Este domingo 9 de febrero se cumplió un año de la detención de Rocío San Miguel, quien permanece en El Helicoide sin la atención médica que necesita. La defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental (ONG) Control Ciudadano, fue detenida y desaparecida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Vargas, norte) cuando intentaba tomar un vuelo junto con su hija.
Para este 11 de febrero, un año y dos días después de la detención de San Miguel, está pautada la audiencia para la apertura del juicio en el juzgado tercero de juicio de terrorismo. Durante este tiempo le han sido violados sus derechos: no ha podido designar a sus abogados de confianza, nunca ha recibido una visita de la defensora pública asignada y sigue sin saber cuáles son los hechos y las pruebas que ameritan su encarcelamiento y que se le siga un juicio1.
San Miguel sufrió hace seis meses una caída en la cárcel, que maneja el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y se fracturó el hombro derecho. Solo se le ha permitido ingerir analgésicos para aliviar el dolor. Según información publicada en El Nacional, recibe ayuda de quienes comparten la celda con ella para vestirse, realizar el aseo personal y comer.
En el caso de San Miguel se aplicó la Sippenhaft nazi, pues apresaron también a su hija Miranda, a su padre, Víctor Díaz Paruta, a sus hermanos, Luis Alberto y Miguel Ángel y a su exesposo, con el que no tenía ningún contacto desde hacía un año. Al momento de la audiencia preliminar, el 12 de febrero de 2024, San Miguel exigió que le defendiera su abogado de confianza.
Esta audiencia se realizó en la Dirección General de Contrainteligencia Militara (DGCIM), donde se instaló el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo. San Miguel “Exigió nombrar a abogados de su confianza. Le respondieron que no podían esperar a que se comunicara con su abogado y que se trasladara al lugar y que harían la asignación de un defensor público. Insistió en su petición de ley. Le replican que estaba entorpeciendo el normal desarrollo de lo que iban a hacer. Le hacen saber que hay la posibilidad de que su hija, el padre de ésta, y los hermanos de la activista salgan libres. Cede entonces, y designan a Yonimar Flores, defensora pública 49, para que asuma la defensa de los seis imputados”2.
Al finalizar el acto, se concretó la medida privativa de libertad contra la defensora de derechos humanos, acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y dos homicidios tentados (contra Nicolás Maduro y del gobernador Freddy Bernal). Estos delitos han sido utilizados en repetidas ocasiones para perseguir a personas que legítimamente exigen el respeto a los derechos humanos en Venezuela o que exponen ilegalidades en el ejercicio del poder político.
Además privaron de libertad al exesposo de San Miguel, Alejandro González de Canales, acusado de asociación para delinquir y revelación de secretos políticos y militares relacionados con la seguridad del Estado. Para sus otros familiares, dicaron medidas cautelares de presentación semanal en tribunales, prohibición de salida del país y de declarar a medios de comunicación.
En repetidas ocasiones San Miguel ha exigido que le designen a sus abogados de confianza y se ha negado a participar en audiencias sin contar con una defensa que se alinee con sus intereses, pues la abogada pública no se ha reunido con ella ni ha compartido detalles del caso. Sin embargo, la defensora de derechos humanos irá a juicio, en un proceso que continúa violando el debido proceso.
Rocío San Miguel sufrió en prisión una caída que le fracturó el hombro derecho, presuntamente a causa de un mareo por su laberintitis. Agentes del Sebin demoraron cuatro meses para diagnosticar la fractura, que debe ser operada con urgencia para reestablecer su movilidad y parar el dolor permanente que sufre.
Sus abogados de confianza han pedido medidas cautelares por razones humanitarias para realizar la operación y la posterior rehabilitación. A un año de su detención arbitraria, sus abogados no han podido acceder al expediente y no les han permitido asistirla legalmente. Han sido violados sus derechos a la defensa y al debido proceso. No se ha dado inicio formal del juicio.
Hace 6 meses tiene una fractura en su hombro derecho y requiere una cirugía urgente. Nos sumamos a la exigencia de que se respeten sus derechos y pedimos una medida humanitaria que le permita ser atendida y operada por médicos de su confianza.
