ONU reitera su preocupación ante criminalización de periodistas en Venezuela

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Las violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela volvieron a ser expuestas ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) este 5 de julio, durante la presentación del último informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El informe, expuesto en el 53° período de sesiones del Consejo de DD. HH. de la ONU, abarcó hechos y acontecimientos relacionados con derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, el Estado de derecho y el espacio cívico comprendidos entre el 1° de mayo de 2022 y el 30 de abril de este año.

La Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH) instó al Estado venezolano a investigar “con prontitud, independencia, imparcialidad y eficacia” las denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la integridad de las personas, la libertad y la prohibición de la tortura.

“Venezuela debe adoptar medidas para prevenir, mitigar y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, y asegurar la participación significativa, inclusiva y vial de los actores, para garantizar el pleno disfrute del espacio cívico”, asegura el informe. 

En representación de Civicus y Espacio Público, la coordinadora del Observatorio Social, Marysabel Rodríguez, reiteró que en Venezuela “continúa la persecución hacia quienes critiquen a las autoridades”, y destacó los casos de Leonardo Azócar, Daniel Romero y otros 20 trabajadores de la empresa estatal SIDOR procesados y procesadas por ejercer el derecho a huelga.

“Desde el año pasado, 19 personas fueron perseguidas bajo la ‘ley contra el odio’. Desde el año 2017, hay un total de 83 víctimas de esta ‘ley’. El hostigamiento judicial continúa tras la excarcelación. Los procesos penales no culminan; a través de medidas cautelares excesivas e ilegales se sostiene la criminalización”, dijo Rodríguez.

Recordó los casos de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes con dos años detenido y acusado de ‘traición a la patria, terrorismo e instigación al odio’, y Ana Belén Tovar, exgerente de Venmedios procesada desde 2019 por una publicación con información de interés público sobre un alto funcionario, cuya audiencia fue diferida 11 veces en cuatro años y sin pruebas algunas.

Marysabel Rodríguez, defensora de DD. HH., dijo que “la incertidumbre regulatoria sobre los medios de comunicación es un mecanismo de control”, que facilitó el cierre de 81 emisoras en 2022 y de al menos cinco en lo que va de 2023. A eso se suman los cierres de programas informativos y de opinión por presiones gubernamentales, los apagones que limitan la operatividad de medios y los bloqueos de medios digitales. 

“Exhortamos al Consejo a mantener su atención sobre Venezuela y preguntamos al Alto Comisionado qué debería hacer el Consejo para evitar nuevas restricciones, que socavan las garantías para futuros procesos electorales”, cuestionó Rodríguez, en representación de Civicus y Espacio Público.

Libertad de expresión amenazada

En el informe, el ACNUDH documentó el cierre de 16 emisoras de radio en todo el país entre mayo de 2022 y abril de 2023. En la mayoría de los casos de cierres, las emisoras carecían de los permisos correspondientes por falta de renovación o prórroga y tenían dificultades para obtenerlos por sus costos, falta de respuesta o por la negativa de las autoridades a completar los procedimientos.

El Alto Comisionado también registró el bloqueo de 44 páginas web, incluidos medios de comunicación nacionales (29) e internacionales (cuatro), organizaciones de la sociedad civil (tres), servicios digitales en línea (cinco) y servicios de privacidad (tres). Los bloqueos fueron hechos por proveedores de internet privados y del Estado, sin orden formal ni notificaciones. 

El ACNUDH reiteró su preocupación por la aplicación generalizada de la inconstitucional normativa contra el odio para criminalizar y deslegitimar la labor de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y ciudadanía en general, quienes son acusadas o procesadas de incitación al odio o de instigación pública por expresar opiniones contrarias al poder. 

En total, la oficina de la ONU documentó nueve casos y un total de 32 víctimas acusadas y/o procesadas por “delitos” tipificados en la normativa vigente desde 2017 y promulgada por la ilegal asamblea nacional constituyente. 

Obstáculos a la libre asociación y el trabajo humanitario

El ACNUDH destacó que en el período que abarca el informe se convocaron manifestaciones en todo el país, en exigencia de derechos económicos, sociales y culturales, que derivaron en cercos al derecho a la libertad de asamblea y asociación, como la detención de tres trabajadores y otras siete personas por participar en protestas laborales en Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur), acusadas de conspiración, instigación e incitación al odio.

La oficina de la ONU alertó sobre la legislación restrictiva que ha adelantado, en el último año, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista que podría obstaculizar las actividades humanitarias y de la sociedad civil. La ley antisociedad (propuesta en mayo de 2022) y la ley antiong suponen “nuevas restricciones indebidas y nuevas regulaciones para las organizaciones de la sociedad civil”. 

“La multiplicidad de registros obligatorios puede constituir un obstáculo para el libre ejercicio de sus actividades y representar una restricción indebida del derecho a la libertad de asociación”, asegura el ACNUDH, refiriéndose a los procedimientos de registro preexistentes como el Registro Único de Sujetos Obligados (RUSO) y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN).

De igual forma, el Alto Comisionado siguió documentando restricciones al espacio cívico que limitan la labor de organizaciones de la sociedad civil. En total, registró 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 de estigmatización en redes sociales o emisiones públicas por parte de funcionarios del Estado y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres.

Recomendaciones de ACNUDH

La Oficina del Alto Comisionado instó al Estado venezolano a adoptar medidas para prevenir, mitigar, y sancionar todo ataque, intimidación y criminalización de personas con voces consideradas disidentes, así como garantizar el pleno disfrute del espacio cívico en Venezuela. También llamó a Venezuela, entre otras recomendaciones, a:

  • Elaborar y adoptar un protocolo sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales y dirigentes sindicales y laborales en situación de riesgo, así como tomar medidas para poner fin a los actos de estigmatización en su contra por parte de funcionarios públicos. 
  • Revisar la legislación sobre interceptación de comunicaciones y recopilación y uso de datos personales para garantizar el cumplimiento del derecho a la privacidad.
  • Establecer un plan de regularización que permita a las emisoras de radio acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones que garanticen la pluralidad informativa y la seguridad jurídica.
  • Establecer mecanismos para garantizar respuestas oportunas a las solicitudes de información pública de la sociedad civil;

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