Más de 50 días han transcurrido desde que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron en su residencia a la coordinadora nacional de Súmate y defensora de DD. HH., Nélida Sánchez, en un procedimiento irregular y violatorio del debido proceso.
Tras su audiencia de presentación el 29 de agosto, y pasados los 45 días establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para que la Fiscalía presentara los actos conclusivos de su acusación, Sánchez sigue privada de libertad con pleno desconocimiento por parte del Juez encargado a esa garantía legal.1
A través de un comunicado, la organización Súmate denunció “la opacidad con la que la administración de justicia ha llevado a cabo este caso, ya que ni el juez de control, ni la fiscalía, ni la defensa pública han informado realmente a sus familiares sobre las acciones que han acometido” a lo largo del proceso irregular en contra de Sánchez.1
En el texto, Súmate además acusa que ni Nélida Sánchez ni sus abogados privados han tenido acceso al expediente de la acusación; sus familiares solo pudieron enterarse de que en la audiencia de presentación fue acusada por dos presuntos mensajes publicados en su cuenta de X.1
Sin embargo, la fecha de emisión de ambos mensajes data del 29 de agosto, tres días después de la detención de Sánchez. Súmate describe que la madre de la defensora de DD. HH. se encontraba con ella al momento de su detención y asegura que los funcionarios del SEBIN le pidieron a Sánchez entregar su teléfono celular.1
Posteriormente, otras funcionarias la acompañaron a su casa para que les entregara otro teléfono celular y su computadora portátil. “Esto quiere decir que desde el 26 de agosto, día de su detención, no ha tenido acceso a sus dispositivos celulares y computadora, ni a las redes sociales”, afirma Súmate.1
Nélida Sánchez fue detenida cerca de un mes después de la elección presidencial en la que el Consejo Nacional Electoral anunció la victoria de Nicolás Maduro, sin cumplir con la verificación ni la publicación de los resultados detallados. El hecho condujo a masivas protestas a finales de julio e inicios de agosto y miles de detenciones arbitrarias de periodistas, activistas, defensores de DD. HH., dirigentes políticos, ciudadanas y ciudadanos (incluidos menores de edad).
La detención de Sánchez, además de carecer de elementos probatorios de su supuesto delito, violan el derecho a la presunción de inocencia y criminalizan el legítimo derecho a expresarse libremente, por todos los medios, sin temor a represalias por lo que se haya dicho o publicado.
Desde Espacio Público exigimos al Poder Judicial, a la Fiscalìa y a la Defensa Pública que garantice el derecho al debido proceso y el acceso a la información referente a la acusación y las fases del juicio. Asimismo, recordamos que expresarse e informar no es delito y que el Estado debe garantizar ese derecho conforme lo establecen la Constitución y los convenios internacionales vigentes.
