Dgcim hostiga a dos periodistas que cubrían las colas de la gasolina

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Mariana Duque y Zulma López , corresponsales para el estado Táchira de los portales El Pitazo Analítica, fueron hostigadas por un funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mientras realizaban la cobertura de las largas colas por gasolina que afectan a los ciudadanos tachirenses la mañana de este 27 de noviembre.

En entrevista teléfonica para Espacio Público, Mariana Duque, comentó que se encontraba fotografiando las colas para surtir gasolina pues en San Crístobal el ciudadano pasa en colas más de diez horas, cuando un ciudadano se les acercó y con gritos les ordenó borrar el material, ella lo increpó preguntandole quien era y éste se identificó como funcionario de la Dgcim.

“A gritos nos dijo: me borran esas fotos de inmediato, es una orden”1.

En el momento que la periodista discutía con el funcionario se acercaron cinco personas que se encontraban en la cola intercediendo por las periodistas y acusándolo de que estaba cobrando en dólares para colear a personas en la cola.

 “Le exigí respeto a mi trabajo y le pedí que no me gritara, y los señores en cola le dijeron que todo su problema es porque estaba coleando gente y cobrando en pesos”2.

Luego del incidente y dado que el funcionario permaneció discutiendo con las personas de la cola mientras las periodistas seguían realizando entrevistas en la cola, sin embargo, cuando se dieron cuenta el funcionario estaba inspeccionando el carro de López.

“El hombre se movió mientras entrevistamos y cuando nos dimos cuenta estaba dándole vueltas al carro de Zulma. Cuando corrimos hacía allá, él corrió y se montó en un carro y se fue. A simple vista el carro no tiene nada, pero no sabemos si pretendía abrirlo o hacerle algo y al final no pudo”3.

Solo en el mes de octubre registramos 20 casos de intimidación donde las víctimas generalmente son periodistas o personal de algún medio de comunicación, siendo los principales victimarios funcionarios de cuerpos de orden del Estado. Ningún periodista debe ser hostigado ni amenazado por ejercer su función de informar, estas violaciones trascienden el derecho individual de la víctima a trabajar con un mínimo de condiciones que le permita realizar su labor con libertad y afectan el derecho de todos los ciudadanos a informarse oportunamente de la realidad que sucede en su estado.

La crisis de los servicios públicos ha intensificado la política restrictiva del gobierno venezolano en su afán de mantener el dominio de lo que se informa en el país.

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