El 13 de mayo de 2015 el presidente de la AN aseguró a través del canal de Estado que “Rafael Uzcátegui, encargado de la ONG Provea, y Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, salieron hacia Panamá el sábado 09 de mayo con destino final a la ciudad de Lima, Perú, donde participarán en un foro de derechos humanos junto a otros integrantes de ONG de países latinoamericanos. Luego de esta actividad viajaron a Chile donde se encontrarán con Marino Alvarado, integrante del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y quien lleva tiempo fuera del territorio nacional”.
Explican las organizaciones, en el comunicado elevado al Ministerio Público, que “si bien la información sobre nuestros itinerarios de viaje y nuestras actividades internacionales es posible obtenerla por otras fuentes, el detalle de nuestro encuentro con el ciudadano Marino Alvarado en Santiago de Chile, quien se encuentra desde hace meses fuera del país y con quien solo tenemos contacto por medios digitales, solo era posible conocerlo mediante la intervención de nuestras comunicaciones electrónicas”.
Provea y Espacio Público condenan estas acciones que violan el artículo 48 de la Constitución Nacional, el cual reza: “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
En virtud de este mandato solicitan a la Fiscal General de la república lo siguiente:
-Que informe, tanto a Provea como a Espacio Público, si existe una investigación en nuestra contra que haya autorizado a un tribunal la emisión de la orden judicial de interferir nuestras comunicaciones. Si tanto la investigación como la orden judicial existen, que se inicie una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por revelación de información que no guarda relación con el eventual proceso iniciado en nuestra contra.
-Si no existe orden de un tribunal para interferir las comunicaciones de Provea y Espacio Público, solicitamos el inicio de una investigación contra el ciudadano Diosdado Cabello por la violación del artículo 48 de la Carta Magna, el cual establece que: “Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente proceso”.
-Un pronunciamiento público por parte del Ministerio Público sobre la vigencia en Venezuela del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas tal como se encuentra garantizado en el artículo 48 de la Constitución.
Antecedentes
Entre 2014 y 2015, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha empleado, de forma recurrente, el sistema nacional de medios públicos para criminalizar la labor de activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) registró entre octubre y diciembre de 2014, descalificaciones y hostigamiento contra 165 activistas de derechos humanos, políticos y periodistas por parte del diputado Cabello a través de su programa televisivo. Esta conducta se han intensificado a raíz de la participación de las ONG de derechos humanos en las en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en otros escenarios de evaluación y monitoreo a la situación de los derechos humanos de nuestro país.
La Declaración de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, consagra la “necesidad y obligación de los Estados de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el desempeño de su labor”. Asimismo, en un contexto creciente de amenazas y criminalización de las actividades de las ONG, la CIDH ha expresado su alarma ante los continuos actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de derechos humanos, y ha instado al Estado venezolano a garantizar que las ONG puedan ejercer sus labores en un entorno libre de amenazas y obstáculos.
