Durante 2022 desde Espacio Público llevamos a cabo 67 talleres sobre acceso a la información pública (AIP) en alianza con distintos actores sociales, en los que participaron más de 700 personas, en su mayoría mujeres.
De este total de talleres, unos 60 se llevaron a cabo con comunidades locales de siete estados de Venezuela con el objetivo de desarrollar capacidades y usar herramientas que permitan a los y las participantes exigir información sobre aquellos aspectos que influyen en su cotidianidad. El primer contacto se realiza siempre con alguna persona de la localidad, quien funge de enlace. Por ser vecinos, el proceso de recepción de información y ejecución de lo aprendido fluye con mayor facilidad.
Impulsamos dos tipos de encuentros: Acceso a la Información Pública, con un perfil más teórico; y El Pueblo Pregunta, más práctico. Ambos están dirigidos a la ciudadanía en general: docentes, amas de casa, estudiantes, profesionales, funcionarios públicos y líderes de comunidades.
El contenido impartido es adaptado al contexto, el núcleo es la información pública y cómo acceder a ella. Este derecho incluye todo tipo de datos recogidos en documentos, expedientes, reportes, estudios, actas, contratos o cualquier otro registro que dé cuenta del ejercicio de los organismos públicos.(1)
La promoción y defensa de este derecho busca que se instale un gobierno abierto, poniendo el foco en las comunidades y sus intereses, de ahí la importancia del derecho de petición, que permite ejercer contraloría sobre las personas con cargos públicos y la administración que ellos hacen de los recursos del Estado. (2)
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El acceso a la información pública en la ley
Los derechos abordados en el proceso de formación están consagrados en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en nuestra Constitución, que establece en los artículos 51 (3) y 143 (4) el derecho de acceso a la información pública como mecanismo que permite conocer sobre el actuar de los y las funcionarias y promover la rendición de cuentas.
En Venezuela también está vigente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, sancionada en 2021, que desarrolla varios puntos sobre el derecho de AIP: los sujetos obligados, las responsabilidades del Estado para responder las solicitudes, la información disponible, el tiempo de respuesta y su alcance.
A través de este proceso de formación brindamos herramientas para la realización de una petición de información, con base en la ley anteriormente mencionada. Además, los participantes reciben un cuadernillo que complementa toda la información impartida, incluyendo un modelo de petición.
Este proceso posibilita un crecimiento social y fortalece a los actores de las comunidades, ya que la mayoría de estas personas vive por primera vez una experiencia directa con el derecho. Quienes participan en el taller siempre muestran interés y entusiasmo ciudadano por la manera en que esto puede aportar en la resolución de sus problemáticas.
Los casos de éxito de años anteriores (5) evidencian que estar informada o informado siempre ayuda a identificar las barreras o dificultades existentes dentro de la comunidad.
Lo más importante de este proceso formativo es el enfoque que se pone en cada comunidad: la búsqueda de soluciones reales a sus problemas sociales.
La mayoría de las comunidades hicieron listas de los problemas que las afectan directamente, el 90% está relacionado con servicios públicos pertenecientes al ámbito de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).
En el estado Mérida, los vecinos expresaron su motivación por hacer peticiones de información, y concretaron varias iniciativas ante los entes u órganos responsables:
Los problemas que enfatizaron son comunes: asfaltado de vías públicas, tratamiento de aguas servidas, transporte público, iluminación pública, electricidad, aseo urbano, aumento en el precio de los alimentos, entre otros.
Señalaron algunos problemas de gran impacto como la falta de datos relacionados con el COVID-19 y otras enfermedades padecidas en la zona. También mostraron preocupación por el servicio de internet y la seguridad ciudadana. En relación a este último punto, se comentó que la violencia de género está presente en la mayoría de las zonas.
En el estado Táchira se pudo constatar la existencia de problemas con el servicio eléctrico, asfaltado, servicio de comunicación como CANTV y aseo público. En el barrio 17 de Diciembre, del municipio Ayacucho, manifestaron incomodidad por el incremento del nivel de un río cercano, situación que padecen en épocas de lluvia.
Además, los ciudadanos aprovecharon la ocasión para expresar el miedo a represalias, ya que han tenido algunos altercados con entidades públicas por la distribución de gas, especialmente con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
La ciudadanía ha enfrentado algunas barreras en el ejercicio de sus derechos, una de ellas es el desconocimiento de las y los funcionarios sobre las solicitudes de información pública. Esto se origina en la poca preparación que tienen.
Algunos se muestran renuentes al recibir las solicitudes, no conocen los lapsos establecidos por ley para la respuesta, ni las formalidades para el envío de la información, lo que implica un obstáculo adicional para la ciudadanía que busca pronta respuesta a sus preguntas.
Sin embargo, funcionarios y funcionarias en algunas regiones desean obtener formación sobre Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública. A este grupo en particular les facilitamos encuentros especiales que buscan fortalecer su nivel de respuesta a las problemáticas relacionadas con su cargo, mejorando su desempeño y su compromiso al atender cada una de las solicitudes en conformidad con la ley.
Ellos mismos han sugerido procesos de formación en materia de leyes que les permitan manejar información básica necesaria, pues aseguran desconocer muchos instrumentos legales y el alcance que pueden tener. La motivación de las y los funcionarios por conocer estos derechos puede traducirse, a mediano o largo plazo, en soluciones a las problemáticas que se presentan en las comunidades.
Por un gobierno abierto
Esperamos que durante el 2023 el ejercicio de las funciones públicas sea mucho más abierto, por parte de quienes representan los órganos, entes e instituciones de la administración pública.
Tanto en Zulia como en Táchira y Mérida realizamos talleres para funcionarios públicos. Concretar estas jornadas resultó significativo porque es una manera indirecta de ayudar a las comunidades. Lo más importante que recogimos fue la necesidad de más equipos tecnológicos para poder llevar a cabo el trabajo en el estado Zulia.
Además de esto, la Alcaldía de Maracaibo puso a disposición de la ciudadanía un portal web a través del cual pueden enviar sus solicitudes o denuncias, e instaló dos equipos en su propia sede para que las personas puedan realizar estos trámites si no pueden hacerlo desde otro lugar.
Son avances que permiten vislumbrar un gobierno abierto al desarrollo de las soluciones. Aunque la sola iniciativa no es un indicador de acceso a la información pública, es necesario que se sigan promoviendo avances como este.