Excarcelado con medidas cautelares el dirigente sindical Jean Mendoza

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El tribunal quinto de control dictó, la tarde del 17 de enero, una medida sustitutiva de libertad bajo régimen de presentación cada 30 días al trabajador de la transnacional Masisa, Jean Mendoza, luego de su detención el domingo 15 de enero. Además, no puede declarar sobre el tema y tiene prohibición de salida del país.

Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, publicó la información en sus redes sociales: 

“Hoy 17 de Enero dejan en libertad condicional con presentación cada 30 días y prohibición de salida del País al Dirigente Sindical de la Empresa MASISA Jean Mendoza. Le damos Gracias a Díos por su libertad y seguimos creyendo que es un atropello a la Libertad y Autonomía Sindical”. 1

El sindicalista fue detenido en el Centro Comercial Costa Atlántico, en Puerto Ordaz, por una comisión del Cicpc, cuando sostenía una reunión con compañeros recién electos delegados de higiene y seguridad. Su equipo de defensa declaró al portal web El Pitazo que el 19 de diciembre de 2021 la empresa realizó la denuncia por instigación al odio ante la Fiscalía 15 de Ciudad Guayana. 2

La detención ocurrió después de que Mendoza denunciara las irregularidades laborales ocurridas en la maderera. En julio de 2021 interpuso una denuncia sobre despidos injustificados ante el Ministerio Público. 

La excarcelación de Jean Mendoza y las medidas cautelares que se le imponen no concluyen su caso ni significan su libertad. La sentencia del tribunal vulnera sus derechos, además, mantiene el proceso judicial abierto y la víctima queda atada al sistema de justicia, de manera que aún se le investiga. Del mismo modo, la prohibición de declarar a los medios impone una censura previa contra el detenido, violando su libertad de expresión e impidiendo que se conozcan las condiciones de reclusión y de hacer pública las irregularidades sobre el caso.

Desde Espacio Público rechazamos la persecución a los dirigentes sindicales y recordamos que defender los derechos laborales es un derecho establecido en la Constitución y protegido por pactos internacionales bajo el derecho a la asociación. 

El Estado convierte a personas que exigen sus derechos en   víctimas de estigmatización, persecución policial y legal; sufren amenazas, restricciones a su libertad de expresión y detenciones arbitrarias. Estas acciones afectan negativamente la integridad, la seguridad y el trabajo.

El Estado venezolano utiliza los medios públicos para criminalizar la protesta laboral y así acallar las voces incómodas. La persecución contra los dirigentes de los trabajadores atenta contra el derecho a la libertad de asociación que es también un instrumento para lograr el pleno disfrute de otras garantías.

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