Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela 2011

En el transcurso del año 2011 se registraron 139 casos con 224[1] denuncias de violaciones a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 16 % con respecto al año anterior, cuando se registraron 194 violaciones. El promedio acumulado del período 2002-2011 es de 201 violaciones por año y la cifra registrada en el año 2011 está entre las 3 más altas desde el año 2002. El promedio de casos por semana alcanzó la cifra de 4.3 casos con denuncias de violación a la libertad de expresión.

Cuadro 1: Total de denuncias de violaciones a la libertad de expresión por año (2002-2012)

Desde el año 2002 hasta diciembre de 2011, registramos un total de 2011 denuncias con violaciones al contenido de la libertad de expresión. El mayor número se registró en el año 2004 (referendo revocatorio) y le siguen los años 2009 (283) y 2011 (224). Los casos asociados a la censura registran una tendencia creciente y en los años 2009 y 2010 se observa un aumento relevante en comparación a los años anteriores. La tendencia vinculada a las agresiones mantiene una línea creciente y sostenida en el período mencionado.

Los datos sistematizados del registro de casos nos indica la persistencia de una política restrictiva que requiere el concurso de diversas instancias y poderes públicos. Las características de esta política están marcadas por la construcción de una aceptación o legitimación de las restricciones en el ámbito público; la aplicación selectiva de las restricciones y construcción de una plataforma de medios propia o de aliados que sea funcional a los intereses de la élite política gobernante.

La existencia de medios independientes, críticos y de oposición parece estar amenazada por las dificultades que deben enfrentar para mantener sus líneas editoriales. Algunos de los mecanismos que se aplican son de difícil documentación pues se amparan en dispositivos que estimulan la autocensura: ausencia y mecanismos discrecionales de distribución de publicidad oficial; presiones a los anunciantes privados; aplicación focalizada de procedimientos administrativos y judiciales; persecución y hostigamiento a empresas relacionadas a los propietarios de los medios; y descalificación sistemática en los medios gubernamentales.

Los meses con mayor recurrencia en los casos fueron el mes de agosto con 18 (13 %); abril con 14 (10%) y los meses de febrero y mayo con 13 y 14 respectivamente (9% y 10 % cada uno). Resalta la recurrencia de casos en el mes de agosto, que es un mes de asueto vacacional en el que usualmente se registraba una disminución en el vigor del debate. Por segundo año consecutivo registramos que los meses de considerados vacacionales son momentos que se utilizan para aplicar medidas restrictivas.

Cuadro 2: Casos con denuncias de  violaciones a la libertad por mes de enero- diciembre 2011[2]

Los tipos de denuncias o patrones de violaciones registradas con mayor recurrencia fueron Agresión (25,9%), Intimidación (21,9%) y Amenaza (17,9%) lo que implica que en el año 2011 hubo un incremento de hechos violentos contra periodistas con respecto al año 2010 en el que las restricciones con mayor reiteración fueron la Censura (26,9 %), Agresiones (23,8 %) y el Hostigamiento judicial (15,5%). Comparando el número de agresiones desde año 2002, el 2011 se sitúa como el año con más agresiones a periodistas en los últimos diez años.[3] La descalificación pública contra medios y periodistas se mantiene, a la vez que se observa un aumento de las restricciones administrativas por encima de la mera amenaza verbalizada.

Cuadro 3: Violaciones a la libertad de expresión por tipo 2011

El año estudiado se sitúa con el mayor número de agresiones en los últimos diez años. De igual modo las Restricciones Administrativas han superado el  mayor índice en la última década. En lo que respecta al hostigamiento verbal y judicial, la tendencia pone de relieve que es una restricción que se ha hecho cada vez más habitual y va en crecimiento. La Agresión, la Censura y la Amenaza, conforman el 45% de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela

La característica sustantiva de los casos de agresiones y ataques a periodistas y medios es la impunidad. La omisión estatal enmarcada en una continuada descalificación por parte de altos funcionarios y a través del Sistema nacional de medios públicos (SNMP) configura un patrón recurrente en la situación venezolana. La percepción generalizada que desestima la denuncia por su escasa eficacia para alcanzar la justicia y reparar el daño contribuye al desaliento de las víctimas. Por otra parte las denuncias realizadas son en una mayoría abrumadora desestimadas en la fase inicial del proceso por parte del propio Ministerio Público.

La ausencia de justicia en los casos de agresiones y ataques, legitima de hecho la violencia contra los periodistas y medios. Ello contribuye en la percepción subjetiva de riesgo que igualmente incide negativamente en el desempeño del rol que la comunicación debe cumplir en una sociedad democrática. La impunidad contribuye con la naturalización de la violencia y ello constituye un desafío adicional para el conjunto de la sociedad que requiere de los medios para alimentar el debate público. Por ello es importante subrayar los pocos casos en los que la voluntad de justicia por parte de las víctimas se impone ante los dispositivos de la impunidad.

