Al periodista argentino Jorge Lanata, del programa PPT que transmite el Canal 13, Radio Mitre y Clarín, no se le permitió la entrada a Venezuela en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas. Lanata llegó al país para cubrir el cuestionado evento electoral que definirá a los representantes gubernamentales a la Asamblea Nacional Constituyente(ANC), convocado por Nicolás Maduro y pautado para el próximo domingo 30 de julio.
En el control de migración, funcionarios rechazaron su entrada a Venezuela y fue trasladado junto a la productora Martina Perdiguero a una oficina con ocho oficiales. Allí se les notificó su inadmisibilidad en el país por no contar con la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci)1.
En Venezuela no existe una norma que limite que los periodistas internacionales entren en el país; sin embargo el Minci tiene un protocolo para acreditaciones que funciona como un mecanismo restrictivo a la prensa extranjera, ya que no responden a las solicitudes oportunamente, lo que limita el trabajo de periodistas internacionales.
Eduardo Porretti, Encargado de Negocios de la embajada argentina en Venezuela, indicó que las autoridades de migración señalaron al periodista como “inadmisible” por no cumplir con los “requisitos necesarios para desarrollar su tarea de periodista, por no tener una visa ni cumplir con los requerimientos que ellos exigen”2.
Porretti explicó que Lanata regresará a Argentina junto a dos de sus asistentes la tarde de este jueves, y aseguró que se encuentra en una zona “intermedia” del aeropuerto a la que no tuvo acceso. Además señaló que el periodista estaba incomunicado porque funcionarios le retiraron los teléfonos celulares3.
En defensa por los corresponsales extranjeros Espacio Público recuerda que la libertad de expresión implica que cualquier persona pueda transmitir informaciones, ideas y opiniones libremente, siempre que no afecte derechos de otras personas o constituya una amenaza a la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral pública. En este sentido, no puede obligarse a ningún periodista o medio de comunicación privado a ser “imparcial” o “equilibrado” con la información que transmite, toda vez que puede responder a una determinada línea editorial o puede pretender informar a un determinado sector de la población. Tampoco puede condicionarse a un periodista o medio a actuar con “veracidad” y “oportunidad”, por cuanto debe procurarse que la información y las ideas circulen libremente, y sea la sociedad quien determine la veracidad de la misma.
La CIDH ha establecido que: “Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. En este aspecto, es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios de valor. En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información. La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de interpretaciones marcadamente distintas. Por otro lado, asumiendo inclusive que sea posible determinar la verdad sobre todas las cosas, es indudable que precisamente el debate y el intercambio de ideas es el método indicado para la búsqueda de la misma y el fortalecimiento de sistemas democráticos basados en la pluralidad de ideas, opinión e información. Si de antemano se impone la necesidad de informar únicamente la verdad, precisamente se niega la posibilidad de efectuar el debate necesario para conseguirla.”4
Espacio Público señala a las autoridades venezolanas que, según la Ley de Extranjería y Migración, los trabajadores de medios de comunicación de otros países están exentos de una autorización especial de trabajo y sólo necesitan estar debidamente acreditados para cumplir sus funciones. En ningún momento se plantea en la ley la expulsión o deportación de trabajadores de la prensa por realizar su trabajo periodístico.
No es la primera vez
El día 3 de octubre de 2012, el periodista argentino Jorge Lanata fue detenido por oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) durante una hora mientras entraba a Venezuela, invitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como veedor electoral.
Posteriormente, el día 8 de octubre Jorge Lanata fue interceptado y detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Inteligencia Nacional. junto a su equipo fue llevado al sótano del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde fueron fuertemente interrogados por dos horas y despojados de sus equipos electrónicos para borrar su contenido.
Referencias
