Situación general del derecho a la libertad de expresión e información enero – abril 2023

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En el primer cuatrimestre del año se registraron al menos 55 casos, que se traducen en 108 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Este número constituye una disminución del 20% con relación al número de casos y del 18% con respecto al total de denuncias recibidas en el primer cuatrimestre del año anterior. Si bien la disminución entre un periodo y otro es significativa, las restricciones al ejercicio del derecho siguen siendo una constante. De esta forma se documentaron 15 casos en enero, 16 en febrero, 16 en marzo y 8 en abril.


Durante este periodo, las denuncias por censura (26) ocuparon el primer lugar, sumando un cuarto del total de denuncias. Seguidas de cerca por las denuncias de intimidación (22), de amenaza (16), de hostigamiento judicial (12). Las violaciones menos registradas fueron el hostigamiento verbal (11), las restricciones administrativas (10), la agresión (7) y el ataque (1).

Gráfico 1. Denuncias de violaciones por tipo.

Fallas eléctricas e interrupciones del servicio a internet

El precario estado del sistema eléctrico y de telecomunicaciones del país ha afectado la posibilidad de buscar, recibir y difundir información en tiempo real. En tal sentido, las constantes interrupciones del servicio de internet constituyen una violación indirecta al derecho a la libertad de expresión. En el primer cuatrimestre esta situación se registró en al menos 17 oportunidades, afectando a habitantes y medios de comunicación de todas las regiones del país. 

  • El 5 de febrero, usuarios reportaron fallas eléctricas en varias regiones del país, entre ellas Zulia y Mérida (al occidente), Aragua y Carabobo (zona central), Altos Mirandinos y Caracas. Dichas interrupciones afectaron la conectividad a internet durante varias horas.
  • El 21 de marzo, la empresa Digitel presentó una falla masiva a nivel nacional que redujo su conectividad a 0%. El incidente inició a las seis de la tarde, según reportes en redes sociales, y la organización Ve Sin Filtro estimó que se prolongó durante más de dos horas y media.
  • El 27 de abril, una falla eléctrica generó una caída de conexión a la red durante 7 horas, en los estados Barinas, Trujillo y Táchira. 

Intimidaciones y amenazas

Los impedimentos a periodistas, reporteros (as) y fotógrafos (as) durante el ejercicio de sus funciones sumaron al menos 17 registros. En estos casos, los principales victimarios fueron los cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios de instituciones, quienes prohibieron o limitaron coberturas periodísticas en lugares como centros de salud y protestas de trabajadores públicos. 

  • Funcionarios policiales y militares del Estado impidieron el paso de periodistas y personal de prensa a una protesta laboral de trabajadores de la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que se realizaba el 12 de enero en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Los periodistas Pableysa Ostos, corresponsal en Bolívar del medio La Patilla, y Carlos Suniaga, de El Pitazo, VPITV y Unión Radio documentaron en sus redes sociales cuando los funcionarios no los dejaron pasar para registrar lo que ocurría. Ostos describió que en las dos primeras alcabalas les dejaron avanzar al mostrar sus credenciales, pero en la tercera, la policía del municipio Caroní les impidió el paso y tuvieron que tomar un desvío.
  • Un vigilante del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas, intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango al impedirles que ingresaran al centro de salud pública para hacer una cobertura periodística. Civira, periodista de El Periódico de Monagas y corresponsal de La Patilla, explicó que luego de que ambos reporteros cubrieron una pauta en la Unidad de Infectología, afuera del centro de salud, los periodistas querían buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares. “Cuando íbamos a pasar a buscar informaciones, el vigilante que estaba allí, primero le preguntó a los milicianos si podíamos pasar (…) y me dijo que no podíamos pasar porque los periodistas no teníamos permitida la entrada”, detalló Piñango, corresponsal en la entidad del medio Radio Fe y Alegría Noticias.
  • Un funcionario de la Policía del estado Trujillo intimidó a las periodistas Mayra Linares, de VPITV, y Yuliana Palmar, de Diario Los Andes al impedir que grabaran y dieran cobertura a un hecho que ocurrió en el municipio Motatán de la entidad. Linares contó a Espacio Público que estaban cubriendo el ataque con granada a la vivienda de un productor en la parroquia Jalisco. Al principio, las reporteras se alejaron un poco del área del suceso, a solicitud de los funcionarios, pero al rato uno de ellos, de apellido Briceño, se les acercó y les dijo que tenían que retirarse. “No nos permitía terminar de grabar. Yo estaba terminando de grabar y el policía llegó a impedírmelo, mandó a poner un perímetro”, dijo Linares. El funcionario de PoliTrujillo les dijo que no podían estar en la zona por razones de seguridad, aunque la periodista cuenta que dentro de las viviendas cercanas al suceso había personas. “Lo que no querían era que estuviéramos los medios”, aseguró.