En un único caso registrado en el transcurso del año 2011, se produjo una sentencia contra el agresor de una periodista. El 23.07.11 el Tribunal Tercero de Control de El Tigre, a cargo de la doctora Eliana Rodulfo, condenó a Erick Rodríguez a 6 meses de prisión, por las lesiones causadas a la periodista Sara Vargas García –herida en la mano izquierda- durante la cobertura del proceso electoral de diputados a la Asamblea Nacional, el día 26.11.10.Pese a que Rodríguez admitió los hechos de agresión física a Vargas y el defensor público Kenneth Makinson solicitó a la jueza a cargo la suspensión condicional del proceso y el procedimiento de admisión de los hechos, basándose en los artículos 42 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal, esta medida no procedió, dada la presencia de conductas delictivas previas al hecho por parte del imputado. Se impuso una condena de 6 meses de prisión.

Cuadro 4: Violaciones a la libertad de expresión por victimario 2011

El 63% del total de violaciones a la libertad de expresión son realizadas instituciones del Estado. Los principales victimarios denunciados son los Cuerpos de seguridad (17%), Organismos Administrativos (14%) y los denominados Hackers (11%).  El segundo lugar que ocupan los organismos administrativos indica que en el año 2011, registramos un aumento de las restricciones asociadas a la aplicación de normas ilegitimas que son restrictivas de la libertad de expresión, ello demuestra la concurrencia de las instituciones públicas en la aplicación de un patrón que atenta contra las garantías de este derecho en el orden interno.

Gráfico 1: Tipo de victimarios 2011

Los victimarios son sustancialmente organismos públicos (62%), aunque se mantienen los terceros en un 32%. Esto indica que las más de 3 de cada 4 casos con denuncias de violaciones a la libertad de expresión son responsabilidad de victimarios ubicados directamente en la institucionalidad pública

El Distrito Capital (51) se mantiene como la locación en donde suceden el mayor número de violaciones a la libertad de expresión con el 36,7% de los casos registrados. Se infiere que ello se debe a que en la Capital se encuentran las sedes de las principales instituciones del país, sumado a que los medios nacionales más importantes también tienen su sede en Caracas. Llama la atención que Barinas (11) se encuentre en segundo lugar como el estado con más violaciones, las cuales en su mayoría llevadas a cabo por actuación de los cuerpos de seguridad y funcionarios públicos del estado. El tercer lugar lo ocupan los estados Miranda y Aragua (9 y 8 respectivamente).

Cuadro 5: Violaciones a la libertad de expresión por Estado

En el caso de las agresiones tienen como factor común que se producen durante la cobertura de manifestaciones de calle, en las que los periodistas son agredidos por los cuerpos de seguridad que están presentes en estos eventos, o grupos de choque que se apersonan en el lugar para evitar que se lleve a cabo el trabajo reporteril. El año estudiado se caracterizó por una frecuencia de este tipo de agresiones sobre todo al momento de captar las  protestas de personas damnificadas en los que los cuerpos de seguridad restringían la cobertura de este tipo de manifestaciones públicas a los reporteros. En 80 ocasiones las víctimas fueron periodistas.

Cuadro 6: Violaciones a la libertad de expresión por profesión  2011

A pesar de que el sexo masculino presenta mayor porcentaje de agredidos, el monitoreo no evidencia que el sexo de las víctimas incida sobre el número de agresiones. Se observa que para el año 2011 el número de mujeres periodistas que sufrieron agresiones físicas aumentó con respecto al 2010 en que se contaron 37 agresiones a mujeres que representó el 36% del total. A lo largo del desarrollo continuo de los monitoreos realizados, se ha podido constatar que la condición que otorga mayor vulnerabilidad al periodista es la visibilidad o posibilidad de ser identificado como tal, es decir, reporteros gráficos, equipo técnico, reporteros con micrófonos con logo del medio, esto tiene mayor incidencia en las agresiones que las consideraciones de género.

Cuadro 7: Violaciones a la libertad de expresión por sexo 2011

Ataques y Agresiones

Las agresiones constituyeron el patrón con mayor recurrencia en el año y la mayor cifra desde el año 2002.  El año 2011 registramos 58 agresiones; en el año 2004 documentamos 54; y en el año 2008; 52.  Ello nos indica que las agresiones son un patrón creciente y que el factor diferenciador es que ahora la mayoría de los victimarios son actores estatales.

En el caso de las agresiones tienen como factor común que se producen durante la cobertura de manifestaciones de calle, en las que los periodistas son agredidos por los cuerpos de seguridad que están presentes en estos eventos, o grupos de choque que se apersonan en el lugar para evitar que se lleve a cabo el trabajo reporteril. El año estudiado se caracterizó por una frecuencia de este tipo de agresiones sobre todo al momento de captar las protestas de personas damnificadas en los que los cuerpos de seguridad restringían la cobertura de este tipo de manifestaciones públicas a los reporteros.

En muchas oportunidades se restringió la posibilidad de realizar la cobertura de eventos públicos a periodistas que laboran en medios considerados de oposición por parte de los funcionarios. Este tipo de situaciones redujo la posibilidad de una cobertura periodística que refleje la diversidad de perspectivas y por tanto limita a las personas de información contrastada.

El 11.01.2011, la periodista Luisa Álvarez, fue agredida por la presidenta saliente de la Cámara Municipal de Vargas, Miriam González, durante la juramentación de las autoridades del Poder Legislativo Regional. La funcionaria le propinó un golpe al rostro de la periodista, el cual le produjo un hematoma en el pómulo y un rasguño en la córnea. El acontecimiento ocurre porque la concejala González, se rehusaba a que la periodista tomara nota de sus declaraciones. “Tú no me recoges información porque eres una traidora” expresó González[4].

