El diputado oficialista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, intimidó e insultó públicamente en su programa que se transmite por el canal del Estado a periodistas de la fuente de política que cubren a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, de mayoría opositora.
A través de la red social X (antes Twitter), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que Cabello “calificó de tarifados” a los periodistas que integran un grupo de WhatsApp en el que están con el equipo de prensa de la AN-2015. Además, el diputado hizo públicos los mensajes de los periodistas, vulnerando su privacidad.
Los mensajes privados que leyó el vicepresidente del PSUV “habrían sido extraídos de manera irregular”, denunció en X el Observatorio de Internet VE sin Filtro, una vulneración a la privacidad que comprueba lo revelado en 2022 por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, de la ONU.
La Misión determinó que organismos de seguridad como la DGCIM cuentan con direcciones específicas que “se encargan de la vigilancia, entre otras modalidades, mediante la interceptación de las comunicaciones, incluidos los correos electrónicos y los sistemas de mensajería instantánea, incluso sin orden judicial”.
El informe explica que, en ciertos casos, “las órdenes procedían de un grupo de actores políticos de alto nivel”, entre los que se encuentran Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
Los principales objetivos de esas interceptaciones ilegales, dado que se hicieron sin órdenes judiciales, fueron políticos de oposición, activistas sociales, líderes estudiantiles y periodistas, según reveló el informe en 2022.
Los actos de intimidación y hostigamiento hacia periodistas por parte de funcionarios públicos y líderes del oficialismo ponen en riesgo la integridad física y mental de periodistas, dado que dan pie a que sean acosados y hostigados continuamente en redes sociales.
Además, en ocasiones anteriores, los señalamientos de Cabello han provocado detenciones arbitrarias y actos de persecución a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos con el gobierno.
