Pedro Hernández Oropeza es un defensor de derechos humanos y activista político, fue detenido arbitrariamente el día 8 de junio de 2016 luego de difundir un tweet en el cual informaba sobre los saqueos que estaban sucediendo en Aroa, Estado Yaracuy. A pesar de que el Tribunal de Control le otorgó medida cautelar sustitutiva, su detención se ha mantenido luego de declaraciones del Presidente Nicolás Maduro quien señaló que los activistas políticos detenidos eran responsables de los saqueos y tendrían “máximo castigo”.
Pedro Hernández es estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú, Estado Lara. Fue cofundador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Yacambú y ha sido aliado de Espacio Público en la promoción de la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Actualmente es activista de Voluntad Popular, Coordinador Regional de Contraloría y Acción Popular en Yaracuy.
El día martes 7 de junio se registraron hechos de saqueo y violencia en Aroa, producto de la escasez de alimentos y el descontento generalizado de la población. Ante estos hechos, Pedro Hernández, a través de su cuenta de twitter @hernandezopedro señaló:
#7Jun En Aroa, #Yaracuy, Protesta frente a centro de acopio del CLAP, se reporta saqueos y enfrentamiento con la GNB pic.twitter.com/x0GIawvoUJ
— Pedro Hernandez Ψ (@HernandezOPedro) 8 de junio de 2016
#7Jun En Aroa, #Yaracuy, Protesta frente a centro de acopio del CLAP, se reporta saqueos y enfrentamiento con la GNB pic.twitter.com/x0GIawvoUJ
— Pedro Hernandez Ψ (@HernandezOPedro) 8 de junio de 2016
Hernández en ningún momento estuvo presente en el lugar de los saqueos ni envió mensajes que en forma alguna promovieran los mismos. Durante la madrugada del miércoles 8 de junio, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana llegaron a su residencia en Aroa con el objetivo de detenerlo. Los oficiales no llevaron orden de detención ni se encontraban persiguiéndolo producto de algún hecho de flagrancia. Al entrar en su casa actuaron de forma violenta, agrediendo a sus familiares y a Hernández para llevárselo detenido. Fueron detenidos un total de 27 personas esa misma noche, entre ellos Anselmo Castillo de Avanzada Progresista, Manuela Hinojosa de Primero Justicia, Carlos Hernández Oropeza y Juan Carlos Sánchez Hernández.
El día 9 de junio, el Gobernador de Yaracuy, Julio León, en rueda de prensa, responsabilizó a miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la planificación y ejecución de los hechos de saqueo y violencia ocurridos. En sus declaraciones señaló que: “Un grupo de personas dirigidas por la mal llamada MUD, de esa oposición fascista y violenta no solo estuvieron al frente de estos hechos, sino que además tenemos pruebas suficientes de que lo planificaron. En sus teléfonos se encontraron mensajes de texto que los involucran y vinculan directamente con estos actos terroristas”; “justo en el momento cuando el grupo de personas se acercaron al Parador y comenzaron a tumbar la cerca perimetral de este espacio que además es patrimonio del municipio, inició la avalancha de mensajes por las redes sociales en su mayoría etiquetando a personeros del grupo fascista Voluntad Popular, asimismo en los teléfonos de los detenidos se encontraron mensajes de texto donde planificaban todas las acciones que llevaron a cabo”.
El 10 de junio, los detenidos fueron presentados ante el Tribunal de Control, en donde el Ministerio Público les acusó del delito de ultraje al funcionario público, establecido en el artículo 222 del Código Penal, el cual señala que “El que de palabra u obra ofendiere de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de un miembro de la Asamblea Nacional, o de algún funcionario público, será castigado del modo que sigue, si el hecho ha tenido lugar en su presencia y con motivo de sus funciones: 1. Si la ofensa se ha dirigido contra algún agente de la fuerza pública, con prisión de uno a tres meses. 2. Si la ofensa se ha dirigido contra un miembro de la Asamblea Nacional o algún funcionario público, con prisión de un mes a un año, según la categoría de dichas personas”.
El Ministerio Público no presentó prueba alguna de la vinculación de los detenidos con los hechos de violencia ni con ofensa o ultrajes a los funcionarios públicos. En la audiencia se le otorgó medida cautelar sustitutiva de privación de libertad a todos los detenidos, bajo la condición de presentar dos fiadores para cada uno de ellos. El lunes 13 de junio se presentaron los fiadores junto con toda la documentación necesaria los trámites.
El 16 de junio, luego de hechos de saqueo y violencia que se suscitaron en Cumaná, Estado Sucre, el Presidente Nicolás Maduro, en cadena nacional de radio y televisión acusó a Voluntad Popular y a Primero Justicia de ser responsables de los saqueos: “Los sectores armados y violentos de la derecha y vinculados a Voluntad Popular y Primero Justicia en varios estados del país, tenemos las pruebas están presos los autores directos de la violencia bachaqueril que llevaron a saqueos en Cumaná y en otros lugares, se volvieron locos”; “Le pido al Ministerio Público y al Poder Judicial máximo castigo a todos estos criminales que han permitido incendiar lo más hermoso que tiene Venezuela que es su paz”.
Luego de estas declaraciones el Tribunal de Control detuvo los trámites de revisión de los fiadores y ha retrasado injustificadamente la liberación de Hernández y el resto de las personas detenidas.
Las condiciones de detención no reúnen los requisitos mínimos para mantener el buen estado de salud de los privados de libertad. No tienen acceso a agua potable ni a baños, lo cual ha ocasionado que todos tengan escabiosis. Además, Anselmo Castillo requiere una operación de riñón de urgencia y carece de atención médica o de permiso para acudir a realizarse la cirugía.