Carmen Elisa Pecorrelli, periodista de Globovisión, fue agredida física y verbalmente, junto a su camarógrafo, Alejandro Ledo, el día 19.02.2011, mientras cubrían las quejas de algunos vecinos de Maracay, los cuales fueron afectados por la explosión ocurrida en Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Según declaraciones del equipo, una cuadrilla de trabajadores de la gobernación del estado Aragua se acercó al lugar, profiriendo golpes e insultos en su contra, llegando incluso a amenazarlos con agredirlos con un arma de fuego[5].

Luis Perozo, periodista del diario El Impulso, fue golpeado en la cara, por una persona identificada con el gobierno durante la cobertura de la interpelación de la presidenta de HidroLara, Adriana Díaz, en el Concejo Municipal de Palavecino, el día 22.02.2011. El comunicadorfue empujado y golpeado en medio de la trifulca entre partidarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Partido Patria para Todos (PPT) mientras fotografiaba los acontecimientos entre los manifestantes[6].

El día 28.03.2011, La periodista de Globovisión, Lorena Cañas, fue agredida por efectivos de la Policía del estado Bolívar, durante la cobertura del proceso de excarcelación de Carlos Chancellor, ex alcalde del municipio Sifontes. Cañas indicó que el efectivo policial estaba identificado como C. López, placa número 2085, quien agredió a su camarógrafo, decomisó los equipos de grabación y lo detuvo en una de las patrullas. Ante esta situación, la periodista intervino y fue golpeada en la cara y la espalda, lo cual le causó contusiones múltiples en el área lumbar y cervical, así como una excoriación en el labio superior[7].

El día 5.07.2011, José Altuve, reportero gráfico de la alcaldía de Caracas, fue agredido por policías de inteligencia que lo detuvieron y borraron unas fotografías que registró durante una concentración de estudiantes en la capital del país. Altuve cubría la negociación entre un dirigente estudiantil y la policía para retirarse de la manifestación en apoyo a una huelga de hambre de sus familiares detenidos en prisión. El fotógrafo relató que un sujeto no identificado bajó de un vehículo y forcejeó con él para quitarle su cámara, lo arrojó al suelo y, encapuchado, lo trasladaron a dos sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), donde también habían llevado a algunos estudiantes de la manifestación. Antes de liberarlo, los policías borraron sus fotografías y nunca le explicaron el motivo de su detención[8].

El día 31.07.2011, un grupo armado perpetró un atentado a tiros contra Vive Televisión, en Maracaibo (Zulia), la sede del canal de televisión fue atacada con disparos por sujetos desconocidos, quienes se encontraban a bordo de una camioneta marca Jeep Cherokee, color blanco, sin placa y con vidrios ahumados. En el ataque, resultaron heridos un funcionario de la policía de San Francisco y un oficial de seguridad del canal. Ricardo Márquez, presidente de Vive Tv indicó “estos sujetos tenían un objeto claro, esto no es una equivocación, es un hecho premeditado, no hubo ninguna intención de robo, buscaban poner en riesgo la vida de un trabajador de Vive”, este hecho ocurrió cuando un equipo de prensa se disponía realizar una pauta, en el incidente no resultaron periodistas lesionados. Los heridos fueron Gustavo Ceballo, funcionario de la policía de San Francisco y el Sargento Mayor de Tercera retirado José Brito, oficial de seguridad de Vive[9].

Carlos Sánchez, periodista de Fe y Alegría, fue agredido el día 1.08.2011, en horas de la tarde del mencionado día, luego de que tres desconocidos se lo llevaran del centro de la ciudad cuando se dirigía a su residencia. Los agresores explicaron que en la emisora se estaba hablando de más, por lo que lo golpearon en el abdomen y lo ruletearon por diversas zonas de la ciudad de Maracaibo. De igual manera, los sujetos los despojaron de sus pertenencias y luego lo abandonaron en la vía Las Tuberías de la parroquia Idelfonso Vásquez, al noroeste de Maracaibo[10].

Mientras cubría una rueda de prensa en la mañana del 2.08.2011, el periodista de la gobernación del estado Trujillo, Hernán Araujo, sufrió agresiones por parte del director del Ministerio de Ambiente de ese estado, ExharBalza, en presencia de diferentes autoridades del estado. En un principio, el director del ministerio de Ambiente le increpó al periodista sobre anteriores acusaciones realizadas por el comunicador donde era involucrado en casos de corrupción, a lo que este le ha contestado que las denuncias no habían sido realizadas con carácter personal y que él seguiría denunciando las irregularidades que encontrase. Acto seguido, el periodista fue forzado a entrar a un cuarto, donde Balza propinó un “cachazo” a Araujo, partiéndole la boca, para continuar con puntapiés al cuerpo y rostro del comunicador mientras este estaba en el piso. Balza también amenazó de muerte al periodista, acorde con información encontrada en el portal Aporrea.org. Seguido a este acontecimiento, el CNP Seccional Trujillo emitió un comunicado rechazando esta agresión al periodista, acotando que “los periodistas no son piñata”[11].