Por su parte, las denuncias por amenazas fueron las terceras más frecuentes, sumando al menos 16 registros. Los señalamientos directos hacia individuos por difundir opiniones o contenido noticioso constituyen una violación directa al derecho a la libertad de expresión, fomentan la autocensura y vulneran el derecho que tienen la ciudadanía de informarse oportunamente.

  • El 28 de febrero en el estado Bolívar, la alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth García, amenazó con ejercer acciones legales en contra de seis periodistas que cubrieron una protesta de familiares de pacientes que fallecieron durante la pandemia en el hospital Dr. Gervasio Vera Custodio, y que fueron atendidos por su exdirector. Entre los periodistas que hicieron cobertura a la protesta de familiares se encontraban Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa, entre otros. Carlos Suniaga, de El Pitazo, y Pableysa Ostos, de La Patilla, cubrieron el caso de forma remota.
  • El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Carlos Pacheco, insultó y amenazó con agredir físicamente al periodista Miguel Salazar por hacer denuncias en sus redes sociales sobre el caso de presunta corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA). Salazar publicó en su canal de TikTok, Las Verdades de Miguel, un video en el que opinaba sobre el caso en PDVSA y mencionó que “detrás de Hugbel Roa”, exdiputado oficialista detenido por el escándalo de corrupción, están “Ricardo González, (Pedro) Carvajalino, Pacheco, entre otros”.

Víctimas y victimarios

Las principales víctimas durante el primer cuatrimestre de 2023 fueron periodistas y reporteros (39), la ciudadanía en general (17), medios de comunicación (9), trabajadores públicos (6) y particulares (5). Con respecto al género de las víctimas, 65% de estas fueron masculinas y 35% femeninas.

Las instituciones del Estado (23), funcionarios (as) (20), cuerpos de seguridad (7), desconocidos (4) y atacantes informáticos (3) fueron los victimarios con mayor número de registros. Cabe destacar, que el 56% de las situaciones se registraron en internet, mientras que las regiones geográficas con más casos fueron Trujillo, Bolívar, Lara y Monagas.

  • Un fiscal del Ministerio Público y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron a la casa del periodista José Gregorio Meza, editor de El Nacional, y lo llevaron a declarar por unos trabajos de investigación que publicó el medio. El propio Meza informó a través de sus redes personales cuando el fiscal y el CICPC se presentaron en su residencia en Guatire, estado Miranda. Afirmó que, hasta el momento de la publicación, le habían dicho que el proceso era “solo investigación” y que lo llevaban para declarar sobre trabajos que publicó El Nacional. El presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dijo en su cuenta de Twitter que, junto con él, cuatro periodistas más fueron citados por el Ministerio Público. Una fuente, que solicitó mantenerse en anonimato, agregó que fueron citadas las periodistas Alba Sánchez e Hilda Lugo y la gerente de recursos humanos del medio, Virginia Núñez.
  • Diosdado Cabello hostigó verbalmente al periodista y director del portal informativo, Alberto News, Alberto Rodríguez Palencia, a quien calificó como “palangrista” en su programa de TV “Con el mazo dando”. “Esto es un nuevo ataque a la libertad de expresión, a los periodistas, y a los trabajadores de la prensa que sufren la persecución, hostigamiento y somos puestos al escarnio ante la opinión pública por quienes manejan el poder en Venezuela”, expresó Rodríguez a Espacio Público.

Marco metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

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