Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, acusó a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García, activistas de Fundaredes, de emitir señalamientos públicos sin fundamento sobre los vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este martes, 6 de julio.
Saab aseguró que estas «acusaciones públicas sin ningún fundamento» constituyen «acciones de incitación al odio contra las máximas autoridades del país y pretenden crear una matriz de opinión negativa a nivel internacional», declarando además que «este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental».
Los tres activistas fueron imputados por la presunta comisión de delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo.
Saab negó que estuvieran secuestrados o desaparecidos, como denunciaron familiares y abogados.
«Había ocurrido una detención acordada por un tribunal y de manera paralela había actuado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cumpliéndose con todas las formalidades de ley. Estas personas fueron presentadas ante los órganos judiciales correspondientes», explicó Saab.
Aseguró que los equipos telefónicos incautados, a los a los defensores de derechos humanos, mostraban evidencia de que las acciones que realizaban eran planificadas por agentes externos que pretenden la desestabilización del régimen y la paz del país: «Todo ello con la finalidad de que Venezuela sea catalogada a nivel internacional como un Estado promotor del terrorismo».
La detención
Recordemos que Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar García fueron detenidos el pasado viernes 2 de julio en el estado Falcón y están recluidos en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, conocido como La Planta, en El Paraíso, Caracas.
Denunciar no es delito
Ejercer la defensa de los Derechos Humanos es un derecho derivado del mismo concepto de los DDHH como derechos exigibles ante los Estados. Por esta razón, no es posible entender esta labor de otra manera que no sea en el marco de la defensa de los DDHH de todos, sin exclusiones de ninguna clase y cuidando siempre el respeto a la dignidad de cada persona sin importar sus circunstancias.
Los Estados tienen la responsabilidad de respetar los DDHH y proteger a quienes los defienden. Cuando fallan, es responsabilidad de la comunidad internacional ejercer las denuncias correspondientes y procurar su protección.
Como parte de la sociedad civil, los defensores de DDHH deben gozar de libertades para reunirse o manifestar pacíficamente, asociarse y formar organizaciones o grupos no gubernamentales, afiliarse o participar en ellos, comunicarse con otras organizaciones pares o intergubernamentales, además de solicitar, recibir y utilizar recursos financieros con el objeto de llevar adelante su trabajo y participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los DDHH.
Los activistas de Fundaredes tienen el derecho de ejercer la labor de defensa, con libertad y sin obstáculos y no deben ser perseguidos por ello.