Oscar Tarazona, reportero del informativo El Mío fue agredido el día 3.08.2011 por funcionarios de PoliAnzoátegui, cuando salía de Editores Orientales, tras finalizar su jornada laboral.Los efectivos golpearon a Tarazona en la cabeza, “lo tiraron al suelo, lo esposaron y se lo llevaron detenido a la Zona 2”,según indica el diario “El Tiempo”, esto sin mediar palabras, luego que el reportero solicitara información sobre los motivos que tenían los agentes para revisar su vehículo, acto de cual se percató cuando salía del edificio. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad de la empresa y por sus compañeros de trabajo. Tarazona fue liberado aproximadamente media hora después, aproximadamente a las 9:30 pm. Ante este acontecimiento el Jefe de la Zona 2 de PoliAnzoátegui ofreció sus disculpas al periodista y lo exhortó a colocar la denuncia en el Ministerio Público contra los funcionarios que lo agredieron.El reportero realizó la denuncia en la Fiscalía 19 del estado Anzoátegui[12]. El día 16.08.2011, Lenin Revilla, periodista del diario regional El Nuevo Día, fue agredido por el concejal José Molleda en las inmediaciones del Circuito Judicial Penal del municipio Miranda, en el estado Falcón. Acorde con el diario Notifalcón, Revilla comentó que el concejal se acercó a él en medio de insultos, y luego le golpeó “primero en la cara y luego en la nariz”. Acto seguido, un grupo de gente les separó y otro concejal le dijo que “Esos golpes estaban anunciados”. La denuncia fue realizada en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la ciudad de Coro[13].

Amenazas y Hostigamiento

El patrón de amenazas[14]constituyó el tercero en recurrencia luego de las relativas a las agresiones (58) y la intimidación (49). Este patrón constituye junto con la violencia con medios y periodistas una estrategia que contribuye a la inhibición en la cobertura de temas de interés público. Las amenazas contra periodistas recurren a los mecanismos tradicionales asociados a las comunicaciones telefónicas o mensajes vía sms, pero igualmente utilizan otras herramientas novedosas vinculadas a las redes sociales, como Twitter o Facebock

El día 20.01.2011, El periodista, Nilo Jiménez, secretario de Reporteros Gráfico del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) declaró, que ha sido amenazado en varias oportunidades por la recopilación fotográfica de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela que realiza con motivo del 65° aniversario de la organización. La primera denuncia de Jiménez fue el pasado 27 de diciembre, por una llamada en la que un individuo no identificado, le exige que deje de recopilar información o se arrepentiría. Ahora el mismo sujeto con tono agresivo e insultos le advierte que como consecuencia a su labor para la publicación del libro le tenían una sorpresa que afectaría a Jiménez o a su familia[15].

El día 24.01.2011, La caricaturista del diario El Universal, RaymaSuprani, fue amenazada de muerte presuntamente por Lina Ron (@LinaNRonUPV) a través de su cuenta Twitter por la publicación que realizó sobre la noticia del cable de Internet a Cuba. Rayma recibió tres mensajes amenazantes entre ellos: “Esa soga t la vamos a poner a tí X apátrida, X pitiyanqui, Xdesleal a Vzla y X Coñoemadre. !Viva Chávez-3099 !”, así se refleja a través de su cuenta Twitter[16].

Laura Domínguez, periodista de Globovisión, fue amenazada de muerte el día 26.04.2011, vía telefónica y por sms, si continuaba en la cobertura de una serie de irregularidades en el área de la salud en el estado Trujillo, durante las cuales previamente su equipo había sido objeto de agresiones, resultando en daños fuertes al camarógrafo y sus instrumentos. Laura Domínguez, denunció haber sido víctima de amenazas por parte del jefe de personal de Fundasalud, y del directivo del Sindicato Bolivariano de la Salud, Geovani Pinto en el estado Trujillo, luego de haber publicado un reportaje a cerca de aplicación de vacunas del AH1N1 probablemente vencidas y por la contaminación del área pediátrica del Hospital Pedro Emilio Carrillo. Los implicados fueron denunciados, pero rápidamente fueron movidos de sus puestos de trabajo, de manera que no recibieron las citaciones pertinentes a las acusaciones en su contra por agresión[17].

El día 18.05.2011, Funcionarios de Fundacaracas, notificaron al diario El Nuevo País, su intención de expropiar galpones, pertenecientes al medio, con la finalidad de ubicar en éstos a grupos de familias damnificadas. Luego de que un grupo de personas impidieran la entrada a los galpones, como apoyo ante la medida de posible expropiación, representantes del diario aseguraron que no es la primera vez que manifestante se concentran en la zona, sin embargo, es la primera vez que estos cuentan con el apoyo de funcionario de la Alcaldía del Municipio Libertador. El editor de El Nuevo País, Rafael Poleo, aseguró “Esto parece una medida de retaliación”, dijo Poleo en una breve conversación telefónica al diario El Nuevo Herald. “Veníamos en los últimos días reportando el tema de la base de misiles iraníes. Eramos el único diario en Venezuela que lo venía haciendo”[18].

