Coalición Proacceso , red venezolana que agrupa a organizaciones que defienden y promueven el derecho al acceso a la información pública en Venezuela ante los hechos recientes que vulneran el contenido del derecho a la libertad de expresión manifiesta a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:
1.- La propuesta de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, de una ley contra los delitos mediáticos, es parte de una política concertada del Estado Venezolano que procura restringir ilegítimamente el contenido del derecho a la libertad de expresión.
2.- Las limitaciones establecidas en la propuesta de la Fiscal General, ya se encuentran establecidas en nuestra normativa nacional. En su lugar exigimos que el estado Venezolano avance con urgencia en la eliminación de los llamados delitos de desacato, a lo que se comprometió con la CIDH y CICC.
3.- La decisión de la Asamblea Nacional de postergar la discusión de esta propuesta, ante la falta de consenso al interior del grupo parlamentario gubernamental, solo pospuso el riesgo y así lo afirmaron varios altos funcionarios del ejecutivo nacional y diputados de la AN
4- La apertura de 240 procedimientos administrativos y los primeros resultados del procedimiento que resultó en el cese de transmisiones de 32 estaciones de radio y 2 canales de tv regionales, vulneran en derecho de acceso a información al limitar las opciones de canales de comunicación y la diversidad interpretativa, de opinión y de posiciones, que tienen los ciudadano.
5- La discriminación en los procedimientos mencionados, en contra de medios de tendencias editoriales independientes,críticos o de oposición a la gestión gubernamental y con impulso y apoyo medios “socialistas” o simpatizantes con los intereses del ejecutivo nacional, es una decisión que apunta con éxito a la política de hegemonía comunicacional, opuesta a la diversidad y tolerancia democrática.
6.- Las propuestas estatales se realizan en contra de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el contenido de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, cuyas garantías fueron soberanamente asumidas por el Estado Venezolano.
7. Contrario a las obligaciones asumidas por el Estado con la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997, las organizaciones que trabajan por la transparencia, el derecho a la información pública de calidad, confiable, oportuna y completa, cuentan cada vez con menos canales de comunicación para llegar a la comunidad.
8.- Resaltamos la importancia del derecho de acceso a la información pública en un país democrático, por lo que cualquier restricción trae graves consecuencias para todos los ciudadanos y su derecho a estar informados.
9.- Exhortamos a las autoridades del Estado venezolano a que sus políticas se ajusten a los compromisos y garantías que deben al conjunto de la sociedad venezolana y por tanto ajustar sus iniciativas legislativas y procedimientos a lo establecido en la jurisprudencia y doctrina del derecho internacional de los derechos humanos.
10.- Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales mantener la vigilancia sobre el comportamiento del Estado venezolano, y exigir a gobiernos y organizaciones multilaterales el estricto apego a lo establecido en los tratados, convenios internacionales de derechos humanos y su primacía sobre otros intereses de naturaleza comercial, económica y/o política.
Caracas, 13 de agosto de 2009
Suscriben:
Colegio Nacional de Periodistas (CNP) , Espacio Público, Transparencia Venezuela , Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos (INVESP), Grupo Social CESAP
