PoliCojedes detuvo a dirigente de PJ tras participar en una protesta

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Funcionarios de la Policia Regional del estado Cojedes detuvieron al dirigente político del partido Primero Justicia, José Luis Ospino, luego de que acompañara una protesta en la sede de la Alcaldía del municipio Lima Blanco.

La protesta se llevó a cabo este lunes 13, cuando vecinos de distintos sectores del municipio Lima Blanco del estado Cojedes exigían la restitución del servicio de aseo urbano del cual carecen desde hace dos meses.

Ospino explicó a Espacio Público que se encontraba junto a otros vecinos exigiéndole al alcalde del municipio, Juán Mejías, respuestas sobre la situación con el camión de la basura.

“Pasada ya una hora, se presentó una comisión de la Policia Regional y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y nos pidieron que nos retiraramos amenazando con detenernos”1 contó Ospino.

El líder de PJ medió con los funcionarios para que no detuvieran a todas las personas que estaban manifestando, pero lo mantuvieron detenido en la sede de la policia de Macapo desde las 7am hasta las 2pm.

“Me quitaron el teléfono bruscamente, no me permitieron comunicarme con nadie. Pretendían presentarme ante tribunales por alteración al orden público, incitación al odio” explicó Ospino.

Derecho a manifestar

La Constitución venezolana garantiza el derecho a la protesta pacífica, por lo que nadie debería ser criminalizado, castigado o perseguido por ejercerlo.

Los derechos a la asociación y a la manifestación pacífica constituyen instrumentos necesarios para la existencia de una sociedad democrática; el libre ejercicio de este derecho representa la posibilidad que tienen los sectores sociales de expresar sus demandas y plantear alternativas para solventarlas.

Tres artículos de la Constitución avalan el derecho a reunirse, el artículo 53 establece que puede ser sin permiso previo de las autoridades, siempre y cuando sea con fines lícitos y sin armas.

El artículo 62 permite a todos los venezolanos la participación libre en los asuntos públicos y establece la obligación que tiene el Estado y la sociedad de “facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica”.

Asimismo, el artículo 68 establece que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”.

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