En el marco del hostigamiento judicial reseñamos que el día 2.08.2011, el Tribunal 9 ° de control del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Denisse Bocanegra, dictó medida privativa de libertad contra el exdirector del semanario 6to Poder, Leocenis García, a quien responsabilizó del trabajo, publicado el domingo 21 de agosto, en el que se calificaba a seis mujeres representantes de los poderes públicos y se incluía un montaje fotográfico que las mostraba como tales. El dictamen del tribunal ordena la medida privativa de libertad contra el periodista, quien permanecerá recluido en la sede de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (Sebin), durante el tiempo que dure la investigación[19]

El día 6.10. 2011, el Gobernador del Estado Aragua, centro del país, Rafael Isea, lanzó una serie de acusaciones contra el al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a raíz del manejo que el gremio dio través de las redes sociales, a la información sobre un intento de robo en un restaurante de una ciudad del interior, y que le costó la vida a una persona y heridas a otras tres, entre ellas una periodistas. Sobre ese hecho, la Secretaria General del CNP, AmiraMuci, emitió un comunicado en el que lamentó la situación y manifestó su preocupación por la inseguridad que prevalece en el estado, argumentando también que la institución gremial decidió pronunciarse al respecto pues los hechos ocurridos afectaron a una profesional de la comunicación. El comunicado generó malestar en Isea, para quien el CPN mintió, manipuló, no tuvo ética, y fue guiado según las directrices de los partidos políticos de derecha; y adelantó que defendería, ya en las calles, la verdad con los partidarios del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela. Consultado en octubre 2011 en http://legislaciones.item.org.uy/index?q=paises/32

El día 13.11.2011, el presidente del Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), Franklin Pérez, calificó de “irresponsable y amarillista” al diario Últimas Noticias, de circulación nacional, luego de que éste publicara un reportaje sobre fallas en el mantenimiento del sistema ferrocarril Caracas – Cúa, y anunció que el diario quedaba vetado a declaraciones por parte del organismo[20].

Intimidación

El aumento del patrón de intimidación en los eventos es significativo. En los últimos años el acceso a las fuentes de información oficiales se ha venido obstaculizando para los periodistas de los medios independientes. Desde enero hasta diciembre de 2011 se denunciaron 24 casos de este tipo de violación a la libertad de expresión.

Asimismo se ha venido incrementando un sistema de intimidación y amenaza a través de las redes sociales. Periodistas, escritores, diputados, activistas de Derechos Humanos, han sufrido ataques informáticos (hacking) a sus cuentas de la red social Twitter, en el marco de una denominada “Trinchera 2.0 de la guerra 4G”, en un comunicado de la organización que se ha conocido como N33, quienes se aducen los ataques realizados. En total para el año 2011 se registraron 24 víctimas de ataques de este tipo.

El día 3.02.2011, le fue negada la entrada a los periodistas que cubrían la sesión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional, a quienes les impidieron el acceso, permitiéndoles seguir la sesión a través de un televisor y después sin ningún motivo le quitaron el audio, alegando que era una sesión privada. Posteriormente, un trabajador del ente legislativo empujó e insultó a los comunicadores[21]

La directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Soto, el día 3.02.2011, prohibió a los periodistas y fotógrafos de la fuente legislativa seguir los debates desde el palco de invitados del salón de sesiones, medida que solo era impuesta a las cámaras de televisión. Ricardo Durán, jefe de prensa del Parlamento, indicó que los periodistas ni siquiera podrán desplazarse con libertad por los jardines del Palacio Federal Legislativo[22].

John Enders, periodista estadounidense freelance y ex corresponsal de la agencia de noticias AssociatedPress, denunció ser víctima de presiones por parte de supuestos miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El 13.02.2011, el periodista se encontraba en la ciudad de Sabaneta, en el estado Barinas, al oeste del país, cuando percibió que estaba siendo seguido y fotografiado por dos desconocidos. Enders se entrevistó después con representantes del partido opositor COPEI, quienes, al comprobar que efectivamente el periodista estaba siendo seguido, fotografiaron a los desconocidos. En ese momento, la policía apareció y les sustrajo el chip de memoria de sus cámaras fotográficas[23]

El día 21.02.2012, el periodista de Televen, Oliver Fernández, fue vetado en la Asamblea Nacional sin obtener explicación alguna sobre esta medida. El comunicador conoció a través de un mensaje de texto enviado por la asistente de Ricardo Durán, Jefe del Departamento de Prensa de la Asamblea Nacional, que su acreditación había sido cancelada. Aún cuando el canal envió una nueva solicitud de acreditación, la misma fue rechazada. El canal pidió por escrito las razones que motivaron la acción pero la petición fue negada. (Espacio Público (febrero 22, 2011). Entrevista realizada por Espacio Público / Espacio Público (2011). Periodista de Televen fue vetado en la Asamblea Nacional. Consultado en febrero 23, 2011 en http://www.espaciopublico.org/index.php/noticias/1-libertad-de-expresi/982-periodista-de-televen-fue-vetado-en-la-asamblea-nacional).

El día 23.02.2012, a Mario Rivas, Productor Nacional Independiente del programa Realidades vs Verdades en la emisora Tiempo 1200 AM se le negó la acreditación como periodista a la Asamblea Nacional, con el argumento de no estar identificado con el proceso revolucionario. La decisión le fue notificada por el Ricardo Durán, director de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional, quien enfáticamente le expresó “no tienes pinta de revolucionario” por lo cual no podría ingresar en el hemiciclo[24].

