SIP: TSJ se preocupa más por el Gobierno que por los ciudadanos

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció el 09 de diciembre en contra del fallo judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, en el que se considera secreto de estado “toda información relacionada al sector telecomunicaciones”.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, explicó que han sido “justamente los principios sobre acceso a la información con los que se enriquecieron las leyes de acceso a la información en el mundo entero”, permitiéndole a los ciudadanos solicitar las diversas informaciones sin tener “que justificar de ninguna forma para que usará la información”, al tiempo que recordó que es obligación de los gobiernos entregarla en el momento que se solicita.

Mohme, quien además es director del diario peruano La República, agregó que la sentencia termina por convertirse en una “censura judicial en contra del derecho a la información sobre asuntos de interés público”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, consideró que “este dictamen muestra la deficiencia del gobierno de Venezuela,  que cuenta con un sistema judicial que más preocupado por defender al gobierno que a hacer valer y resguardar los derechos de sus ciudadanos”.

Paolillo enfatizó que los ciudadanos venezolanos son unos de los pocos en la región latinoamericana que no tienen el derecho de solicitar información de carácter público a su Gobierno, porque éste se niega a crear una ley que haga más transparentes sus funciones administrativas y que le obligue a rendir cuentas.

La SIP destacó que la promulgación de leyes a favor del acceso a la información pública y la transparencia gubernamental ha sido una tendencia en América Latina y el Caribe en Antigua y Barbuda, Belice, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Vincent, Trinidad & Tobago y Uruguay; y resaltó que además de Venezuela, estas leyes tampoco existen en Argentina, Bolivia ni  Ecuador.

Fuentes:

Sociedad Interamericana de Prensa, 9 de diciembre de 2014, Comunicado. Recuperado el 10/12/2014 en http://goo.gl/Xg9hza

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