(Caracas, 28 de septiembre) Mientras en otros países se discuten temas como la publicación o no de datos personales que induzcan a comportamientos discriminatorios, en Venezuela todavía se permite que un funcionario público se niegue a ofrecer información sobre la institución a la que presta servicios. No solo se le oculta al ciudadano información tan importante como, el registro electoral permanente, cifras de muertes registradas anualmente, recursos designados a una obra determinada, sino que las solicitudes emitidas a los organismos públicos que, constitucionalmente deben ser respondidas a los 20 días continuos, se quedan archivadas sin esperanza de que se devuelva la información requerida. Y peor aún, sin que se emita sanción alguna contra quien se niegue a responder.
La Coalición Proacceso, movimiento promotor del acceso a la información en Venezuela tiene en su historial el envío de cientos de peticiones de información pública de las cuales solo son respondidas menos del 10%. Este escenario no ha cambiado a través de los últimos años, y son muy pocas las instancias gubernamentales que han acatado el llamado de la transparencia en sus gestiones, instando a que sean los mismos ciudadanos quienes ejerzan el rol de contralor, reduciéndose así los riesgos de corrupción.
Las acciones que ejerce el Estado venezolano ratifican sistemas menos transparentes, menos necesidad de difusión y mayor discrecionalidad, muestra de ello es la creación del CESNA Centro de Estudio Situacional de la Nación el cual representa un filtro más por el cual será absorbida la información pública que debe llegar a la ciudadanía.
Esta, adicional a la aprobación de la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, son trabas que han venido obstaculizando las acciones promovidaspor organizaciones, sociedad civil y algunas individualidades que promueven el derecho a saber.
En este sentido, la Coalición Proacceso hace un llamado a la Asamblea Nacional para que se derogue, tanto el Decreto Presidencial Nº 7.454 que ratifica la creación del CESNA, como la nulidad de esta normativa aprobada en fecha 22 de octubre de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial número 382.124, ya que ambas atentan contra las libertades informativas promoviendo la opacidad y limitando la participación ciudadana.
Una Ley por el derecho a Saber
Cada 28 de septiembre se conmemora en el mundo entero el DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER, y es grato afirmar que Venezuela, este año, tiene una razón para celebrar. Aún cuando nos encontramos en una posición muy distante del resto de los países latinoamericanos, en materia de acceso a la información, estamos cada vez mas cerca de escalar hacia el eslabón de los países que cuentan con una Ley que establece parámetros de gobernabilidad basados en principios de publicidad y participación ciudadana a través de la información.
El pasado 31 de marzo fue presentado ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de diputados de la Comisión de Contraloría, quienes han participado además en diferentes actividades de promoción y consulta de este importante instrumento legal.
Muchos se preguntarán ¿qué cambiaría en el país de aprobarse una ley de este tipo? La respuesta ya se hace evidente en regiones donde han sido aprobadas leyes y ordenanzas de acceso a la información que se han venido acatando, tanto por sus gobernantes, como por sus ciudadanos. Ejemplo de ello son los municipios Maneiro, Los Salias, Chacao, Baruta, Macanao, San Diego y el área metropolitana de Caracas. Asimismo los estados Zulia, Lara, Nueva Esparta, Miranda y Anzoátegui también han discutido en sus consejos legislativos la importancia del derecho a saber.
El objetivo de un instrumento legal que regule el derecho a acceder a información, es hacer posible el control ciudadano de la gestión pública por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de los entes que ejerzan el poder público o privados que manejen obras y servicios con asignaciones del Estado.
Proacceso cuenta con capítulos en las regiones de Zulia, Mérida, Trujillo, Carabobo, Bolívar y Nueva Esparta que han venido promoviendo el ejercicio del derecho a través de actividades en conjunto con legisladores, académicos, profesionales en diversas áreas y directamente con la comunidad. Actualmente, en Carabobo, ya se tiene todo listo para la presentación de un Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública ante el Concejo Municipal Bolivariano de Valencia. De igual forma, en distintas regiones del país se estarán presentando solicitudes de información que se espera sean respondidas en el lapso establecido por ley.
Resulta cada vez más importante que la colectividad se sume a estas acciones y participe elaborando peticiones de información. Accediendo a la web www.proacceso.org.ve pueden seguirse unos sencillos pasos para la elaboración de la carta y el envío de la misma. Ser miembro de Proacceso significa comprometerse con la lucha por la defensa del derecho a saber y colaborar impulsándolo desde su ámbito de acción.
Un primer paso puede ser la difusión en twitter de nuestros mensajes por el Día del Derecho a Saber siguiendo la cuenta @proacceso y compartiendo las actividades que se estarán desarrollando en el mundo enmarcadas en la celebración de esta fecha internacional tan importante.
