El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) citó este 21 de septiembre, al coordinador regional de Monitor Salud, Pablo Zambrano, quien presume sea por la visita que hizo al Hospital J.M. de los Ríos y denunciar la crisis hospitalaria.
La información la dio a conocer su hijo Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas, quien compartió en redes sociales una fotografía de la boleta de citación, que proviene de la División de Investigación y Protección en materia del Niño, Niña, Adolescente, Mujer y Familia.
«Ante estos atropellos hacemos un llamado a toda la clase trabajadora a estar atentos a las acciones a realizar. Denunciar la crisis hospitalaria no es un delito. El verdadero delito es pretender silenciarnos en vez de abocarse a atender estos problemas que atentan contra la vida de los pacientes y trabajadores», señaló en el tuit.
En este sentido, Pablo Zambrano, en entrevista a Espacio Público, explicó que sospecha que la citación proviene de la visita realizada al J.M. de los Ríos en la que tuvieron inconvenientes para que les dejaran entrar: «La peor crisis sanitaria es la que estamos viviendo en este momento. No sé si esto será un amedrentamiento, mañana sabré, asistiré para saber cuál es la situación, porque como no la debo, no la temo. Nosotros lo que hemos hecho es luchar por el beneficio de los trabajadores».
Trabajadores de la salud bajo amenaza
El sector salud ha sido uno de los gremios más golpeados en los últimos años. Teniendo condiciones de trabajo deplorables en la que no tienen insumos suficientes para atender a los pacientes y los salarios que reciben no les alcanza para cubrir sus necesidades.
Esta situación ha provocado que múltiples personas del sector denuncien para mejorar esta realidad. Sin embargo, desde el Estado se le ha perseguido a estas voces para callarlas.
Recientemente, la enfermera Ada Macuare fue acusada de “instigación al odio” por exigir mejoras salariales y vacunas para todas las personas en el ambulatorio Alí Romero Briceño de Barcelona, estado Anzoátegui. Actualmente está bajo régimen de presentación cada 30 días.
La inconstitucional “ley contra el odio” ha sido utilizada para perseguir a los trabajadores de la salud. Dentro de un total de 60 víctimas identificadas en estos tres años en Espacio Público, los principales afectados han sido los trabajadores públicos y de la salud con dieciocho (18) casos.
