Espacio Público recalcó que persisten los patrones de persecución, hostigamiento y criminalización de periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía en general por expresarse de forma crítica al poder en audiencia pública sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, celebrada el 22 de junio como parte del 184° período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público, destacó que en los últimos años se han profundizado los atropellos a la libertad de expresión en el país como consecuencia del afinco de órganos censores como Conatel, que sumado al cierre continuado de medios críticos, insiste con la política de bloqueos de portales digitales de noticias.
“Conatel es el principal factor depredador de la libre circulación de información. A nivel local y regional no hay libre información porque hay estados que ya no tienen acceso a información independiente”, dijo Correa ante la CIDH.
El defensor de derechos humanos destacó que las restricciones que siguen agravándose son “consecuencia de una política de Estado que restringe la libertad de expresión”, pues de acuerdo con el mapa de medios elaborado por Espacio Público 80 % de los medios están censurados (por ser emisoras de radio o canales de televisión) y otro 10 % -que son portales digitales- enfrentan bloqueos gubernamentales.
“Hay una reducción importante de la libre información en un contexto con muchos bloqueos, incluso por parte de proveedores privados de internet que ejecutan las órdenes de Conatel sin ningún tipo de escrutinio o rendición de cuentas a los afectados”, señaló.
Correa añadió que la persecusión sostenida, el acoso hacia periodistas y defensores de DD. HH. y el incumplimiento del debido proceso en casos judiciales relacionados, son otros componentes que vulneran el derecho a la libertad de expresión en el país y generan un ambiente más hostil.
En ese sentido, la coordinadora del Observatorio Social de Espacio Público e investigadora del CDH-UCAB, Marysabel Rodríguez, recalcó en la audiencia de la CIDH que Venezuela atraviesa una crisis de larga duración que entre 2020 y 2021 se agravó como consecuencia de la pandemia, vulnerándose aún más derechos como el de la libertad de expresión.
Rodríguez destacó la persecución a la que se han enfrentado los trabajadores públicos en el país, que han sido incluso detenidos por denunciar situaciones en sus empleos, difundir información de interés público y cuestionar la gestión gubernamental en distintas áreas. Ejemplo de esto lo conforma el personal de salud que ha alertado la situación sanitaria, trabajadores como Eudis Girot, que continuamente denuncian la crisis que atraviesan las empresas del Estado.
La investigadora recordó que en último mes se han intensificado los casos de persecución y criminalización contra activistas de DD. HH. y miembros de partidos políticos de oposición que han hecho uso de su derecho a la libertad de expresión.
En ese sentido, destacó la detención de cuatro activistas que fueron sometidos a desaparición forzada por protestar y pintar murales en una vía pública, y la agresión contra organizadores y miembros de oposición que se encontraban en un evento al que acudió el dirigente Juan Guaidó.
Rodríguez además alertó sobre las iniciativas legislativas que adelanta la Asamblea Nacional de mayoría oficialista que podrían vulnerar el derecho a la libertad de expresión, entre ellas un proyecto de ley que pretende regular las redes sociales y se encuentra en fase de estudio en el Parlamento.
Ello sumado al proyecto de ley de cooperación internacional -o ley antisolidaridad– que está en su fase más avanzada del proceso de aprobación desde 2016 “y amenaza la existencia de organizaciones autónomas”. La iniciativa oficial crearía nuevos requisitos a discreción para que las organizaciones no gubernamentales operen en el país, so pena de anularse si no los cumplen- y afectará también a millones de personas beneficiarias directas e indirectas de sus programas.
La CIDH es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), comisión encargada de promover y proteger los derechos humanos en la región. Esta sesión en particular contó también con la participación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) y la ONG Un Mundo Sin Mordaza.
