tenía que autorizar” que hicieran cobertura en Maiquetía.
Herice explicó que notificaron al departamento de prensa del Aeropuerto que estarían trabajando en el lugar, como lo habían hecho en ocasiones previas, “porque ellos tienen que hacer un acompañamiento al trabajo”. Después de una hora y media retenidos en las oficinas de prensa de Maiquetía, lograron que no les fuera borrado el material: “la jefa de prensa del Diario La Verdad acudió al lugar y habló con la directora de Comunicaciones, Jessica Prato”.
Prato alegaba que el equipo de La Verdad de Vargas había “entrado arbitrariamente, que era una falta de respeto que no siguiéramos los canales regulares para trabajar allí en el aeropuerto”, según narró la periodista. Además, la jefa de prensa del Aeropuerto aseguró que “de no seguir el lineamiento indicado, iban a continuar ese tipo de situaciones (…) porque ellos son los encargados de decirnos si podemos o no podemos trabajar allí”.
Efectivamente, los trabajadores de los medios pueden registrar los hechos en cualquier espacio público siempre que no esté declarado como zona de seguridad. Además, la solicitud de notificaciones de autorización restringen el libre ejercicio de los periodistas ya que estarían sujetos a la aprobación o no de un funcionario discrecionalmente, sin normas por escrito ajustadas a las leyes nacionales e internacionales y que establezcan parámetros que garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión en sus tres dimensiones: buscar, difundir, y recibir información libremente.
Por otra parte, la revisión de teléfonos, cámaras u otros dispositivos sólo es legal cuando se ejecuta con una orden judicial que indique cuáles son los contenidos que se están buscando, en el marco de una investigación.
