El pasado año 2012, se realizaron elecciones nacionales y de gobernaciones con un contexto restrictivo para las garantías para la libertad de expresión. Una tendencia consecuente con el patrón que establece una relación directa entre el aumento de los ataques a la libertad de expresión y la realización de elecciones. Es decir en los tiempos en que el Estado está obligado a mayores garantías para la libertad de expresión aumentan los atropellos.
Gráfico de restricciones a la libertad de expresión en años electorales
Las violaciones y el número de casos registran un aumento sostenido en el 3 últimos años y el 2012 es el segundo año en el número de casos después del año 2009, que el año en se realizó el referendo aprobatorio de la enmienda constitucional. El año 2012, registramos 248 violaciones a la libertad de expresión en un total de 169 casos, ello evidencia un incremento de 22% con respecto al año anterior en el mismo lapso cuando se registraron l39 casos.
Los tipos de denuncia o patrones de violaciones registrados con mayor frecuencia, fueron: Agresión (24,6%), Intimidación (22.5%) y Censura (21.3%). De igual forma, persiste la existencia de un patrón de descalificaciones, insultos y amenazas hacia los medios de comunicación y periodistas que ejercen su labor de manera independiente o que son críticos a la gestión gubernamental. Estas descalificaciones son sistemáticamente difundidas en los medios gubernamentales y también por parte de altos funcionarios públicos.
Por otra parte, el responsable directo del 61% de las violaciones a la libertad de expresión documentadas, es el Estado Venezolano. Un fenómeno evidente es el proceso de expansión de los ámbitos restrictivo desde la capital hacía las regiones. En los estados aumentan significativamente el número de casos y se percibe de manera más directa las inhibiciones y el menor vigor en el debate público. Así el número de los casos en Barinas (15 casos), Carabobo (13 casos) y Monagas (11casos) superó los 10 casos para cada estado.
Igualmente en el transcurso del año 2012, observamos una recurrente violación a la privacidad de las comunicaciones electrónicas que afectaron a numerosos activistas de derechos humanos, personalidades, políticos, periodistas y usuarios en general. La usurpación de identidades, la intervención de correos electrónicos, la impunidad recurrente y la divulgación de mensajes en los medios públicos se convirtió en hecho que violentó simultáneamente la privacidad y el derecho a libertad de expresión.
Las cuentas en redes sociales constituyen medios de comunicación personales y al mismo tiempo tienen una importante audiencia que recurre a ellos ante la percepción de una información afectada por las barreras que se construyen desde el poder político.
Las evidencias apuntan a que estas intervenciones eran ordenadas por los servicios de inteligencia del Estado venezolano y se colocaban al servicio de prácticas políticas ilegales del partido de gobierno. La omisión de Ministerio Público es una práctica inexcusable lo que contribuye a fortalecer las evidencias de esa relación entre estos hechos y determinados intereses políticos partidarios.
La descripción de lo acontecido en el año 2012, muestra las políticas restrictivas que pretenden imponerse desde el poder político y al mismo tiempo la voluntad de seguir comunicando que mantienen medios y periodistas venezolanos. Es la historia cotidiana del pulso que vive la sociedad entre la diversidad natural de la democracia y la monotonía del pensamiento único.
