El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú exige a las autoridades venezolanas la liberación inmediata de Pedro Hernández Oropeza, estudiante de esta casa de estudios, quien fue privado de libertad como consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión.
Pedro Hernández ha sido un defensor de derechos humanos y activista político quien ha mantenido un discurso crítico al gobierno nacional en Barquisimeto, y más recientemente en Aroa, Estado Yaracuy. Durante la madrugada del miércoles 8 de junio de 2016, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron en su residencia en Aroa con el objetivo de detenerlo. Los oficiales no tenían orden de detención y no se encontraban persiguiendo a Pedro por ningún acto de flagrancia. Al ingresar a la residencia mantuvieron una actitud hostil, agrediendo físicamente a Pedro y a sus familiares, incluyendo a su madre. El día martes 7 de junio se registraron hechos de saqueo y violencia en Aroa, por los cuales se le atribuyó responsabilidad a Pedro Hernández, a pesar de que en ningún momento participó en tales actos ni promovió los mismos en ninguna de sus expresiones verbales o por redes sociales.
El Ministerio Público señala que Pedro Hernández a través de su cuenta de twitter @HernandezoPedro promovió los hechos violentos al publicar fotografías e información sobre los eventos que estaban ocurriendo en la zona. El 10 de junio, el Tribunal de Control otorgó medida cautelar sustitutiva de libertad a Hernández solicitando dos fiadores personales como requisito para su liberación. Los fiadores fueron presentados el día lunes 13 de junio, sin embargo a la fecha no se ha efectuado la misma.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 19 que ninguna persona puede ser molestada a causa de sus opiniones. El derecho a la libertad de expresión incluye no sólo el derecho a transmitir ideas, informaciones y opiniones que agraden al gobierno, sino también aquellas que lo critiquen y resulten incómodas y chocantes. La privación de libertad de una persona como consecuencia de sus opiniones críticas al gobierno atentan severamente contra la libertad de expresión y el derecho a la libertad personal.
En este caso, se evidencia claramente que Pedro Hernández fue detenido de forma arbitraria como consecuencia de sus opiniones políticas y su postura crítica al gobierno nacional. No existen evidencias de que Hernández haya estado vinculado en forma alguna con los saqueos y hechos de violencia que ocurrieron en Aroa, ni que su discurso haya en forma alguna incitado a los mismos. Su detención constituye así una violación tanto a su derecho a la libertad personal e integridad física como a su libertad de expresión.
En este sentido, exigimos a las autoridades:
1. Liberar de forma inmediata a Pedro Hernández, dictando el sobreseimiento de su causa.
2. Abstenerse de ejercer actos de hostigamiento o agresión contra Pedro Hernández como consecuencia de sus opiniones.
3. Garantizar que Pedro Hernández y demás activistas políticos y defensores de derechos humanos puedan ejercer libremente su libertad de expresión sin temor a represalias.
Cabudare, 20 de junio de 2016.
