Durante el año 2018 se documentaron 387 casos/situaciones que sumaron 608 denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión. Estos datos ubican al 2018 como el segundo periodo con mayor cantidad de casos, al desplazar al 2014 que registró 350 situaciones en un tiempo de alta conflictividad social y política.
Los 387 casos en su mayoría corresponden al impedimento de cobertura en la calle a través del desalojo, las detenciones arbitrarias, y enfrentamientos que algunas veces escalan en agresiones, se sostienen como patrón regular, con especial incidencia en coyunturas.
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En mayo se llevó a cabo un acto electoral convocado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, evento que no cumplió con las condiciones básicas para un proceso libre, universal, auténtico y democrático; esto recrudeció el panorama de la crisis política, empeoró la situación social y económica, ante la ausencia de condiciones y voluntad política para la ejecución de medidas correctivas eficientes. En agosto se aplicaron medidas económicas por parte del Ejecutivo Nacional: un aumento salarial del 5.900%, lo que se tradujo en el cierre de empresas por la incapacidad de pagar los sueldos, entre ellos al menos 12 medios de comunicación.
Exponer los alcances de la crisis tiene un alto costo para los funcionarios y trabajadores que denuncian la situación. Unas 52 personas del sector público fueron detenidas o retenidas, 23 de estos funcionarios, en su mayoría militares de la Guardia Nacional Bolivariana, 18 son empleados(as) de diferentes entes y 10 laboran en el sector salud. Lo que representa el 40% del total de detenidos(as) por ejercer su derecho a la libertad de expresión en 2018.
La incidencia de manifestaciones y reclamos, en especial en entidades públicas: hospitales, industria eléctrica y petrolera e instituciones administrativas ha sido reprimida por los cuerpos de seguridad, trabajadores públicos de mayor jerarquía e incluso grupos de civiles armados que actúan bajo la abierta omisión de las fuerzas de seguridad durante movilizaciones o protestas. 130 personas fueron detenidas o retenidas en su intento por buscar, recibir o difundir información o ideas durante el año 2018; el 40% (52) acumula a personas que laboran en el sector público, entre empleados, funcionarios y trabajadores de la salud, el 36% (47) son periodistas o reporteros durante coberturas informativas.
Al menos 72 personas que laboran en la administración pública a diversos niveles fueron perseguidas, amenazadas, hostigadas e incluso detenidas por exponer sus denuncias y dejar en evidencia la precariedad de los servicios públicos de gestión gubernamental.
La censura estuvo vinculada al cese de circulación de impresos por escasez de insumos, impedimento de cobertura por parte de funcionarios, en especial durante manifestaciones públicas, exhortos y sanciones por parte de Conatel, así como ataques cibernéticos y bloqueos a sitios web.
El año 2018 cerró con la salida de circulación de forma indefinida de al menos 25 medios impresos. De estos, 10 cesaron ante la imposibilidad de sostener sueldos tras la adopción de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo el 20 de agosto. La agudización de la escasez de papel prensa, la crisis económica existente y más recientemente las medidas de aumento salarial, trajeron como consecuencia que suman diez los estados del país sin periódicos: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Monagas, Portuguesa, Sucre y Trujillo.
Espacio Público también documentó 42 acciones (entre bloqueos y ataques informáticos) contra sitios web, medios digitales y cuentas personales de redes sociales, se registraron entre enero y diciembre de 2018. Del total de afectados (24), el 58% (14) fueron sitios informativos, entre ellos El Nacional Web, La Patilla, Punto de Corte, Crónica.Uno, Tal Cual, Armado.Info, Mérida Digital y El Pitazo, cuyo acceso fue bloqueado por la operadora pública Cantv, al igual que las páginas de contenido sexual Youporn, PornHub, Xvideos.
Asimismo, la operadora pública bloqueó el acceso a Tor, una red de comunicación anónima que sirve para evadir bloqueos. En estos últimos casos se trató de bloqueos por dirección IP, una nueva modalidad en relación a los patrones previos que implica un mayor nivel de sofisticación de cara a impedir el acceso y libre circulación de información.
Otro patrón frecuente en línea fueron las detenciones por publicaciones en redes sociales las cuales estuvieron vinculadas a contenidos que son de acceso público, opiniones o información que cuestionan al gobierno o revelan datos sobre la crisis social, económica y política que atraviesa el país. En total se registraron diez casos con 24 personas detenidas por el uso de redes sociales, la mayoría por publicaciones en Twitter y Facebook.
La violencia institucional promovida desde todos los sectores del poder aplaude el uso de insultos, descalificaciones contra la prensa ubicándola como adversario político; son frecuentes las amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 56 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
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El Día de la Libertad de Prensa se celebra todos los 3 de mayo en el marco de la recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la Unesco que, desde 1993, reconoce a la prensa independiente como un componente esencial de toda sociedad democrática y un derecho humano fundamental. Es la oportunidad de recordar la importancia del periodismo en la vida democrática y como instrumento para alcanzar la dignidad de todas las personas.
