Excarcelan a los seis sindicalistas que habían sido condenados a 16 años de prisión

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Los activistas y dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Nestor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron excarcelados en la tarde de este miércoles, 20 de diciembre, tras más de 500 días de haber sido detenidos injustamente y condenados a 16 años de prisión.

La ONG Provea informó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que los sindicalistas estaban recluidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, al suroeste de Caracas. Los seis dirigentes fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en diversos lugares del país.1

Desde sus detenciones, familiares y el equipo legal de las víctimas detallaron que la Fiscalía basó las pruebas de la parte acusatoria a un hombre que identifican como “patriota cooperante” y del que no se conoce más que un supuesto nombre de “Adalberto”.

“El gobierno de Nicolás Maduro arremetió contra los activistas por protestar, defender los derechos humanos y haber participado en las protestas nacionales de los años 2014, 2017 y 2019. No solo que estaban en la protestas de la Onapre, sino en la calle con los venezolanos que exigen cambios en Venezuela”, dijo en agosto del año pasado el abogado de las víctimas, Eduardo Torres, al medio digital Crónica Uno.2

El 2 de agosto, la jueza Grendy Luque condenó a los activistas y dirigentes sindicales por supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir, bajo una pena de 16 años de prisión en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, donde se criminalizaron sus legítimos derechos a la asociación, huelga, a defender derechos y a la libertad de expresión, entre otros.

En un año y dos meses de juicio, el único testigo de la denuncia nunca se presentó, señaló Provea. La ONG Coalición por los Derechos Humanos indicó que las únicas pruebas de la Fiscalía fueron capturas de pantalla y publicaciones de Twitter. Además de las irregularidades del juicio, las detenciones fueron procedimientos fuera de la ley que no cumplieron con el debido proceso.

A Gabriel Blanco, por ejemplo, los funcionarios lo apuntaron con un arma de fuego y se negaron a mostrar la orden de detención en su contra, que llegó seis horas después y decía que debía realizarla el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

El arresto, enjuiciamiento y condena sin evidencia clara, todo dentro de un proceso viciado e irregular, en violación del debido proceso, forman parte de una política de hostigamiento e intimidación que ejecutan diferentes cuerpos del Estado con el fin de limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes que critican la gestión gubernamental.

Su excarcelación, de la cual aún no se conocen detalles ni medidas judiciales tomadas, ocurrió en un contexto de negociación política entre el gobierno de Maduro y el gobierno estadounidense de Joe Biden, que incluyó a 10 ciudadanos estadounidenses y otra decena de presos políticos.3

A cambio, EE. UU. otorgó la libertad al empresario colombiano cercano a Maduro, Alex Saab, acusado de presunto lavado de dinero y señalado de ser uno de los principales presuntos testaferros en entramados de corrupción dentro del Ejecutivo venezolano.

Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, expresó a través de X (antes Twitter) que con la liberación de varios estadounidenses y de Alex Saab se confirma el “canje humanitario” que la organización había propuesto en el pasado.4

Sin embargo, resaltó que en Venezuela aún quedan 290 presos políticos que necesitan ser liberados. 

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