Durante el mediodía del domingo 21.08.2011, fue detenida la directora del semanario Sexto Poder, Dinora Girón, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en una operación realizada en las instalaciones del impreso, ubicadas en Plaza Venezuela. Estas acciones tienen relación con la publicación del artículo “Las Poderosas de La Revolución” el día sábado 20 de agosto en el semanario, donde se ubicaban, una por una, 6 funcionarias de peso en el gobierno nacional, haciendo analogía de sus funciones con el día a día en un cabaret. Las funcionarias mencionadas son: Blanca Eeckhout, vicepresidenta del Parlamento; Luisa Estella Morales, Presidenta del TSJ; Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo; Adelina González, Contralora suplente; Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República y la presidenta del CNE, TibisayLucena.La presidenta del TSJ junto a un grupo de mujeres militantes del oficialismo marcharon para entregar un documento en repudio a la publicación de Sexto Poder, donde afirmó que “van a tomar medidas, están tomando medidas, como mujeres que estamos dispuestas a defender nuestra dignidad. No podemos permitir este tipo de agresiones”[25].

El día 29.09.2011, Un guardaespaldas del ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez exigió los datos del periodista de Últimas Noticias, César Batiz, y le tomó fotografías luego de que el ministro se negara a responderle preguntas relacionadas a un presunto caso de corrupción. El hecho se registró en el estado Miranda. El reportero preguntó a Ramírez sobre una compra con aparentemente sobreprecio de unidades de generación eléctrica por parte de la filial de Petróleos de Venezuela, (PDVSA) Bariven, pero el ministro se incomodó. El titular de Energía y Petróleo se negó a responder, y envió a uno de sus guardaespaldas, que no se identificó, para que le exigiera los datos de Batiz además de tomarle fotografías, lo que el periodista toma como una clara señal amedrentamiento y seguimiento[26].

Censura

La censura empieza a aplicarse de tal modo que los medios, especialmente los audiovisuales reaccionan de inmediato ante los “exhortos” de Conatel. En el año 2011 se registraron 29 casos de censura y están basados en consideraciones genéricas no sustentadas y sin aplicación de proceso alguno. Por otra parte la administración del espectro radioeléctrico se utiliza discrecionalmente para la aplicación de procedimientos a algunas estaciones de radio con programas críticos o incómodos para actores políticos locales, regionales o nacionales.

El día 13.01.2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exhortó al canal Televén a suspender la transmisión de sus programas “12 Corazones” y “Chepe Fortuna” por contener imágenes que afectan la conciencia y sensibilidad de los niños. Conatel aseguró que ambas producciones recogían el mayor número de denuncias a través de su línea 0800 CONATEL y de su página Web[27].

El día 21.01.2011, la emisora Onda Costera 95.1 FM, ubicada en el estado Miranda, fue cerrada por efectivos de la Guardia Nacional, quienes irrumpieron en la emisora decomisando los equipos y cerrando las oficinas administrativas. La medida fue tomada por incurrir en supuestas provocaciones a actos irregulares[28].

El 15.02.2012, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones invitó a algunos de los principales canales de televisión del estado Zulia a evitar difundir la imagen del ex candidato presidencial Manuel Rosales, por ser éste prófugo de la justicia. Entre los canales se encuentran: Televiza, Niños Cantores del Zulia, Zuvisión, Global TV, Zuliana de TV, y de Telecolor y Tele N. La “sugerencia” fue acatada por estos canales[29].

El día 4.05.2011, fue suspendido el programa “Amaneciendo con Franklin”, transmitido por la emisora Ambiental 81 FM del estado Aragua. Su conductor y concejal por el partido Primero Justicia, Franklin Gavidia, asegura que el programa fue suspendido por orden de la alcaldesa del Municipio Linares Alcántara, pues en éste se transmitían denuncias y reclamos por parte de la población[30].

El día 28.07.2011, el periodista y locutor Henry Viola denunció que, por presiones políticas, su programa “Magazine Informativo” fue levantado, a sólo 15 días de estrenado, de radio Primerísima 98.5 FM, en el estado Barinas. El programa comenzó a emitirse el 11 de julio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, pero permaneció en el aire solo hasta el 28 de julio, porque como refirió Viola, el director encargado de la emisora le informó que “por órdenes del alto mando” no podían permitirle transmitir más[31].

El día 22.08.2011, el Juzgado Noveno de Control dictó medida cautelar innominada relativa a la prohibición de edición y distribución por cualquier medio del semanario 6to Poder. Informó el asistente del Presidente del semanario, Marcos De Acosta[32].

El día 22.08.2011, un tribunal declaró procedente la acción de amparo solicitada por Francisco Rangel Escobar, en contra de la sociedad Mercantil Editorial Aguilar C.A y Orlando Aguilar Guevara, editor del diario El Venezolano, medio de comunicación que no podrá publicar temas que afecten los intereses del grupo familiar de Rangel, hijo del gobernador del estado Bolívar donde se registraron los hechos. La decisión del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y para el Régimen Transitorio de la Circunscripción de Bolívar obedece a información publicada en el diario sobre un proceso que tiene abierto el hijo del gobernador por presunta corrupción en la fabricación de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco. De acuerdo al tribunal, el amparo busca proteger la presunción de inocencia de Rangel “sin que esto suponga una violación al derecho de la libertad de expresión” sino para no publicar información “donde puedan ser inculpados o incriminados los querellantes”[33].

