Una estrategia recurrente para construir o justificar la violación de los derechos humanos es la de convertir a las víctimas en victimarios. O justificar el atropello a partir de los pretendidos abusos que realiza el atropellado. Es así como algunos justifican el abuso policial contra presuntos delincuentes y con ello abren camino a la arbitrariedad, es decir la aplicación de penas sin apelar a otro recurso que no sea el real entender del funcionario de turno. Siempre quedará en entredicho si los afectados eran inocentes.
La justicia no es la pulsión ramplona de quienes atropellan a quienes de un modo reiterado les señalan como sus enemigos, ni mucho menos la descalificación que desde una tribuna amplificada y sin deliberación posible alguna, realizan quienes se sienten por encima de cualquier persona. Ella, la justicia, es también apego a las formas que garanticen la contradicción y la posibilidad de defensa a quienes se acusan.
En Venezuela, se abusa de los juicios sumarios y de las ejecuciones en las calles, ello es lo que realmente ocurre en las calles, cuando los partidarios de cualquier confesión política arremeten violentamente contra quienes intentan contar una historia o abundar en el registro en imágenes de los hechos. La motivación siempre se asocia a una política confesional, que resulta exactamente contraria contra toda posibilidad racional de deliberación. Siempre se ataca a quienes trabajan en los medios que resultan contrarios a la idea política propia y ello enmarcado en una cobardía de patotero o en los juegos signados por el ventajismo.
Afirmar que en el ámbito de los medios o en lo relativo a la libertad de expresión no hay víctimas, ni victimarios, es apostar por la impunidad y por tanto arrimarse a la injusticia. El Estado, en su conjunto y con un adecuado mecanismo de contrapesos institucionales, debe proteger a las personas de los abusos de los funcionarios y también de los particulares. Afirmar que al final todos son demonios y por tanto se justifican los juegos reactivos, es abrir paso a la violencia y con ello a la negación de la dignidad de todas las personas. Siempre, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, es al Estado a quien corresponde investigar y sancionar a los responsables de las violaciones. Todo atropello que constituya delito debe ser contenido a través de las leyes vigentes y dentro del marco del estado de derecho.
La libertad de expresión es mucho más que la capacidad de sólo hablar, implica también la ausencia de consecuencias ulteriores o dispositivos de infamia que procuran el crimen perfecto: lograrlo con la anuencia de la víctima y sin huellas que delaten a los responsables. Todo abuso del ejercicio de la libertad que constituya delito debería ser sancionado. Todo delito tipificado en la legislación nacional debe ajustarse a los avances que se reflejan en la doctrina y derecho internacional de los Derechos Humanos. En el caso de Venezuela, todo ello es constitucionalmente protegido y por tanto el argumento de la soberanía resulta una coartada para burlarse de las instancias de protección internacional y apostar a la arbitrariedad.
La construcción de este entramado, en el caso venezolano, censura noticias, informaciones y opiniones. Afirmar que no existen noticias censuradas en nuestro país sólo es posible a partir de un cinismo exacerbado, una trinchera obsecuente, o un oportunismo ramplón. Basta observar como algunos diarios esconden la cobertura de noticias de corrupción después algunos regaños públicos, o como se censura el acceso a la casa de la deliberación política que debería ser la Asamblea Nacional, o sencillamente ya no se habla de narcotráfico y fuerzas armadas en el oriente venezolano. Todo ello por la notable influencia de la discrecional publicidad oficial, políticos que cuentan con la complicidad de antiguos periodistas devenidos en parlamentarios o la muerte impune de algunos periodistas que asomaron estos temas en columnas, artículos o medios audiovisuales.
En la tarea de construir una contención a estos hechos se inscribe este esfuerzo de documentar sistemáticamente los acontecimientos que afectan negativamente la realización de este derecho en Venezuela. Con el informe balance del año 2008, continuamos la tarea de dar seguimiento, documentar y analizar los actos contra las libertades de expresión e información. Esta cita anual se complementa con algunos estudios especiales relativos a la situación del acceso a la información pública; la penosa muerte de Orel Sambrano; los atropellos acumulados en el año 2009 en el Estado Anzoátegui; las recurrentes manifestaciones en las calles; y la cronología de los hechos del año 2008.
