El 13 de agosto de 2009 periodistas de la Cadena Capriles realizaron una protesta pacífica en la cual exigían que se cumpliera su derecho a la libertad de expresión a propósito de la Ley Orgánica de Educación, que en ese momento se discutía en la Asamblea Nacional. En esta manifestación, un grupo de personas, algunos trabajadores de Ávila TV y otros de la Fundación Simón Rodríguez, agredieron a 12 periodistas con golpes, patadas y palazos. Fernando Peñalver, quien sufrió una fractura craneal y Usbaldo Arrieta, con una fractura del tabique nasal, resultaron los más afectados.
El Ministerio Público logró recoger evidencias suficientes para determinar los responsables: en un expediente con más de mil quinientas páginas, constan declaraciones de numerosos testigos, fotografías y videos en donde están identificados los responsables. Sin embargo, esta investigación fue infructuosa.
El 18 de agosto de 2009, el entonces Presidente de la República Hugo Chávez, dio declaraciones en las cuales aseguró que los periodistas agredidos habían provocado la situación porque estaban participando en una actividad política. El expediente estuvo extraviado durante los siguientes tres años, reapareciendo en el año 2012.
A finales de 2012, luego de un plazo concedido por el Tribunal, el Ministerio Público presentó un escrito de acusación en el cual señaló a tres presuntos responsables. El 08 de julio de 2013 se efectuó la audiencia preliminar, en la cual el Juez debía admitir la acusación para pasar a la etapa de juicio. Sin embargo el Juez determinó que la acusación tenía algunos defectos, ya que no mostraba una relación suficientemente clara de los crímenes concretos que había hecho cada responsable. El Tribunal concedió 14 días para que el Ministerio Público arreglara el documento.
El Ministerio Público no presentó un nuevo documento corregido según las indicaciones del Juez, esta omisión llevó a que el Tribunal decretara el sobreseimiento del caso, decisión que podrá ser apelada en los próximos días.
Después de cuatro años, las agresiones contra los periodistas de la Cadena Capriles queden impunes, situación que se hace común en Venezuela y se evidencia que la justicia dista del alcance de quienes la necesitan.