Durante el día 31.10.2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) cerró la emisora Cosmopolitan 107.9FM en Valencia, ubicada en la urbanización La Viña. Aunque no precisaron los motivos, dijeron a los empleados que se trataba de un cierre temporal pero, al poco rato, otra estación denominada Frenesí, comenzó a escucharse en el mismo dial, para asombro de muchos de los que laboran en la estación que lleva más de una década al aire. La referida emisora transmite uno de los programas de mayor audiencia y de opinión política que conduce la periodista Charito Rojas y el locutor Juan José Schroedel, llamado “La Otra Noticia”. Ángel Perozo, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Carabobo, destacó que lo ocurrido es una suerte de “golpe de estado contra Cosmopolitan, debido a que se quitó una estación para colocar otra en su lugar”. Afirmó que esta es una irregularidad, porque la emisora sancionada no tenía ningún procedimiento abierto. Incluso, indicó que la semana pasada, responsables de Cosmopolitan 107.9 FM acudieron a Conatel a consignar algunos documentos, pero todo estaba al día[34].

Restricciones administrativas

La aplicación discrecional de las normas establecidas en Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos o en otros dispositivos administrativos de carácter local tuvo un aumento en comparación al año inmediato anterior. Se registraron 24 en este año 2011 en comparación a los 7 registrados en el año 2010, El caso mas emblemático lo constituyó el caso relativo a Globovisión en relación a la cobertura de los hechos de la cárcel de El rodeo.

El día 30.06.2011, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informaron sobre la apertura de otro procedimiento administrativo sancionatorio en contra de Globovisión, luego de que se realizara un monitoreo de las transmisiones del canal durante los acontecimientos ocurridos en la cárcel de El Rodeo. Según los funcionarios, el resultado fue la detección de declaraciones de periodistas en las que se incitaba a la intolerancia, la apología al odio, alteración del orden público e incitación a la zozobra. Al parecer miembros del Conatel solicitaron a directivos del canal “más equilibro en la cobertura de los hechos ocurridos en la cárcel de El Rodeo”, según declaraciones de la vicepresidenta de Globovisión, María Fernanda Flores, quien además asegura que el equilibrio informativo se perdió desde que le fue impedida la entrada a otros medios de comunicación, que no fueran oficiales, a la sede de la cárcel en el estado Miranda. (Globovisión (2011) Conatel abrió procedimiento administrativo sancionatorio contra Globovisión. Consultado en junio 30, 2011).

El día 18.10.2011, el canal de televisión Globovisión fue sido sancionado por la cantidad de 9 millones 300 mil bolívares fuertes, debido a una multa impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por la cobertura que este medio de comunicación realizó sobre los hechos ocurridos en las cárceles El Rodeo I y II. Para el establecimiento de la multa, señaló “comprobación” en el fomento de la zozobra y alteración al orden público, instigación al odio e intolerancia por razones políticas, por el tratamiento que se le dio en el medio a las reyertas en los centros penitenciarios[35].

Craqueos a cuentas en redes sociales y correos electrónicos

Desde finales del mes de agosto empezaron a registrarse casos en los que personas de trayectoria pública (escritores, periodistas, articulistas de opinión, humoristas, políticos, activistas de Derechos Humanos e incluso familiares de estas personas) fueron víctimas de la usurpación de sus identidades en las redes sociales y la afectación de la privacidad de sus comunicaciones electrónicas

A pesar de que varias de las víctimas de estos hechos hicieron la denuncia respectiva  ante el Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; estos organismos no esclarecen los hechos ni sancionan a los responsables. La impunidad ante estos reiterados hechos constituye el principal elemento que alienta la repetición de los mismos. Ello ocurre a pesar que un grupo autodenominado N33 se atribuye la autoría y responsabilidad de las usurpaciones y craqueos.

La intromisión ilegal a la correspondencia y otros sistemas informáticos viola el derecho al honor, reputación, intimidad, confidencialidad y la vida privada de las personas afectadas. Este derecho se consagra en el Artículo 48 y 60 de la Constitución Nacional, así como el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida privada, que las comunicaciones privadas sólo pueden ser interferidas por orden de un tribunal competente y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en su correspondencia.

Esta intromisión ilegal en los sistemas informáticos es directamente tipificada como delitos penales de acuerdo con la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, la cual condena el acceso, intercepción, destrucción, sabotaje, modificación, alteración, espionaje y divulgación de cualquier información privada que se encuentre en sistemas de tecnología de información. Estos delitos son severamente sancionados por esta Ley con penas privativas de libertad y multas que dependerán de la gravedad del delito cometido.

Recomendaciones

El contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su realización. La necesidad de diálogo y debate, la consideración de diversos puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación

a las comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora de la calidad de vida.

Reiteramos que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al universo de la población que reside en Venezuela.

