Funcionarios de la Policia del municipio Miranda del estado Falcón (noroeste) detuvieron y llevan adelante una política de persecución en contra de tres familiares del ciudadano Ángel Villasmil, luego de que publicara videos en la red social TikTok con acusaciones sobre ese cuerpo policial.
Villasmil detalló que el hostigamiento en su contra inició el domingo, 25 de junio, cuando recibió llamadas desde la comandancia de Polimiranda, en las que le exigían que borrara los videos.1
En vista de que no borró el contenido con las denuncias en sus redes sociales, el miércoles 28 de junio alrededor de las 5:00 p. m. sus hermanos y familiares comenzaron a ser hostigados y perseguidos por el cuerpo de seguridad municipal.1
“Mis dos hermanos estaban en sus negocios, trabajando, y se los llevaron detenidos a la sede de PoliMiranda. Les querían sembrar delitos comunes, pero había cámaras en el negocio y les tocó decir que era por los videos que subí a TikTok”, dijo Villasmil.1
Los funcionarios acusaron a los hermanos de Villasmil de ser “responsables directos también” del contenido expuesto, aunque les decomisaron los teléfonos, vaciaron información de manera ilegal y no encontraron nada que los incriminara1
A los detenidos arbitrariamente los trasladaron a la sede del Cuerpo de Investigsciones Científicas, Penales y Criminalisticas (CICPC), donde fueron finalmente liberados sin cargo alguno.1
Sin embargo, Villasmil denunció que funcionarios de PoliMiranda también llegaron a la casa de su hermana. Le quitaron el teléfono, lo revisaron y vaciaron, pero “no consiguieron absolutamente nada”, cuenta el ciudadano.1
Para hacer estas revisiones de equipos digitales personales, es imperativo que los funcionarios cuenten con una orden judicial emitida por un Tribunal; en caso contrario, es un procedimiento ilegal.
Este caso ocurrido en el estado Falcón es una muestra del patrón que mantienen funcionarios de todos los niveles del Estado al ser criticados o señalados por la ciudadanía o la prensa, así como de la impunidad bajo la cual operan.
Las violaciones del derecho de las personas a expresarse libremente son continuamente permitidas y perpetradas por el Estado venezolano, que incumple los convenios y pactos internacionales de derechos humanos que ha suscrito.
