Efectivos de la policía del estado Portuguesa intimidaron y hostigaron verbalmente el miércoles 27 de julio a la periodista Nayari González, del medio Portuguesa TV, cuando cubría el cierre de unos locales comerciales cerca del hospital Dr. Jesús María Casal Ramos de Acarigua-Araure.
La reportera dijo a Espacio Público que hizo la cobertura luego de que los afectados la llamaran ante un procedimiento que estaba realizando el organismo de hacienda de esa entidad. El proceso inició a las 2:00 p. m. y González llegó a las 4:40 p. m.1
Cuando la periodista empezó a grabar lo que estaba ocurriendo, dos funcionarias de PoliPortuguesa la abordaron y le pidieron que se retirara del lugar, “que no podía estar allí” y cuenta que también le pidieron credenciales.1
“Yo seguí grabando y una funcionaria me dijo que no podía grabar y que borrara, cómo me negué, me dijo que la acompañara hasta donde estaba el comandante de Araure, Johan Rumbos”, dijo González.1
El funcionario Rumbos le reiteró que no podía grabar porque era un procedimiento y la instó a borrar las imágenes y el material grabado. Un funcionario del Concejo Municipal, que González no logró identificar, le pidió que borrara también de la papelera y tildó a los periodistas de “exagerados”.1
La comunicadora social les reiteró que estaba ejerciendo su derecho a informar como periodista, que la acción de PoliPortuguesa estaba afectando su labor y que no podía impedirle grabar. Aún así, los funcionarios insistieron en que borrara el material y que podía grabar después de que ellos se retiraran.1
Minutos después de haber borrado el material audiovisual, Nayari González intentó grabar desde otro ángulo del lugar, pero una funcionaria le tocó el hombro y le dijo que no siguiera grabando, porque “ya habían hablado” con ella.1
El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos que deben garantizar todos los funcionarios y órganos del Estado, conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Negarle a un periodista la cobertura de un hecho noticioso no solo vulnera su labor, sino que impide que la ciudadanía esté al tanto de lo que ocurre en su comunidad.1
