Desde marzo de este año hemos registrado varios casos de hackeos a cuentas en Twitter de personalidades del gobierno como Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y Diosdado Cabello; así como a páginas web gubernamentales como el portal de la Alcaldía de Baruta y otros sitios de empresas o grupos oficialistas. a continuación una cronología de los casos.
El Director de Comunicación de la Asamblea Nacional, Ricardo Durán, calificó de “operadora política de la derecha para entorpecer los trabajos comunicacionales de la AN” a la periodista Maru Morales, trabajadora de El Nacional. Las declaraciones difamatorias de este funcionario fueron recogidas por el sitio web de la Asamblea Nacional y en el programa “La Hojilla” transmitido por el canal 8 de la televisión gubernamental y tuvieron una importante repercusión en redes sociales.
El Director de Comunicación de la Asamblea Nacional, Ricardo Durán, calificó de “operadora política de la derecha para entorpecer los trabajos comunicacionales de la AN” a la periodista Maru Morales, trabajadora de El Nacional. El pasado 07 de mayo Morales escribió un artículo sobre nuevas restricciones de circulación de la prensa en el edificio administrativo de la Asamblea Nacional José María Vargas, basándose en las declaraciones de la jefa de relaciones públicas de la AN adjunta a Durán, Yasiret Yerena.
Guillermo Baena, bloguero, empezó a recibir llamadas amenazantes el 20 de marzo, la primera fue a su casa: “aproximadamente tres días después de (publicar) mi tercer o cuarto artículo, que se llama La ilegal candidatura de Nicolás Maduro”. Posteriormente ha recibido al menos una llamada por semana a su casa o a su celular, con amenazas e insultos en nombre de “los defensores de la revolución”.
En el período estudiado, se registraron 169 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión e información. En el total de casos se
El pasado 03 de mayo la caricaturista Rayma Suprani denunció en rueda de prensa que el borrador de la querella para abrir un proceso penal en su contra, “pasó a manos de la directiva de Pdvsa para ser aprobada e introducida ante el TSJ”, medida también dirigida contra el periodista Nelson Bocaranda. Se le acusa de haber puesto en descrédito a la estatal petrolera venezolana y a sus trabajadores a través de una caricatura publicada el nueve de abril del presente año.
Un trabajador de PDV Comunal denuncia que están obligando a los empleados a firmar, bajo amenaza de despido, un documento dirigido a la Fiscal General
a cronología de la situación de libertad de expresión en Venezuela contiene una narración día a día de los casos que Espacio Público documentó, comunicados
El pasado primero de Mayo la periodista María Gabriela Rondón, corresponsal de Venevisión en el estado Anzoátegui, fue agredida verbalmente mientras cubría la marcha opositora convocada por el Día del trabajador. Denunció que mientras entrevistaba a Gustavo Marcano, coordinador regional del comando Simón Bolívar, “un señor que al parecer es de AD, que se llama Román Marcano, llegó gritándonos que éramos chavistas, que nos fuéramos de ahí, que no necesitaban que los cubriéramos”.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta en el “Día mundial de la Libertad de Prensa”, ARTÍCULO XIII, informe regional sobre la regulación de medios en Latinoamérica. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones de la sociedad civil para mostrar el estado actual de la libertad de expresión en 16 países de las Américas.
248 violaciones a la libertad de expresión en 2012
2 mayo, 2013
En el año 2012 Espacio Público registró 169 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión e información, lo que se traduce en 248 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión e información. Adicionalmente se documentaron 51 ataques informáticos, que mayoritariamente constituyeron violaciones a la privacidad y usurpación de cuentas en redes sociales.
La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta en el “Día mundial de la Libertad de Prensa”, ARTÍCULO XIII, informe regional sobre la regulación de medios en Latinoamérica. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones de la sociedad civil para mostrar el estado actual de la libertad de expresión en 16 países de las Américas.
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