La preeminencia de un discurso político polarizante, especialmente inducido desde el ejecutivo nacional pero al que contribuyen diversos sectores de la sociedad venezolana, que coloca a los diversos actores en un juego de enemigo o amigo intensifica el encono o animadversión, reduciendo las posibles opciones de diálogo e intercambio, especialmente entre las élites políticas, que son necesarias para la sociedad venezolana.

Es previsible que continúe el registro de discursos en contra de los medios como entes desfavorables para los intereses del país que se traducirán en la reducción de espacios para la realización de su trabajo y el sostenimiento de un entorno marcado por la hostilidad. La consecuencia más relevante pesará en la sociedad por la reducción de sus fuentes de información para la configuración de opiniones y criterios propios. La libertad de expresión es un derecho humano de vital importancia para la deliberación de la diversidad, reducir su alcance reduce la posibilidad de construir caminos certeros para superar la exclusión y la injusticia.

Las recomendaciones y exigencias que aquí se proponen insisten en la necesidad del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso por parte del Estado, en garantizar las condiciones que permitan la participación plena y crítica de los ciudadanos. De esta manera, se busca el ambiente de paz y de diálogo que pueda dar cimientos a una sociedad democrática.

Las instituciones públicas y sus funcionarios deben promover los valores democráticos que implican un claro rechazo a la violencia contra medios y periodistas, por tanto promover el debate y evitar los discursos que puedan alentar, directa o indirectamente, las agresiones o ataques contra los medios de comunicación. Prescindir de los discursos intimidantes para que todas las personas puedan expresarse sin temor a represalia alguna.

■Se propone hacer una revisión del Código Penal que contempla a las figuras de difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación de libertad. De esta manera las faltas al honor o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica.

■Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los mismos recursos del medio o periodista.

■Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos. Ello implica entre otros desafíos ajustar el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe permitirse la visita de los responsables de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos.

■Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar otras formas de participación distinta al voto, como la contraloría social, que requiere de una libertad de expresión plena de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición necesaria para la construcción del pensamiento crítico.

■Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados a servir y responder a los ciudadanos. Esta política pública debe permitir el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna, adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos suministrados.

■Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares. Especialmente deben investigarse, sancionar a los responsables y contribuir a la reparación de las muertes de los periodistas que ocurrieron por causas asociadas a su desempeño profesional.

■Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

■Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el contenido del derecho según los estándares internacionales.

■El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales, sea posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad democrática y pacífica que se desea y la institucionalidad pública cuenta con las herramientas que lo pueden hacer posible.

Marco teórico metodológico

El contenido del derecho y categorías analizadas

Este informe realiza un seguimiento de las obligaciones del Estado en la tarea de respetar y proteger el Derecho ciudadano a la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información. Por ello revisa y da cuenta de los hechos asociados a la tarea que desempeñan los profesionales del periodismo y la comunicación social. La actividad profesional asociada a este derecho tiene una dimensión individual y otra social, en la medida que el derecho a la Libertad de Expresión es un derecho individual que es propio de cualquier persona, y por ende, también de los profesionales de la comunicación; y una dimensión social por cuanto los ciudadanos también tienen derecho a conocer las versiones y opiniones que los profesionales difunden.

Para ordenar la información recabada acerca de las violaciones al derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, recurrimos a un conjunto de categorías que nos permiten agrupar la variedad de hechos observados. Estas categorías se centran en las obligaciones del Estado para el respeto y protección de los componentes del derecho en el acceso, expresión y debate. Las categorías utilizadas son las siguientes: ataque o agresión, amenaza, censura, intimidación, hostigamiento judicial, restricciones legales y hostigamiento verbal.

Los tipos de violaciones se agruparon de acuerdo a las siguientes categorías:

■ Agresión: en el caso de periodistas heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.

■ Ataque: en el caso de medios de prensa dañados o asaltados por la difusión de noticias u opiniones.

■ Amenaza: en forma personal, por teléfono, por carta u otra modalidad. Agresión a las propiedades de un periodista, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo. Ataque, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

■ Censura: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

■ Intimidación: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

■ Hostigamiento judicial: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas a revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

■ Hostigamiento verbal: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos.

■ Restricciones legales: aprobación de leyes restrictivas para la Libertad de Prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

■ Restricciones administrativas: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

■ Muerte: periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, o por motivo de éste, luego de su realización.

Variables y metodología

En la categoría de periodista incluimos a todas las personas relacionadas con la producción informativa, que resultan afectadas por hechos o incidentes que están directamente relacionados con la tarea de acopiar, analizar, redactar y difundir informaciones escritas o audiovisuales. Por ello incluimos a los conductores de los vehículos, camarógrafos, personal técnico y asistentes que están directamente involucrados en el acto comunicativo.

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas anteriormente.

Las informaciones de los distintos eventos o casos se registraron a partir de las notas aparecidas en 20 diarios de circulación nacional y regional, confirmadas en algunos casos con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos, se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El estudio comprende una introducción-resumen de los principales incidentes. Seguidamente explicamos los tipos de violaciones con algunos casos relevantes, y después detallamos de modo cronológico los principales hechos, informaciones y violaciones que ocurrieron a lo largo de todo el año o periodo de estudio, incluyendo en esta cronología los casos y eventos de los que derivan violaciones al derecho.

En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. Igualmente en un mismo caso pueden registrarse diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos.