Durante la sesión de adopción del tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), Espacio Público reiteró que en Venezuela se sigue reprimiendo el espacio para la sociedad civil y que las restricciones a la libertad de expresión continúan a pesar de que el Estado aceptó algunas recomendaciones.
“Lamentamos que Venezuela solo haya aceptado 27 de las 53 recomendaciones que recibió sobre el espacio cívico durante este tercer ciclo”, dijo en la sesión del EPU el Director Ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa.
Correa recordó que Venezuela se comprometió a velar por el trabajo de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personal humanitario, “pero la persecución judicial sigue”. Solo en 2021 hubo 244 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión y 35 personas fueron detenidas arbitrariamente, según el último informe de Espacio Público.
“Las autoridades adoptan un discurso descalificador que busca justificar los ataques al ejercicio de la libertad de asociación y expresión (…) En el último año, al menos 8 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas y con procesos penales en su contra”, destacó Correa.
En el EPU participaron Venezuela y otros nueve países, ante esa audiencia, Correa señaló que mientras el proceso del examen estaba en curso, se anunció un proyecto de ley para controlar los fondos de la cooperación internacional en el país.
“En los últimos cinco años, Venezuela promovió restricciones injustificadas al espacio cívico, incluyendo los derechos a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas en 2016, implementó parcialmente 7”, dijo Carlos Correa.
Entre las limitaciones a la libertad de expresión que persisten en el país, Correa destacó que actualmente hay al menos 45 portales de noticias bloqueados en Venezuela por órdenes de Conatel a empresas públicas y privadas proveedoras de internet y, entre enero y abril de 2022, 43 periodistas fueron víctimas de restricciones ilegítimas para hacer su trabajo.
Espacio Público y Civicus llamaron al gobierno venezolano a que tome medidas concretas para abordar las preocupaciones expuestas, incluyendo: la derogación de las restricciones legales indebidas a la sociedad civil y a la prensa; la restitución de los medios de comunicación cerrados injustificadamente; el cese de la censura; y la liberación plena de todas las personas detenidas por expresarse y defender derechos.
