Al biólogo Jaime Requena el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) no le ha dado respuesta por el recurso que introdujo el 9 de marzo de 2009 pidiendo el pago de sus prestaciones correspondientes a los años ochenta y noventa; ni le ha dicho nada con res-pecto a la carta que envió el 2 de abril de 2009 para pedir su jubilación del organismo. Tampoco el ministro Jesse Chacón ha contestado la misiva que envió el científico a su despacho, el pasado 15 de abril, para pedirle una audiencia en la que pudieran discutir sobre su despido, el cual considera ocurrió por diferencias políticas.
Lo único que Requena tiene claro es que una carta, firmada el 13 de abril de 2009 por el presidente de la Fundación IDEA, Prudencio Chacón, puso fin a su carrera de 41 años al servicio de la Ciencia. Aunque, según cuenta, las piedras de tranca en el ejercicio de su profesión vienen presentándose desde mucho antes. En 1997, el investigador inició una batalla legal de 12 años en los tribunales venezolanos, luego de que fuera destituido del IDEA sin que se siguieran los procedimientos correspondientes. En 2005 fue reengan-chado al instituto, pero tuvo que llevar sus propios muebles y equipos para poder trabajar.
“No comparto la visión política del Ministerio de Ciencia y Tecnología como tampoco de las autoridades del IDEA. Durante el único encuentro que tuve con Chacón, me re-clamó la carta a Nature. Dijo que él, en lo personal, y el ministerio estaban profunda-mente molestos y que se encargarían de cobrar esa carta. También dijo que estaba en el IDEA como un comisario político. No lo puede negar. Lo dijo en mi cara”, señaló Re-quena en una entrevista concedida al diario El Nacional, el 24 de abril de 2009.
Más científicos. Pero el caso de Requena, que continúa sin avanzar, no es el único simi-lar que ha ocurrido en el mundo científico. Un listado de investigadores que han mere-cido premios nacionales, hoy están fuera del país porque se les hizo imposible trabajar para el Estado, al no pensar como el Gobierno. Los que aún siguen en Venezuela, de-muestran su descontento con gestos como el que ocurrió durante el foro “La Ciencia ba-jo Amenaza”, realizado el pasado mes de mayo, donde un grupo de investigadores del IVIC se paró en silencio por un minuto en la tarima, mientras voceros de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia dijeron por ellos: “No pueden hablar porque no están autorizados a hacerlo”.
Los casos de la bióloga nutricionista María de las Nieves García y el físico Claudio Mendoza son similares: ambos revelaron en sus estudios información inconveniente para el Gobierno y fueron sancionados por ello. En 2005, García dio a conocer una inves-tigación que advertía que cerca de 70% de los niños menores de 2 años de edad que acudían a los ambulatorios de tres estados presentaban anemia y que, además, las harinas de maíz precocido vendidas por Mercal no eran enriquecidas con hierro, como de-mandaba la ley. El ministerio cuestionó la ética de la investigadora y las autoridades del IVIC no la defendieron. En 2006, el mismo ente científico despidió a Mendoza por haber publicado un artículo en el diario El Nacional, para alertar sobre el desarrollo de energía nuclear en el país impulsado por el presidente Hugo Chávez.
Si se toman en cuenta las órdenes que dio el presidente Chávez el 7 de mayo de 2009 al ministro de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, no son de extrañar casos como los mencionados. En esa ocasión, el mandatario dijo sobre el IVIC: “En muchas institucio-nes de esas todavía quedan escuálidos, Jesse, ¡que se vayan con su escualidismo pa' otro lao'! Socialismo o muerte”. Y así ha sido. Por ejemplo, el científico José Rafael López Padrino trabaja ahora en el laboratorio de Anestesia Molecular de Harvard, en Boston. Pues, cuando intentó regresar de su año sabático al IVIC, se encontró con que su acceso a la cuenta interna de correo electrónico había sido bloqueado, porque los correos que enviaba fueron considerados de carácter político. Entonces, y ante las piedras de tranca, prefirió retornar a Estados Unidos.
