Los defensores de derechos humanos y miembros de la ONG FundaREDES pasaron a fase de juicio este jueves 9 de diciembre, y quedan privados de libertad Javier Tarazona y Larry Osorio, mientras que Omar de Dios García y José Rafael Tarazona continuarán bajo régimen de presentación.
Así lo informó el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, a través de un vídeo publicado en Twitter:
“#9Dic 4:12 PM Finaliza audiencia preliminar de los defensores de derechos humanos de @FundaREDES_. Todos pasan a juicio y quedan privados de libertad Larry Osorio y @javiertarazona y @jtaraz01 y @omardediossiguen bajo cautelares”. publicó. 1
El abogado explicó que esta actuación es totalmente arbitraria y que no existen elementos que jurídicamente permitan esta decisión, además indicó que ejercerán los recursos correspondientes para revertir esta decisión.
Esta audiencia preliminar se da luego de ser diferida en 13 oportunidades desde la detención de los activistas el 2 de julio de 2021, cuando acudieron a la Fiscalía del municipio Coro, en el estado Falcón, a denunciar que eran víctimas de acoso y persecución de funcionarios de la policía regional y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Fundaredes es una organización no gubernamental que desde hace 19 años se ha dedicado a la creación de redes de activistas que impulsan la cultura preventiva, la participación ciudadana, la promoción y defensa de los derechos humanos.
Durante su trayectoria han documentado y visibilizado las operaciones de secuestro, contrabando, extorsión, narcotráfico y reclutamiento de menores realizados por guerrillas de origen colombiano Ejército de Liberación Nacional y células disidentes del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos mundialmente señalados como terroristas y que permanecen en nuestro país. 2
Para 2018 la ONG denunció que las Fuerzas Armadas de Venezuela estaban apoyando al Ejército de Liberación Nacional (ELN), facilitándole el ingreso al país, armamento y la posibilidad de interactuar con las comunidades en el estado Táchira mediante la distribución de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
Además, han denunciado que desde el Estado se facilitan las actividades criminales de contrabando, narcotráfico, cultivo de droga, secuestro, extorsión, apropiación de tierras, minería ilegal, desplazamientos, pistas clandestinas y trabajos forzosos en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas y Bolívar.
También, durante los enfrentamientos de Apure de 2021, Fundaredes ofreció varias actualizaciones y denuncias, ya que existen relaciones entre funcionarios del Estado y estos grupos guerrilleros, y se estaban cometiendo violaciones masivas de los derechos humanos contra los civiles
Por esta razón, a los activistas el Ministerio Público los acusa de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima asamblea nacional constituyente aseguró que estas «acusaciones públicas sin ningún fundamento» constituyen «acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional». 3
Desde su detención, a Javier Tarazona se le ha negado atención médica de calidad. El activista tiene problemas cardiovasculares y arritmias cardiacas permanentes, a ese cuadro clínico se suma su reclusión en las celdas del Sebin, lo que ha empeorado su condición.
La criminalización a personas defensoras de derechos humanos y a trabajadores humanitarios ha aumentado durante el último año, durante el mes de octubre, el Centro para los Defensores y la Justicia contabilizó 73 ataques contra activistas, caracterizados por la estigmatización, intimidación y hostigamiento, y la amenaza. 4
La política de criminalización, represión y control social limitan la operatividad de las organizaciones. Los Estados tienen la responsabilidad de respetar los DDHH y proteger a quienes los defienden. Exigimos la liberación de los activistas de FundaREDES y el respeto al derecho de defender derechos humanos así como de denunciar por diversas vías irregularidades que atentan contra las personas y el país.
Referencias
